que será representado, utilizado o respondido en la forma en que la persona que sufre necesita o desea. De hecho, una vez que el sufrimiento ha sido traducido a un lenguaje estandarizado internacionalmente que opera según sus propias reglas, ya no está en manos de la víctima; la víctima, voluntariamente o sin querer, ha así cedido poder sobre unas “autoridades” distantes (Saunders, 2008).
En general, podríamos decir, cuanto más grave sea considerada una conducta por la sociedad, existe un mayor nivel de abstracción de las víctimas en el sentido de que la sociedad colma el espacio de la afectación, aplazando –cuando no reemplazando– la pregunta por las víctimas concretas. Se depone así una visión anascópica, o “desde abajo” de la vida social, ante la visión catascópica, que según Hulsman es aquella de “desde arriba” define la realidad “de acuerdo con las definiciones de la realidad y el marco conceptual burocrático que asume el sistema penal” (Anitua, 2016, 29).
Tal substitución, que suele suceder con la intervención del sistema jurídico frente a los conflictos sociales particularmente graves, genera un efecto paradójico de invisibilización a través de la sobreexposición pública de un problema social: la expropiación del conflicto en favor de la imagen victimizada de la sociedad impide reconocer la concreción del hecho victimizante y sus dimensiones en quienes se centró particularmente.
Esto puede llevar aparejado un problema de desacoplamiento de las expectativas y necesidades sociales que emergen a raíz de una situación de atrocidad vivida. Tal problema es explícito cuando existen expectativas que son diferentes entre la sociedad y las víctimas concretas, especialmente cuando realzan contradicciones fundamentales.
En general suele aseverarse, por ejemplo, que la verdad tiene un efecto liberador (Kanyangara, Rimé, Philippot & Yzerbit, 2007) puesto que “puede ayudar en el proceso de recuperación después de eventos traumáticos, restaurar la dignidad personal (con frecuencia después de años de estigmatización) y levantar salvaguardas contra la impunidad y la negación”, como señalan González et al. (2013, p. 8). Desde esta perspectiva, la víctima ideal se ha de mostrar colaboradora con el fin de obtención de la verdad y dispuesta a contribuir en cuanto esté a su disposición para el esclarecimiento de lo ocurrido no solo para sí sino en pos de la sociedad en general.
No obstante, en los estudios sobre justicia transicional se ha puesto de relieve que muchas de las víctimas reciben un fuerte impacto sobre su salud emocional “asociado al recuerdo del pasado, encontrando síntomas de depresión o estrés post traumático entre otros (Broneus, 2008; Hamber, 2007; Kanyangara, Rimé, Philippot & Yzerbit, 2007; Rimé, Kanyangara, Yzerbyt & Páez, 2011)” (Reyes, Carlos, Grondona, Gino, & Rodríguez, Marcelo, 2015: 123). En estos eventos es viable preguntarse por la preponderancia de la integridad de las víctimas por sobre el derecho de la sociedad en general. A este respecto, los Principios sobre Reparaciones de Naciones Unidas han establecido que “la revelación pública y completa de la verdad” debe producirse “en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones” (Principios sobre Reparaciones, ONU, 2005). De lo contrario, la preponderancia absoluta de la verdad para la sociedad podría llevar a las víctimas a ver relegada su propia integridad.
El desacoplamiento entre la víctima ideal y las víctimas concretas no existe únicamente en el ámbito de los posibles efectos de la verdad sino también a nivel de las connotaciones sociales que emergen de las verdades insatisfactorias.
Un ingrediente fundamental de insatisfacción proviene de cuando la sociedad pone en duda su autoidentificación como víctima. Esta constatación puede suponer abandonar los discursos de inocencia social frente a la atrocidad. Los discursos sociales elaborados en Alemania en torno al Holocausto nazi han comprometido por generaciones a la sociedad frente a la dificultad de saberse funcional a la ejecución de unas políticas de atrocidad tal como los derivados del Tercer Reich. En paralelo, otras sociedades podrán encontrar particularmente incómodo verse al espejo generación tras generación de esta forma. En Colombia, por ejemplo, la identificación de la sociedad como víctima del conflicto armado domina por sobre cualquier reconocimiento de esta como responsable por las atrocidades derivadas del conflicto armado.
El entonces presidente Juan Manuel Santos declaró en el acto de recepción del informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica: “Hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta, esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia” (CNMH, 27 de noviembre del 2013, min. 7:37). El relato de la indiferencia social como una forma de verdad incómoda nos permite hacer un puente entre las verdades insatisfactorias y las verdades incómodas.
En el contexto de la justicia transicional en Colombia se ha abordado el problema de la incomodidad bajo la metáfora de “tragar sapos”. Este discurso ha sido incorporado para captar la contrariedad que comporta hacer concesiones estratégicas a quienes se consideran adversarios, especialmente dirigida a quienes son considerados transgresores del orden constitucionalmente establecido.
Diversos discursos de líderes políticos y actores de diferentes extracciones sociales justificaron las negociaciones entre las Farc y el gobierno nacional con un discurso que se hacía a la idea de resignarse frente a lo incómodo e indeseable (tragar sapos) para avanzar pese a ello en un deseable. “Si queremos la paz tenemos que sentarnos con ellos [las Farc] a decir cómo es que vamos a acordar esta paz. La alternativa es 20 o 30 años más de guerra de lo que estamos viviendo con víctimas, sufrimiento y muerte. Sí, son sapos muy grandes que uno se tiene que tragar”, declaró el presidente Santos en el momento de la negociación (Redacción Política, 27 de octubre del 2014).
En este contexto discursivo, lo indeseable se centraba en la concesión de beneficios de justicia y participación política para los grupos subversivos, mientras que lo deseable era la paz, que se lograría con una realización estratégica de los derechos de las víctimas que llevara, entre otras cosas, al establecimiento de la verdad y el paradero de las personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado.
En dicho contexto, las verdades insatisfactorias fueron claramente relegadas de los discursos que justificaban las negociaciones entre el Estado y las Farc: es difícil argumentar que la incomodidad de una justicia alternativa para actos atroces se vería compensada por el establecimiento de verdades que podrían resultar insatisfactorias. En palabras simples: es difícil (si no imposible) justificar una incomodidad para llegar a otra, o, usando la metáfora, tragarse un sapo para que el siguiente platillo fuera un ratón. Las verdades insatisfactorias no son nada mejor que relegadas por el desafío político que suponen y su capacidad de irritación social. En este sentido, si bien la satisfacción no es igual a la comodidad de la verdad, la última puede eclipsar la posibilidad de esclarecer verdades insatisfactorias.
La incomodidad no solo se centra en el contenido (lo revelado como incómodo), o en el momento histórico (como los contextos de especial alteración social o de bisagra como las transiciones), sino que puede referirse también al lugar de enunciación: por ejemplo, la realidad de la violencia estatal en el contexto colombiano es especialmente irritante cuando se elabora desde discursos subversivos. Lo propio ocurre cuando la violencia guerrillera es elaborada como justificante de la atrocidad paramilitar. Y así sucesivamente. En general, esto ocurre con discursos que buscan enmascarar la violencia propia en la atrocidad del contrincante.
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