último objetivo se cumpliría por intermedio del Estatuto de Seguridad, un mecanismo legislativo que aumentaba las penas para los delitos de secuestro, extorsión y ataque armado, entre otros; que convertía, también, cualquier actividad o medio cuya pretensión fuera incitar a la población a desobedecer la autoridad en delitos conexos con el terrorismo y la subversión, y que le daba, en fin, a las autoridades militares y policiales un amplio margen de acción para evitar y juzgar las acciones que se consideraran terroristas o subversivas211.
La medida “reforzó el reflujo de las luchas populares y estudiantiles”, tal como lo indica Archila212. Sus efectos sobre el estudiantado se empezaron a sentir después del asesinato del político conservador Rafael Pardo Buelvas, quien se desempeñara como ministro en el gabinete del presidente López Michelsen. El asesinato había sido cometido por un grupo radical que se autodenominaba Movimiento de Autodefensa Obrero (MAO), para vengar la muerte de los obreros asesinados durante la represión del Paro Cívico del 14 de septiembre, acción de la cual culpaban al ministro Pardo213. Con el ánimo de capturar a los perpetradores del magnicidio, las fuerzas armadas y policiales emprendieron una persecución contra los estudiantes de la Universidad Nacional214. No es exagerado decir, en consecuencia, que el Estatuto de Seguridad satanizó la protesta estudiantil.
Ascanio. Manos arriba y una requisa. Archivo Vanguardia Liberal. 11 de marzo de 1971. Bucaramanga
Como lo argumenta Absalón Jiménez, el gobierno consideraba que en las universidades –sobre todo en las públicas– existía un foco de colaboradores de la insurgencia y de “guerrilleros en potencia”. En consecuencia, las autoridades decidieron infiltrar las universidades para identificar y judicializar a aquellos sujetos, tal como ocurrió en diciembre de 1978, cuando un militar infiltrado en la Universidad Pedagógica Nacional identificó a los cuatro estudiantes que, al parecer, habían incendiado un vehículo oficial durante la protesta del 30 de noviembre de aquel año. Los sindicados denunciaron la vulneración de sus derechos civiles y los atropellos mientras eran capturados. El estudiante Guillermo León Osorio denunció que los militares lo mantuvieron vendado durante setenta y dos horas, que no lo dejaban dormir ni sentarse y que lo habían sometido a interrogatorios insidiosos215. Este fue uno de tantos casos en aquel periodo del Estatuto de Seguridad, una historia de flagrantes vulneraciones a los derechos y a la dignidad aún por escribirse con el testimonio de hombres y mujeres sometidos a torturas y crueldades inimaginables.
La década del ochenta abría pues un panorama oscuro para el movimiento estudiantil. Aquellas victorias emblemáticas –las de 1962, 1964, pero sobre todo las de 1971-1972 y 1977– se anidaban en la memoria del estudiantado como una imagen deslumbrante pero irreal de la revolución social. El declive se aproximaba. Pese a que el descontento no paraba, con el paso del tiempo el estudiantado empezaba a perder esa fuerza contestataria que lo había caracterizado. Indudablemente el Estatuto de Seguridad había puesto aquí su cuota, pues era un arma a la que el estudiantado se resistía pagando un gran sacrifico. Fue por esa razón que la protesta estudiantil buscó un espacio de acción junto a los demás sectores sociales, tal como ocurriera con el paro cívico de septiembre de 1977, cuando cientos de estudiantes acompañaron las luchas obreras.
Si bien hubo en promedio poco más de treinta manifestaciones estudiantiles por año entre 1978 y 1984, las acciones no pasaron de ser meramente episodios. Cabe resaltar el surgimiento de la toma pacífica, una estrategia de movilización que los estudiantes del periodo anterior jamás habrían tenido en cuenta, dada su radicalización ideológica216. La primera de ellas se dio en Tunja en 1982, cuando un grupo numeroso de estudiantes se plantó a las puertas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para obstaculizar la circulación y llamar así la atención de los estudiantes menos comprometidos. También en octubre de 1982 algunos estudiantes de la Universidad del Valle se tomaron una iglesia del centro de Cali en protesta por la “detención y desaparición” de algunos estudiantes217.
Este tipo de acciones era una nueva respuesta del estudiantado y de la movilización social en general a los aparatos represivos del Estado y a los actores armados que redoblaron su fuerza de ataque. Entre 1979 y 1994, según lo indican Carlos Medina Gallego y Mireya Téllez Ardila, se llevó a cabo una persecución sistemática, con hostigamientos, detenciones arbitrarias y torturas, a un sinnúmero de actores sociales a los cuales se les involucró con los grupos subversivos218.
Aunque durante este periodo las protestas no desaparecieron, las demandas estudiantiles sí disminuyeron notoriamente. Según las cifras de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 1975 y 2007, de las casi dieciséis mil protestas solo el 10% fueron encabezadas por estudiantes. Un cuadro más restringido muestra que entre 1975 y 1980 solo el 18.6% fueron efectuadas por la movilización estudiantil, y que entre 1981 y 1985 los estudiantes protagonizaron solo el 11.7% de las movilizaciones. Como puede observarse, las acciones del movimiento estudiantil eran cada vez menos numerosas219.
El caso santandereano más recientemente estudiado proporciona cifras que, aun cuando no corroboran esta tendencia, ofrecen indicios a tener muy en cuenta con la ayuda de nuevos estudios del caso. Tal como lo muestra Díaz Fajardo, con la excepción del leve repunte ocurrido en 1982 (cuando hubo quince manifestaciones estudiantiles), entre 1978 y 1984 hubo un descenso sostenido en el número de protestas protagonizadas por estudiantes si se comparan con las que se presentaron entre 1970 y 1977. El estudiantado pasó de protagonizar en promedio veinte protestas anuales entre 1970 y 1977 (con picos tan elevados como las veintinueve de 1976) a efectuar tan solo ocho movilizaciones entre 1978 y 1984220.
Este acentuado declive del movimiento estudiantil debe ser explicado en un contexto de represión estatal y violencia de múltiples actores en el acontecer nacional. Un panorama que ya mostraba esta tendencia escalonada del conflicto en el periodo de estudio, entre 1978 y 1985.
En primer lugar hay que señalar que durante este periodo la movilización estudiantil amplió la gama de sus exigencias221. Si bien durante el periodo anterior la protesta estudiantil pugnó por transformar radicalmente la realidad social, en el momento en que el conflicto armado interno se generalizó, convirtiendo a la sociedad civil en una ofrenda de sangre derramada desde cualquier bando, esta misma protesta estudiantil hizo suyos otros reclamos, sobre todo aquellos referentes a los derechos humanos. “La violencia de aquellos años –afirma Mauricio Archila– también llegó a los predios universitarios, y si bien el estudiantado no fue la principal víctima de la ‘guerra sucia’, fue muy ‘sensible’ a la violación de los Derechos Humanos”222, principalmente después del asesinato de Alberto Alava Montenegro, el abogado que acogiera la defensa de algunos presos políticos colombianos. El homicidio fue perpetrado el 21 agosto de 1982 por miembros del MAS (Muerte a Secuestradores), un grupo de autodefensas financiado por el narcotráfico. La movilización estudiantil de ese periodo también se caracterizó por la ampliación de los mecanismos o estrategias de protesta. La violencia desmedida y paraestatal obligó al estudiantado a buscar acciones de “carácter lúdico” con el fin de denunciar diversos problemas que lo inquietaban. De esas nuevas estrategias cabe destacar las “peñas folclóricas”, es decir, las reuniones estudiantiles organizadas para cantar y hacer públicas las letras de las canciones de música protesta, los happenings y las obras de teatro abiertamente críticas223.
Una periodización sin epílogo
Algunos historiadores han creado una periodización del movimiento estudiantil siguiendo sus acciones coyunturales, es decir, sus grandes luchas, victorias y derrotas. En el presente análisis, no obstante, se ha preferido una periodización menos esquemática y más comprensiva de la movilización estudiantil. Para ello, se han referenciado tanto el contexto histórico como los intereses particulares que con el paso del tiempo iban a defender a las diferentes generaciones que configuraron la protesta. Se comprende entonces que a lo largo del siglo XX hubo intereses, filiaciones y dinámicas sociales, políticas y culturales distintas que dieron a la movilización estudiantil
