Las pedagogías deben ir en pos de la autodeterminación, autoidentificación, autoconciencia, de-construcción de lo que es “dominante”, “avasallante”, impositivo, para darle paso a las posibilidades de todas las dimensiones del ser y el existir dentro de cada comunidad, donde se incite a estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, escuchar y saber de otras formas, reconociendo la existencia de “otros” y su validez (Walsh, 2014).
Las pedagogías deben convertirse en eje transformador de las sociedades, que modifiquen las políticas educativas, para que cada escenario se reconozca y redirija el cambio de lo impuesto y establecido (Walsh, 2014).
Nuestro pluriverso
En Colombia estamos enfrentando momentos históricos que generan la necesidad de reflexionar la validez, significado y sentido de las políticas educativas nacionales en las instituciones y en las comunidades que hacen parte del contexto educativo.
Actualmente se labora en un contexto étnico reconocido legalmente, configurado de modo que parecería se tuviesen todos los elementos para validarse como sociedad, comunidad “otra”, con perspectivas de mejoramiento y, sobre todo, de transformación colonial a decolonial.
Estas reflexiones llevan a considerar sobre qué tanto “autorreconocimiento” y “autovaloración del ser” existe en nuestra comunidad etnoeducativa; dentro de sus prácticas curriculares, pedagógicas, que presentan unas características que sustentan de modo consciente o inconsciente la dominación, el poder, la invisibilización, el no reconocimiento del otro que pertenece a la comunidad y del que no hace parte de ella.
Nosotros, las maestras y los maestros, debemos re-pensarnos y auto-reconocernos como personas importantes, como “otros” que poseemos perspectivas de mejora para nuestra comunidad y que contribuiremos para que nuestros educandos se comprendan, conozcan, apropien y empoderen de sus raíces, de su territorio, de su cultura, de su medio ambiente, también, “[…] Como una pedagoga […] como una facilitadora; como alguien que se esfuerza en provocar, estimular, construir, generar y avanzar con otros cuestionamientos críticos, comprensiones, conocimientos y accionares, maneras de pensar y hacer […]” (Walsh, 2014, p. 1).
Las instituciones educativas deben replantearse desde su origen, hasta sus prácticas y fundamentos filosóficos, porqué los procesos sociales, culturales e históricos deben tener significado para los miembros de la comunidad, deben ser relevantes para su contexto, como elementos que coadyuven en la búsqueda de la identidad, del autorreconocimiento y que consoliden los valores propios, heredados de sus ancestros, de sus familias, así como de sus prácticas y costumbres.
La historia determina cada contexto con sus particularidades y con sus diferencias, permitiendo convivir y compartir dentro de la armonía y el diálogo, pero también dentro de la tensión y la contradicción, lo que permite establecer acuerdos y respetar las diferencias, para cimentar los valores y fortalecer los derechos humanos que reconozcan y defiendan a las minorías, a las etnias, y no solo a los grupos dominantes u opresores.
Las escuelas deben transformar y fomentar personas que construyan su cultura y edifiquen contextos, con sus relaciones e interacciones, que promuevan el respeto por los “otros” existentes.
La escuela, la pedagogía, el currículo y la didáctica, deben cimentar desde la experiencia de vida a cada comunidad, para que los proyectos individuales y comunitarios tengan valor y sean construidos en pos del bien común, del respeto, la pertenencia a la “tierra” que están habitando, y de la cual son hijos, y a la que deben defender de la injusticia, de la opresión, de la explotación, del dominio de otros, que no son propios del lugar, y que lleguen a imponer, alienar, aculturizar y, sobre todo, a destruir lo qué se “tiene”, lo qué se “es”.
De acuerdo con lo descrito en el Plan de Ordenamiento Territorial de Zona Bananera (2001) y el Plan de Desarrollo Municipal de Zona Bananera (2012-2015), se puede realizar una referenciación histórica, social, económica, política y cultural del municipio de Zona Bananera y del corregimiento de Tucurinca como parte de este.
Zona Bananera fue constituido como municipio a través de la Ordenanza 011 de 1999 de la Asamblea del departamento del Magdalena, puesto que, este territorio antes había hecho parte del municipio de Ciénaga. Nuestro municipio formó parte de las provincias aborígenes de los Betoma y Carbón, que procedían de la Sierra Nevada, y ocuparon vastas tierras hasta la Ciénaga Grande.
En la época de la Colonia, la Zona Bananera se constituía en un área boscosa densa e impenetrable, en la cual existían unas rancherías: Sevilla, Aracataca y Fundación. La principal fuerza de trabajo utilizada era la de las personas que fueron traídas de África en condición de esclavos. Con el paso del tiempo, se fueron creando una especie de feudos o grandes haciendas, donde diferentes grupos de campesinos venían y se establecían como colonos, trabajando y ampliando la producción bananera, cacaotera y tabacalera, que era vendida casi que en su totalidad a Francia.
En el año de 1882, la firma Mier-Joy Ltda., inicia trabajos de construcción de ferrocarril que comunicaba un tramo de la Zona Bananera con Ciénaga y Santa Marta.
La caña de azúcar también fue un nuevo producto que se le añadió a la economía rural del territorio, así como los frutales y pancoger propios.
El gobierno nacional en 1887 abrió las puertas a la inversión extranjera y la firma inglesa Rail Way Company asume el control de la vía férrea. Paralelo a esta situación, se inicia la siembra comercial de banano en Río Frío; esto dio inicio a las exportaciones a gran escala, hecho que se constituye la ampliación de la producción del monocultivo. En 1894, la construcción del ferrocarril llegó a la población de Sevilla.
En 1901, se estableció la United Fruit Company en el Magdalena, una compañía estadounidense, que, con sus políticas de enclave, se adueña de toda la producción bananera y frutal que existía en la Zona, creando un monopolio del producto a nivel interno y sometiendo a campesinos y personas afrodescendientes a sus formas de explotación laboral inmisericordes, generando la posterior masacre de las bananeras en 1928, bajo el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Esto sucedió, cuando los campesinos empleados de esta compañía se pusieron en pie de lucha y fueron reprimidos por las fuerzas militares nacionales que protegían y amparaban al capital extranjero; apoyando al colonialismo económico y no al pueblo colombiano, al subalterno, en pie de lucha frente a la explotación y la opresión.
Estas actividades mono-agrícolas, subutilizadoras del suelo, de la mano de obra, de los recursos naturales, aún persisten en la actualidad, al igual que las formas de transporte (vía férrea y la troncal). Esto repercutió en la creación de asentamientos o corregimientos que van desde Río Frío hasta Tucurinca. Donde esta forma de producción sentó las bases de un municipio disperso, diverso, desarticulado, que, de una manera u otra, han generado desventajas para el nivel y calidad de vida de los habitantes de este territorio.
En las últimas décadas, Zona Bananera y todos sus corregimientos han estado bajo la influencia de la violencia armada por la presencia de grupos al margen de la ley, guerrilla y paramilitares, donde las áreas de mayor riesgo se encuentran identificadas al occidente y al pie de monte de la Sierra Nevada. El control que estos grupos querían ejercer sobre la zona estaba dado en el cultivo de estupefacientes, destinado para el sostenimiento de las estructuras del narcotráfico y del gran contrabando que existe a nivel mundial, por el alto consumo de estas sustancias. Esto generaba una lucha por el territorio, por el poder, ocasionando desplazamientos, asesinatos, masacres, y una atmósfera de miedo que a diario padecían los habitantes de esta zona.
Entre todas las acciones de violencia que se reprodujeron en este contexto,
