ironía de ese momento: tras perder su prominente posición política y su dinero con la Revolución, su padre comenzó a trabajar de nuevo en los juzgados. Emprendió su defensa de Toral como una obligación moral, aunque también podría ayudarle económicamente. El libro de María Elena, sin embargo, sugiere un compromiso ideológico más profundo. Demetrio Sodi pensaba que Toral “era el representante digno de la juventud de su época, juventud que heroicamente moría por sentimientos místicos”. Sodi había planeado presentar pruebas adicionales de los ataques del gobierno en contra de los católicos y la libertad de expresión, pero no le permitieron hacerlo.147 Los cristeros y José de León Toral también contiene una explicación del conflicto religioso desde una perspectiva católica, así como biografías favorables de Acevedo y Toral, esta última basada en parte en las memorias de su madre, reproducciones de sus dibujos y testimonios de la participación de Toral en la vida cívica de los católicos a fines de los años veinte.148 Para María Elena y su padre, el jurado, por defectuoso que fuera, parecía ser el último espacio en expresar abiertamente un punto de vista católico opositor en la esfera pública mexicana.
Las amargas memorias de los Sodi acerca del caso se derivan de la violencia con la que la defensa de Demetrio fue frustrada por intervenciones externas al proceso judicial. A pesar de que Calles había planeado el juicio de Toral como muestra de cómo el Estado podía impartir justicia de manera imparcial, los procedimientos degeneraron en un caótico fiasco que sólo avivó la oposición religiosa y dejó al desnudo la ineptitud del gobierno en la aplicación de la ley. Durante una pausa, los miembros del jurado le enviaron un mensaje a Acevedo, diciéndole que iban a declararla culpable y pidiéndole perdón. Ella aceptó sus disculpas y en sus memorias le preguntó al lector: “¿Es pueblo libre? Seguro que sí, hay que creer en esa libertad, los jueces piden perdón al reo, ¡qué ironía!”149 Incluso un partidario del obregonismo, el diputado Antonio Díaz Soto y Gama, expresó escepticismo hacia lo que veía como una farsa del gobierno: como buenos revolucionarios, “no nos interesa por hoy en este caso la ‘justicia de juzgado’ ni creemos en ella”; todo el juicio no era más que “una maniobra para desviar la atención pública” del verdadero culpable. La insinuación se dirigía a Morones, rival político del propio Soto y Gama.150
Quedaba claro que el gobierno tenía la culpa del fiasco, lo que lo obligó a recurrir a la violencia para cambiar la dirección del juicio. Con la transmisión de radio, las autoridades le habían permitido a los presuntos autores del asesinato del presidente electo hablarle a la nación de la persecución religiosa. El juez y los fiscales habían hecho un mal trabajo: sus interrogatorios, en particular los de Correa Nieto, habían sido excesivamente agresivos, con preguntas demasiado generales y más orientadas a comunicar un mensaje político en contra de los cristeros que a presentar pruebas de manera adecuada. El 4 de noviembre, el tercer día de las audiencias públicas, las cosas empezaron a cambiar. El juez cortó la sesión antes de tiempo y la defensa se quejó de que la interrupción se debía a instrucciones de las autoridades políticas. La transmisión de radio también se detuvo y a los fotógrafos se les prohibió entrar a la sala para la sesión del lunes 5. Ese día, Correa Nieto abandonó el juicio, alegando que había sido amenazado. Nombró a fiscales sustitutos para que se quedaran a cargo del caso, incluido el procurador general de la república, Ezequiel Padilla. El nuevo equipo se enfocó en probar la participación de Acevedo en otras conspiraciones y limitó las oportunidades de la defensa y los acusados.151
Ese mismo 5 de noviembre, en las cámaras del Congreso, los diputados federales discutieron la necesidad de intervenir de manera contundente en el juicio de Toral. Los congresistas afirmaron que el Congreso tenía la responsabilidad de expresar su apoyo a la Revolución para contrarrestar la arremetida de mensajes de los “reaccionarios” en la radio. En la “deificación del delito”, sostenían los diputados, “el delincuente se convierte en mártir”.152 En consecuencia, debían actuar enérgicamente para proteger a “las masas del país”. Más específicamente, esto significaba que si no se declaraba culpable a Toral, como aseguraba el beligerante cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, “le vaciaré la pistola a él y a los jurados”. Otros diputados sostenían que el juicio era una vergüenza nacional: “en otros países, aun en los que parecen más civilizados como los Estados Unidos, se hubiera linchado a León Toral y, sin embargo, aquí se le está tratando con guante blanco”.153 Esa misma tarde, un grupo de varias docenas de diputados federales liderados por Santos irrumpieron en la sala de sesiones de San Ángel. Blandiendo pistolas y palos, insultaron a Sodi, quien tuvo que subirse a una silla para defenderse. Los diputados también atacaron a los sospechosos, de hecho patearon a la madre Conchita y le rompieron una pierna, y le jalaron el pelo a Toral. También amenazaron a los miembros del jurado. En los días siguientes, los diputados mantuvieron el control de la sala, perturbando la defensa y creando una situación sumamente tensa. Algunos de los miembros del jurado le pidieron al juez que los excusara, argumentando que temían por su vida. El juez negó sus solicitudes y garantizó su seguridad, pero varios decidieron traer su propio revólver al juicio. Un grupo de soldados bien armados se instaló en la sala mientras que las tropas a caballo afuera repelían a los manifestantes. A pesar de que las cosas parecieron calmarse el 6 y 7 de noviembre, el público diverso de los primeros días se había desvanecido y, para ese momento, la única mujer en la sala era Acevedo. El jueves 8, el último día del juicio, se reinició la transmisión por radio, pero el nuevo público, que incluía a funcionarios del gobierno y miembros del congreso, hizo tanto ruido que el último discurso de Sodi tuvo que cortarse antes de tiempo. Cuando el jurado volvió con el veredicto de culpabilidad (sólo se emitió un voto a favor de la inocencia de Acevedo), hubo gritos de alegría entre los simpatizantes del gobierno que esperaban afuera.154 El juicio se había vuelto un escaparate de la violencia de la política mexicana.
Los actos de Santos y los otros diputados demostraron que hubo un esfuerzo coordinado, aunque tardío, para limitar los efectos públicos del juicio. Hasta antes de esta violenta intervención, los abogados defensores habían confiado en que los medios evitarían distorsionar su mensaje: “Afortunadamente, el día de ayer, todo el país oyó nuestras palabras por radio, toda la prensa habla hoy de lo que dijimos, y pueden ser testigos todos los que oyeron, que no hemos atacado a nadie”, declaró Ortega el 4 de noviembre.155 Sin embargo, para el día siguiente, ya no hubo oportunidad de escuchar a Toral y Acevedo en la radio. Los periódicos nacionales casi no hablaron de la violencia que tuvo lugar dentro del juzgado, probablemente por instrucciones del gobierno. En los debates del 5 de noviembre en la Cámara de Diputados, se mencionó a Excélsior como un objetivo específico: “Los enemigos de la Revolución, la prensa y el dinero”, declaró el diputado Manuel Mijares; “la prensa reaccionaria”, aseguró Alejandro Cerisola. Los diputados se pusieron de acuerdo para iniciar un boicot económico en contra de Excélsior, suspendieron la publicidad guberna-mental, cancelaron suscripciones y participaron en otras formas de acción directa.156 El periódico redujo drásticamente su cobertura del juicio y reemplazó las transcripciones de los procesos judiciales por síntesis. A partir del 7 de noviembre, Excélsior le dio mayor importancia a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Dejó de imprimir los artículos de Moheno acerca del juicio y también los de otros escritores y artistas. Los editores señalaron con parquedad en un editorial que su deber periodístico había sido interpretado “torcidamente” por el gobierno, lo cual se tradujo en amenazas en su contra.157 Pronto, el periódico fue castigado de una manera más permanente: se bloqueó su circulación y se obligó a Consuelo Thomalen, la viuda de su fundador, Rafael Alducín, a venderlo a un grupo de empresarios que tenían estrechas conexiones con el gobierno.158
Las apelaciones de Toral y Acevedo fueron denegadas y Toral fue ejecutado el 9 de febrero de 1929. Frente al batallón de fusilamiento, gritó: “Viva Cristo Rey”, como había hecho su amigo Agustín Pro momentos antes de su muerte dos años atrás. Las balas interrumpieron la voz de Toral. Su entierro suscitó manifestaciones y disturbios, y, mientras la furia de la resistencia cristera siguió activa, continuaron los intentos de asesinato, el siguiente en contra del presidente Portes Gil el mismo día de la ejecución. En lugar de servir como un ejemplo de la buena
