se han valido para confrontar al establecimiento y a las elites criollas, para elaborar programas e interpretaciones de la realidad nacional. Sin embargo, investigar sobre todo lo anterior implicaría elaborar la historia de la izquierda colombiana, con todas sus variantes, lo cual sobrepasa los propósitos y límites de este libro.
Reanudando con la Carta Política, es menester transitar a uno de los interrogantes a los que aquí se intenta responder y que va en dos sentidos: ¿Acaso el hecho de que las organizaciones de la izquierda legal y reformista puedan contar con unas garantías mínimas sin las cuales su renacer y la posibilidad de desenvolverse con mayor soltura seguramente tambalearían no es uno de los efectos trascendentales de la Constitución Política de 1991? ¿No es en parte producto de la actividad, la presencia y las proyecciones de ciertas organizaciones que componen el campo en mención que la Constitución en su aspecto social, según la expresión de algunos, pero también en sus enunciados político y económico siga vigente? Nada novedoso hay en afirmar que el régimen político se edificó a imagen y semejanza de dos colectividades que funden su advenimiento en el nacimiento mismo de la República colombiana; empero, debe subrayarse que hasta el ocaso del siglo xx la izquierda debió aguardar para disponer de un maderamen jurídico y político que le facilitase su desenvolvimiento en igualdad de condiciones —por lo menos en el papel—, frente a los partidos del establecimiento. En relación con el segundo sentido de la pregunta, lo que incumbe aseverar es que, al contrario de lo que pareciera ser lo que piensa gran parte de la opinión, la izquierda legal y reformista en Colombia se caracteriza por emplazarse en la primera línea en el momento de defender el Estado social de derecho; asunto que apenas hace unos años habría dado pie a una asimilación propia de una desviación pequeñoburguesa. Observantes a las leyes y a la anuencia del constituyente primario, sus organizaciones más representativas dan preeminencia a la expansión de la democracia; y bajo ese designio aspiran a reformas que el statu quo estima radicales, y que en la antípoda son preciadas de paliativas por organizaciones que de su propio campo prefieren las vías de hecho o tienen miras aún más esencialistas.
Con izquierda legal y reformista se alude primeramente al conjunto de formaciones que cuentan con personería jurídica o con el reconocimiento del Estado para poder participar de la pugna por el poder, bajo el solo procedimiento de la disposición ciudadana, por decisión o por expresión, en las urnas. En segundo lugar, aquellas cuyos objetivos, al menos formulados de manera abierta a través de sus programas o proyecciones políticas, no tienen como primera medida alentar a una revolución ni sublevación popular para cambiar el modelo económico o el sistema político, que sí piensan adecuar mediante la aplicación de reformas que no generen división de la sociedad ni lleven la estampa de la violencia. Se ha preferido apartarse de una noción que ha hecho escuela en medios informativos, aquella de “izquierda democrática”. De por sí el concepto mismo de democracia tiene en tiempos presentes tanto de ancho como de largo; de incondicional y singular, su evocación se ha vuelto indeterminada, variante según los países, inacabada y plural. En el propio escenario político colombiano la enunciación izquierda democrática también ha ganado terreno; incluso en el seno de la izquierda sobran los grupos y las personas que se declaran ser democráticas en oposición a otros que consideran radicales. El cómo entienden la democracia algunas fuerzas de la izquierda legal y reformista será otra cuestión ineluctable.
Dejando de momento toda disquisición, es innegable que al amparo de un tal epíteto se circunscriben, entre otros, sociedades cooperativas, grupos intelectuales, asociaciones estudiantiles, sindicatos, líderes populares, colectivos clandestinos, personalidades políticas, organizaciones campesinas, fundaciones y corporaciones (organizaciones no gubernamentales), comités barriales, partidos o movimientos políticos regulados y, admítase o no, agrupaciones facciosas. Por lo anterior, resulta inapelable reconocer la deuda que se tendrá con numerosos agrupamientos que no serán reseñados, si acaso apenas evocados o sutilmente equilibrados. Como el mismo título lo deja entrever, el periodo trabajado abarca desde las coyunturas de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución que le es contigua y la desmovilización de algunas organizaciones guerrilleras hasta las elecciones regionales y locales del 2011. Las razones que llevaron a fijar como punto de partida el proceso constitucional y no comenzar a discurrir desde un acontecimiento preliminar como el de la creación de la Unión Patriótica (up), o desde las primeras elecciones populares de alcaldes en 1988 —producto de una de las exigencias que las farc hicieron en los diálogos con el gobierno Betancur Cuartas—, lo cual pesó en la descentralización del Estado, son principalmente cuatro. La primera, debido a la existencia tanto de textos destinados a tratar el tema de dicho movimiento político como de análisis sobre los mencionados comicios; enseguida, en tanto el caso de la up es digno de una investigación doctoral en exclusiva; una tercera razón, en cuanto ya para las elecciones de 1991, y por causas consabidas que no dejarán de mencionarse, su apogeo político o por lo menos electoral se encontraba en un franco declive; finalmente, cuidándose de hacer la historia de la izquierda colombiana a medias (pese a que aquí se plasman dos décadas), porque el mero certamen constitucional, así como la rendición de armas de algunos grupos guerrilleros, significan un punto de quiebre sociopolítico, y para el caso que aquí se aborda, de arranque.
Hecha la pertinente justificación, se trata de elucidar cuáles han sido los más palmarios obstáculos que en su itinerario por la consecución del poder se anteponen a las organizaciones representativas de la izquierda legal y reformista, por ejemplo, en qué medida el régimen político fluctúa entre una apertura que les ha permitido ganar en reconocimiento y credibilidad y un entretenimiento de prácticas y barreras que a ellas les cuesta franquear. Dada la multiplicidad de enfoques, conocer los puntos en que han logrado ponerse de acuerdo y los que no, cuáles nuevos contenidos hay en sus discursos, qué reivindicaciones conservan en relación con las experiencias que les anteceden. Por lo mismo es que se hace inexcusable la justipreciación de estas, determinar el nivel de participación y de representatividad en los planos nacional, regional, local y allende las fronteras del país, de allí que se aspira a dar cuenta de sus aportes en materia social y política, de sus potencialidades, y que de propósito o no aparece tasadamente en los análisis o por los grandes medios de información. Finalmente, se pretende caracterizarlas, es decir, determinar, en lo posible, un contenido de clase, generacional, de identidad sexual, o en correspondencia a un movimiento social en específico. Con ese fin se elaboraron cuatro hipótesis:
1. Si la Constitución de 1991 en términos formales abrió el camino a la participación de fuerzas políticas diferentes a las tradicionales, siendo las pertenecientes a la izquierda las más beneficiadas, la razón no se halla en la voluntad del régimen de cambiar las condiciones, sino en el combate político llevado a cabo por aquellas.
2. La izquierda legal y reformista suele ser vista por la opinión y por sus adversarios políticos con temor y desconfianza, de premoderna y ortodoxa, además con un pie en la montaña junto a las guerrillas. Dicho sentimiento y el discurso que lo acompaña disimulan la posición que tiene una parte de la sociedad colombiana, aquella que se resiste a aceptar que precisamente la izquierda mantiene un paso de ventaja en el proceso moderno, aporta a la consolidación democrática y pone en evidencia la esterilidad de la lucha armada.
3. La dificultad que ella ha tenido para instalarse en el paisaje político nacional tiene raíces en causas tanto endógenas (crisis, indeterminaciones) como exógenas (violencia, persecución, censura). Pero es evidente que ha logrado por fin disponer de una elite o grupo de profesionales de reconocimiento nacional, y notoriamente en Bogotá.
4. Si fue característico del pasado el que buena parte de los militantes y simpatizantes de la izquierda colombiana estuviesen más proclives a apoyar las demandas de las guerrillas, de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, y a promover la abstención, se percibe que desde la Constitución de 1991 sus bases han adquirido conciencia del juego democrático, y esto se ha traducido en la aparición de una base electoral de izquierda, que, aunque no homogénea ni de afiliación partidista, sigue o identifica con mayor claridad a quienes representan dicho campo. Esto ha ido escoltado por un fenómeno más reciente y que tiene que ver con la designación de partidos o del campo de la izquierda, que
