y/o los episodios específicos que han marcado ciertas bifurcaciones en la trayectoria del capitalismo durante el último periodo del siglo XX e inicios del XXI. En este sentido, los autores reconocen los atributos más relevantes que caracterizan el sistema económico contemporáneo y sus diferencias con un estadio anterior, proponiendo una suerte de síntesis que resulta crucial para visibilizar y comprender las tensiones que experimenta actualmente el Estado Social, al igual que para esbozar los desafíos que se plantean para su proyección a futuro.
Como podemos observar en la literatura especializada y en cada uno de los diálogos que sostuvimos con nuestros entrevistados, existe un diagnóstico común para caracterizar las transformaciones contemporáneas del capitalismo a partir de los procesos de financiarización de la economía y el intercambio global de bienes y servicios. Este proceso ha generado, como consecuencia, la desarticulación de las matrices nacionales de producción, y junto con ello, estas transformaciones económicas han disminuido los márgenes de maniobra y de legitimidad de intervención de los Estados nacionales. En este contexto, una de las preguntas cruciales del debate sobre la restructuración del Estado Social en el escenario global es cómo repensar las garantías de los derechos sociales, sabiendo que el aparato político y administrativo de derechos se ha caracterizado por estar sujeto a los márgenes que circunscriben la figura del Estado-Nación.
Al revisar las concepciones clásicas de la protección y el bienestar, desde el siglo XIX en adelante se identifica al Estado Social como un proyecto, en términos de Polanyi (Polanyi, 1994), que supuso el reemplazo de la reciprocidad tradicional y del mercado en los modelos liberales. En otras palabras, el Estado se transformó en un organizador de la responsabilidad colectiva, canalizando las funciones de la solidaridad social (Merrien, 1997).
Diversos modelos y experimentaciones pueden asociarse a este nuevo rol que adquiere el Estado, desde la tipología clásica desarrollada por Esping-Andersen2 (Esping-Andersen, 2007), hasta los modelos híbridos que aparecen en regiones no incluidas en esta clasificación, como es el caso de América Latina. Específicamente, para este continente existen propuestas de clasificación de los sistemas de protección bajo diversos criterios, entre ellos las trayectorias históricas o los grados de desarrollo (Filgueira, 2007; Mesa-Lago, 1990). Lo común para todos estos casos, sin embargo, es que la organización de dichos sistemas de bienestar se lleva a cabo a través de la configuración administrativa y del financiamiento del que disponen las matrices socioeconómicas y políticas que caracterizan a cada Estado-Nación.
Así, surgen preguntas que alimentan los debates en curso: ¿Qué desafíos supone, entonces, el diálogo entre un sistema de protección social anclado en lo nacional con un sistema económico globalizado? ¿Qué cambios se producen en la reconfiguración de la concepción de la solidaridad colectiva y en los actores implicados en los sistemas de protección? ¿Por qué, por ejemplo, las capas con mayores recursos debieran contribuir a financiar un sistema público de educación del cual no siempre se benefician? O, ¿qué tipo de estatus legal –laboral o migratorio– deben tener los individuos que se benefician del sistema público de protección social? Estas son preguntas que surgen cada vez con más ímpetu en el debate sobre las formas que debiera adoptar el Estado Social contemporáneo o sobre la universalización de los derechos, y que los autores abordaron desde diferentes perspectivas.
Las mutaciones de los actores y de las lógicas de la protección, junto a los cambios en la naturaleza del empleo, generan una des-re/estructuración de los campos de la protección y la asistencia como tradicionalmente fueron entendidos, dando paso a lo que llamamos la neo-liberalización de los Estados sociales a nivel mundial (Gough & Therborn, 2010). En este marco, el Estado instala las políticas sociales en una situación de subordinación frente a las ideas neoliberales y su dimensión económica, en función de las dinámicas de los mercados.
A diferencia de los modelos liberales tradicionales, en este nuevo escenario el Estado adopta un rol importante en tanto regulador del lugar del mercado. A pesar de que el Estado reduce su margen de administración directa de la protección y de la provisión de servicios, éste actúa como fiscalizador de los bienes públicos administrados por los privados y como organizador del esquema de prestaciones. De esta manera, lejos de convertirse en un Estado mínimo, el Estado Social neoliberal desarrolla un mercado de la protección social y de los bienes sociales, y lo dinamiza a través del financiamiento público hacia actores privados, asumiendo, además, un fuerte rol de regulador de las relaciones entre los individuos y el mercado.
En este contexto nos pareció necesario que los entrevistados aportaran al debate con sus lecturas respecto de las coyunturas que supone la neo-liberalización de los Estados sociales. Nos interesó, particularmente, explorar los flancos que, según sus opiniones, se abrirían en el debate sobre las reconfiguraciones del Estado Social en términos de los principios de justicia que se movilizan para justificar el avance del mercado o en la coordinación de la red de protección social, y qué experiencias ellos recogen para graficar los nuevos mecanismos de articulación y de regulación de la protección.
Las reconfiguraciones de lo social
Un segundo eje de análisis de este proyecto hace referencia a la reconfiguración de lo social en el escenario actual. Ello conlleva reflexionar sobre los marcos en los que se establece la vida común en las sociedades contemporáneas y sus diversas expresiones, es decir, implica interrogarse sobre las diversas maneras de construir sociedad.
El análisis de las configuraciones de lo social aborda la delimitación de los sistemas de distribución de lo común, en el espacio cotidiano y a nivel del espacio político, y en ese sentido supone tanto identificar e interpretar las modalidades de vida en común actual, como las formas de acción colectiva posibles (Rosanvallon, 2003).
En esta perspectiva surge la siguiente pregunta: ¿Cómo ha cambiado la construcción de los principios generadores de la vida en común al alero de las reconfiguraciones del capitalismo y las democracias contemporáneas?
Constatamos, además, que en este nuevo escenario la competencia generalizada se ha convertido en un mecanismo central de regulación de los lazos sociales, lo que ha provocado una refundación progresiva de los vínculos entre los individuos, de la concepción de lo común y de la vida en comunidad. Por otra parte, los cambios en la estructura del trabajo y la vida política que han sido mencionados, implican transformaciones en la vida cotidiana y doméstica de las personas, en la manera como ellos organizan sus tiempos, los espacios de recreación y sociabilidad. Esto se expresa en tensiones asociadas al cuestionamiento de los roles de género, a las desigualdades de acceso a derechos y en los mecanismos de protección de acuerdo con la pertenencia a grupos raciales o la nacionalidad.
Junto a este fenómeno observamos una fragmentación y multiplicación de los sujetos políticos, visibilizando diversas formas de opresión y luchas por el reconocimiento. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres, de las causas LGBTI+, de los movimientos indígenas o de liberación nacional. Cabe preguntarse entonces, frente a un escenario donde lo social se ha ido reconfigurando, ¿el marco en el cual se construyen las políticas sociales que tejen los esquemas del bienestar y de distribución de lo común se han ido también transformando? Y en esta eventual redefinición de los criterios de «compartir» la sociedad, de los actores y sus circunstancias, ¿qué nuevas concepciones de lo común han emergido?
Asimismo, las nuevas formas de lo social involucran necesariamente una redefinición de los problemas y fenómenos sociales contemporáneos. Por ejemplo, ¿cómo entendemos hoy la pobreza? Y ¿Qué lugar tiene en el espacio político el análisis de las desigualdades? Con el transcurso del tiempo y gracias a las nuevas distinciones generadas por el campo de la investigación especializada en este tópico, la definición tradicional asociada al capital económico del que disponen las familias se ha visto largamente superada. Por eso, interrogamos a nuestros entrevistados en cómo esto afecta el diseño de políticas, qué pasa cuando se involucran
