el Estado romano y la gran mayoría de la población. Por otro lado, permitía confiscar los bienes de aquellos que incumpliesen la norma: así se llenaron las arcas estatales, vacías por los esfuerzos bélicos. Finalmente, servía para evitar que la masa poblacional de las capas inferiores de la sociedad, la más afectada por la guerra, se sintiese insultada al ver cómo, mientras el hambre y la pobreza las acuciaban, los aristócratas se paseaban por las calles de Roma llenos de joyas y en lujosos carros.
En su origen la ley no suscitó quejas por parte de las afectadas, las mujeres de la aristocracia cuya fortuna fuera la suficiente como para poder exhibir la mencionada cantidad de oro; ni siquiera a pesar de que sus iguales masculinos sí pudieran seguir paseándose en carro.
Para el 195 a.C., la situación había cambiado por completo. Tras derrotar a los cartagineses, los generales victoriosos habían regresado a sus hogares con las manos repletas de riquezas, una bonanza que también llenó las arcas del Estado y que repercutió de forma general en toda la población romana. Así, los tribunos de la plebe Marco Fundanio y Lucio Valerio decidieron solicitar la derogación de la Lex Oppia
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