La niñez del Perú en la mira: qué podemos aprender de los programas sociales. Enrique Vásquez H.

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      Introducción

      La preocupación

      En 1989, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta tenía como objetivo garantizar las bases que permitan a los niños, niñas y adolescentes desarrollarse en un ambiente de bienestar (Unicef, 2014). De este modo, se establecía que tenían derecho a la vida, a una identidad, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la protección contra el trabajo infantil, entre otros (Unicef, 1989). Unicef y organizaciones como Save the Children, Plan International, World Vision, Caritas, CARE, ADRA-Ofasa, entre muchas otras, trabajan para hacer respetar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, aún existen muchos niños cuyos derechos continúan siendo vulnerados. A nivel mundial, a 2017, 152 millones de niños son víctimas de trabajo infantil (OIT, 2017b) y 149 millones de niños no crecen adecuadamente debido a mala nutrición (Unicef, 2019).

      En el Perú, lamentablemente, la situación no es diferente. En 2000, el 33% de los niños y niñas menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica. Para 2019, esta cifra se había reducido al 12% (Unicef, 2019). Asimismo, la tasa de mortalidad infantil en 2018 fue de 19 por cada 1.000 nacidos (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2019c), mientras que en 2000 esta tasa era de 34 por cada 1.000 nacidos (Vásquez & Mendizábal, 2002). Aún más preocupante es que, entre 2001 y 2015, el porcentaje de niños y niñas que trabajaban mostró solo una pequeña reducción, del 26,9% al 26,1% (INEI & OIT, 2002, 2016j). En extremo, según la Endes, la anemia por hierro en 2018 fue del 46,6%, cuando ya en el año 2007 se había logrado un 41,6%. Algunos datos muestran resultados positivos, otros se resisten a mejorar y, quizás, alguno está en retroceso. La mejora de la inversión social focalizada en niños, niñas y adolescentes del Perú es urgente; y, por ello, el aprendizaje sobre cómo las instituciones y los actores involucrados han estado en permanente lucha merece testimoniarse.

      Factores como el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica (urbana o rural) continúan siendo determinantes cuando se hacen comparaciones en aspectos como la educación, la alimentación, la salud, la recepción de servicios básicos y las condiciones de vida (Vásquez, 2004a). Por ejemplo, en 2000, la tasa de matrícula en educación superior en áreas rurales era del 8,5%, y del 25,5% en áreas urbanas. Para 2017, estas cifras habían pasado a ser un 16% en áreas rurales y un 34,5% en áreas urbanas (INEI, 2018c). Así, pues, se encuentran latentes las brechas y la desigualdad de oportunidades en el país. Niños y jóvenes en situación de pobreza siguen sin percibir los beneficios básicos a los que tienen derecho (MIMP, 2012).

      No cabe duda de que el país ha experimentado un crecimiento económico positivo: entre 2014 y 2018, el PIB creció anualmente en un 3,2% en promedio (Banco Mundial, 2019). Sin embargo, no todos se han visto beneficiados de manera equitativa. Los niños en estratos sociales altos tienen mejores condiciones de vida y mayor acceso a oportunidades educativas y laborales, mientras que los niños en situación de pobreza a menudo no cuentan con servicios básicos como salud o agua potable. Del mismo modo, a menudo la falta de recursos económicos no les permite acceder a educación superior, lo que termina siendo perjudicial para sus oportunidades laborales. Así, disminuyen sus probabilidades de superar la pobreza y se genera un ciclo de pobreza (Castañeda & Aldaz-Carroll, 1999).

      Con el fin de resolver esto, el Estado ha estado inmerso en una lucha constante por disminuir las brechas generadas por la inequidad social y económica. A lo largo de los años, el Estado ha hecho diferentes esfuerzos por generar políticas y programas y asignar recursos públicos focalizados en los niños, niñas y adolescentes, con la intención de respetar el cumplimiento de sus derechos. Cabe destacar la concepción y desarrollo del Plan Nacional de Acción por la Infancia, así como todas las normativas gubernamentales en sintonía con la Observación General 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño en relación con el «Presupuesto público para la realización de los Derechos del Niño» (Organización de las Naciones Unidas, 2016).

      Combatir la exclusión social, en particular la de los niños, niñas y adolescentes, es necesario para poder garantizar un crecimiento económico en el largo plazo y para combatir la perpetuidad del ciclo de la pobreza (Abramo, Cecchini, & Morales, 2019). El Gobierno, que tiene presente la importancia de disminuir las brechas, ha establecido marcos jurídicos e iniciativas de inversión social que tienen como primera prioridad a los niños y adolescentes. De este modo, se perciben cambios, como en el caso de la desnutrición crónica, que pasó del 19,5% en 2011 al 12,9% en 2017 (Unicef, 2017) Asimismo, la tasa de asistencia a educación inicial, que era del 65,8% en 2008, aumentó al 82,6% en 2018 (INEI, 2019d). Por su parte, la tasa neta de asistencia a educación secundaria mejoró del 75,5% al 84,7% de 2008 a 2018 (INEI, 2019d). Estas cifras demuestran que los esfuerzos del Estado pueden ser efectivos y tener resultados relevantes en la lucha contra la desigualdad.

      Para lograr esto, sin embargo, es necesario un proceso

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