la práctica no tiene lugar el cambio sustancial (Naredo, 2010).
Ante tal panorama, la toma de conciencia sobre las consecuencias que en el mediano y largo plazos tendrá esta falta de miramiento de los asuntos ambientales con respecto a la actividad humana, debe convertirse en una de las preocupaciones centrales del sector académico. Es decir, eliminar el divorcio existente entre el desarrollo económico y el ambiente, y combatir el entendimiento que se tiene acerca de los recursos naturales y los ecosistemas como simples insumos o locaciones para la sociedad, son retos clave para encaminar el diseño de estrategias y la elaboración de políticas que devengan en una alternativa loable de desarrollo. A falta de un cambio radical en la manera en que se concibe la relación sociedad–naturaleza, el desarrollo y crecimiento económicos de China, y de cualquier otro país, están condenados al fracaso. El cambio pues es tan necesario como urgente.
Precisamente la ecología política (EP), que ha tenido un “ascenso meteórico” como campo de investigación en los últimos años, puede ofrecer pistas importantes para avanzar en la dirección señalada (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.3). Y es que, como señala uno de sus máximos exponentes en Latinoamérica, parte de la convicción de que la naturaleza ha sido subordinada a las ciencias y la producción (Leff, et al, 2002). De ahí que, como apunta Paul Robbins, la mayoría de los investigadores que se adhieren a ella aboguen “por cambios fundamentales en la gestión de la naturaleza…” que desafíen “las condiciones actuales” (2012, p.13). Pero, ¿qué es la economía política? y ¿por qué puede ser importante para el estudio del desarrollo?
Definir la EP no es una tarea fácil. Su marcado carácter interdisciplinar y la diversidad de los marcos analíticos que involucra imposibilitan definirla como una “disciplina o subdisciplina en el sentido académico convencional” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.621). Los mismos autores afirman que se trata más bien de un término “paraguas”. Es decir, un término amplio que da cabida a diversos objetos de estudio y marcos analíticos que ven lo ambiental no solo como el resultado de procesos políticos sino también como un actor político (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015). Siguiendo esta discusión, Robbins identifica un total de siete acepciones que se han dado desde 1979 a la EP y además cinco narrativas principales que investigan los ecologistas políticos (2012, p.15). (24)
Haciendo una revisión del trabajo de Robbins, para Rafael Calderón–Contreras la ecología política puede ser considerada como una comunidad de prácticas que busca, mediante el análisis crítico, mejorar la comprensión de la dicotomía entre el hombre y el ambiente, al correlacionar los procesos político–socioambientales en escalas que van de lo local a lo global y en los que participan una multiplicidad de actores (Calderón–Contreras, 2013). Esto, con la firme convicción, señala Robbins, de que existen mejores maneras, “menos coercitivas, menos explotadoras y más sustentables” para llevar a cabo las actividades humanas (2012, p.20). En síntesis, la EP es entonces un “modo distinto de producción de conocimiento”, un lente teórico y político por medio del cual el investigador reta “las formas dominantes” para investigar la relación entre lo político y lo ambiental (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.8). De ahí que el manejo de los recursos, el medio ambiente y el cambio climático figuren ente los tópicos que han ganado terreno entre ecologistas políticos, quienes buscan alternativas a la manera en que estados y elites corporativas manejan los “recursos y el ambiente” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.9).
En virtud de lo anterior, se puede establecer de manera clara el vínculo entre la novel propuesta y los estudios del desarrollo. Y es que el desarrollo, entendido de la manera habitual —esto es, con el énfasis puesto en la acumulación de capital y en las relaciones sociales de consumo y de producción a las que da lugar—, ha tenido importantes consecuencias ambientales al incidir directamente en la manera en que se conciben y gestionan los recursos naturales y ecosistemas. Es decir, la dinámica de desarrollo actual ha contribuido “a la transformación, degradación y al conflicto ambiental” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.621). Ha favorecido además a unos cuantos a costa de muchos otros, debido a que el mal manejo y la explotación desmedida de recursos naturales y ecosistemas facilitada por el “desarrollo” de los estados y por la “integración de los mercados regional y global” ha generado marginación y pobreza (Robbins, 2012, p.21). En consecuencia, se busca generar una “relación alternativa no–capitalista entre naturaleza y sociedad” para cambiar la “geografía de producción y consumo” y crear una nueva gobernanza ambiental (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, pp. 625–626).
Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en el trabajo de Svampa (2012), cuando al hablar del llamado “giro ecoterritorial” argumenta, a grandes rasgos, en favor de la construcción de una alternativa de desarrollo a partir de una nueva institucionalidad ambiental que conjugue los discursos comunitarios y ambientalistas, al tiempo que se defienda el territorio y los intereses de los grupos marginados de la sociedad. Por su parte, la propuesta ecuatoriana en torno a “Los Derechos de la Naturaleza” y la idea del “Buen Vivir” que, como proyecto colectivo han permeado de manera importante en Ecuador y Bolivia, también constituyen intentos valiosos que asumen una postura crítica a la teoría del desarrollo y buscan en la práctica nuevos modos para interactuar con la naturaleza (Escobar, 2012).
Así pues, un pequeño pero importante avance en la dirección señalada consiste en acudir al llamado que se hace desde la EP. Ahora bien, aceptar este significa reconocer, siguiendo nuevamente la revisión que hace Calderón–Contreras del trabajo de Robbins, tres principios fundamentales, a saber: (1) “que la conservación y el manejo de los recursos naturales involucran a una multiplicidad de actores con sus propias percepciones y perspectivas”; (2) que los problemas relacionados con la base material de la sociedad, y que condicionan su porvenir, tienen que ver tanto con “fallas en la implementación de políticas públicas”, como con una dinámica política y económica a nivel global que incide en éstos; y por todo lo dicho anteriormente, (3) existe una urgente necesidad de cambiar la “forma en que se concibe la economía política local y global”; o, dicho de otra forma, las instituciones y las prácticas mediante las cuales se han buscado el desarrollo local y global (Calderón–Contreras, 2013, pp. 567–568).
Partiendo de lo antes expuesto, el investigador que atiende al llamado de este novel campo de investigación requiere comprometerse teórica, metodológica y de manera política. De hecho, para Gavin Bridge, James McCarthy y Tom Perreault son estos compromisos, y no los objetos de estudio, los que dan coherencia al disconforme ámbito de la EP y a los trabajos que desde ahí se producen (2015).
En términos teóricos, la EP se asocia estrechamente con la teoría crítica y es influenciada por el postestructuralismo y el postcolonialismo, lo que tiene implicaciones importantes para el investigador. Primero, como ya se dijo, el ecologista político es, por esencia, un crítico del “establishment”. En segundo lugar, el nexo con las perspectivas “post” significa, de facto, un “rechazo de los enfoques positivistas hacia las relaciones sociales y la ciencia ambiental” (Bridge, McCarthy & Perreault, p.7), así como la no aceptación en cuanto al empleo de conceptos reificados. Se reconoce entonces que los conceptos como el desarrollo son “creaciones políticas fluidas” que no deben darse por sentado y pueden trasformarse mediante la actuación del agente que les da sentido con sus discursos y prácticas (p.623). En tercer lugar, el hecho de que la EP haya surgido del “encuentro entre el marxismo y los problemas ambientales contemporáneos”, orienta al investigador a optar por marcos analíticos que faciliten “el entendimiento estructural de las conexiones, los procesos y las relaciones” entre la política, la economía y el ambiente, lo que repercute, a su vez, en el compromiso metodológico (p.621).
En este tenor, el investigador suscrito a este campo necesita una metodología que facilite el entendimiento a profundidad “de las relaciones sociales de producción e intercambio, y de las prácticas ambientales” (p.7), teniendo en cuenta el contexto y la historia, así como las voces de los actores participantes. Por ello se explica la inclinación de los ecologistas políticos por el uso de metodologías interpretativas
