otro. Así también varía el número de personas cercanas a la línea de la pobreza, que frente a eventos de riesgo en distintos momentos de la vida pueden descender rápidamente en la estratificación social. Los cambios de ciclo político, que amenazan los logros sociales en materia de acceso a derechos sociales y protección, no ayudan a estabilizar a este grupo socio-económico, lo que contribuye a actualizar el debate en curso.
Pese a los frutos en el bienestar de los individuos que desencadenaron los procesos de democratización y crecimiento económico que experimentó la región, y a la construcción de un nuevo horizonte de expectativas, éste se ha visto tensionado por las desigualdades estructurales del continente. Las élites son más heterogéneas que décadas atrás, sin embargo, este grupo aún minoritario es quien más se ha beneficiado del crecimiento y acumula las ventajas sociales, por lo que la nueva clase media emergente vio rápidamente limitada sus expectativas de consolidación y movilidad. De este modo, para la gran mayoría, y en especial para las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes sin calificación, el modelo de desarrollo sigue beneficiando a las élites nacionales y alimentando un continente tremendamente injusto (Hardy, 2014).
En este escenario, si bien se constatan avances en materia de derechos, de bienestar material, de acceso a bienes y servicios, y un mayor poder de consumo, se observa además un crecimiento económico a ritmos desiguales, que repercute en un sentimiento de democratización y desarrollo inconclusos. El debate en torno a los derechos sociales y al rol del Estado Social en la mediación con el mercado, se posiciona de manera tanto contingente como apremiante. En este momento de debate global sobre las formas de Estado Social, ¿qué modelos son pertinentes para la realidad de América Latina? ¿Desde dónde podemos pensar el futuro del Estado Social en la región?
Las reflexiones que sostienen nuestros entrevistados sobre el presente y el futuro de la protección de los ciudadanos, los derechos sociales y la institucionalidad del bienestar dan luces y plantean diversos desafíos para la región. Entre ellos quisiéramos hacer hincapié, en primer lugar, en la necesidad de avanzar desde las políticas sociales para las necesidades básicas hacia políticas con enfoque de derecho. Lo logrado hasta el momento en la región debe ser pensado como un primer paso que permita un tránsito desde una lógica de disminución de la participación del Estado en el acceso a bienes sociales básicos, instalada durante un primer período de reformas estructurales en una parte importante del continente, hacia una lógica de universalidad del acceso a derechos.
Aunque no en todos los países se manifiesta de la misma manera, el espacio que ganó el mercado en la regulación de la vida social tendió a naturalizarse, reforzando un proceso de segmentación social donde grupos de distintos estatus se fueron distanciando progresivamente. Lo que hicieron los programas de transferencias condicionadas a las familias bajo situación de pobreza, o ciertas políticas universales dirigidas a la infancia, sobre todo en el área de salud, fue comenzar a romper un cerco de aislamiento entre estos grupos al ir aumentando progresivamente el número de beneficiarios. Ahora bien, traducir estos avances en derechos sociales que acompañen a la población durante todo el ciclo de vida y a todos los grupos sociales implica un desafío no sólo político, sino también cultural.
Con el principio del mérito y la recompensa al esfuerzo que se instaló en las décadas de crecimiento económico, asociado a un debilitamiento de lo público, se expandió fuertemente la idea de que las condiciones de vida dependen cada vez más de las decisiones que toman las propias personas. Esto se ha asociado a un comportamiento de sobre-responsabilización del individuo que habita las sociedades modernas (Araujo & Martuccelli, 2012; Barry, 2005), lo que se puede asociar también con una falta de empatía hacia aquellos menos afortunados y una crisis de la concepción de solidaridad centralmente organizada. De esta manera, pensar políticas universales implica además redescubrir un sentido de solidaridad que dialogue con los ideales que segmentan lo social, tan presentes en nuestros tiempos.
Un segundo desafío se conecta directamente con el punto anterior, donde la literatura ha puesto especial atención. Se trata de la necesidad de generar sustentabilidad política y financiera a los programas y políticas sociales que contribuyen a institucionalizar el derecho a la protección social (CEPAL, 2017a; Foxley, 2012; Hardy, 2014). Esto implica la conformación de acuerdos que no pongan en peligro la continuidad de los derechos alcanzados ante el eventual cambio de orientación de los gobiernos, como también supone una responsabilidad fiscal que asegure su financiamiento a través del tiempo. Como señalan las cifras, tanto los niveles tributarios como la inversión social de la región se encuentran bajo el promedio si se compara con los países desarrollados. El año 2015 la carga tributaria de América Latina representaba en promedio el 22,8% del PIB, en comparación con el 34,3% del PIB de los países que conforman la OCDE (CEPAL, 2017a). Y asimismo, el año 2014 el gasto social del sector público en la región fue del 14,1% del PIB, mientras que en los países de la OCDE alcanzó al 34,0% del PIB (CEPAL, 2017b).
Estas cifras hablan de la necesidad de incrementar el gasto público, pero que ello no dependa de la decisión de un gobierno o de un mayor crecimiento económico. El desafío consiste hoy en avanzar en la generación de debates sobre la concepción de solidaridad que articula la protección social, mas allá del diseño tecnocrático de nuevas políticas sociales. Esto implica generar cambios que permitan alcanzar acuerdos transversales para el desarrollo, como por ejemplo dejar de depender de un modelo de desarrollo extractivista, construir mejores empleos y alcanzar mayor productividad, mejorar la calidad de las instituciones públicas, establecer nuevos regímenes tributarios y avanzar en una agenda anticorrupción.
Finalmente, para pensar la contingencia regional en materia de políticas sociales y reflexionar sobre la construcción de un Estado Social, destacamos los aportes desde una mirada multidisciplinaria y comparada que realizan los autores entrevistados. Göran Therborn nos propone una perspectiva global de las políticas de lo social, buscando un aporte en la confrontación de diversas experimentaciones de acuerdos territoriales y regionales, planteando así nuevas ideas para un mundo de corte crítico al neoliberalismo. Philippe Van Parijs, a su vez, entrega una mirada desde la construcción histórica de los procesos políticos, donde la acumulación de experiencias permite no solamente entender, sino también imaginar nuevos escenarios democráticos progresistas. Y Nicolas Duvoux, a partir de una mirada pragmática, propone el análisis de distintas formas del Estado Social a través de un diálogo entre las demandas y las políticas sociales, y la relación híbrida entre lo público y lo privado.
Desde las lecturas que nos aportan estos tres autores se pueden extraer estrategias para pensar el Estado Social en la región latinoamericana. Frente a la existencia de importantes sectores de la sociedad que aún se encuentran desprotegidos, pensando en las ideas que cruzaron las entrevistas, desprendemos que resolver esas demandas es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Desde las ciencias sociales debemos asumir este desafío político y esperamos que las reflexiones de este libro constituyan una contribución a ese debate.
1 Centro Nacional de Investigación Científica, institución de investigación pública que abarca todas las áreas del conocimiento. Es el organismo de investigación más importante de Francia y el más grande de Europa.
2 Modelo bismarckiano, beveridgiano y conservador mixto.
Más allá del neoliberalismo
Diálogo con Göran Therborn
Potsdam, Alemania. 20 de mayo de 2016
Göran Therborn es profesor emérito de sociología de la Universidad de Cambridge. Su obra aborda temas como el presente de las clases
