autora Viviana Carolina Caicedo realiza una conceptualización sobre populismo punitivo y el gobierno a través del crimen, con la finalidad de plantear sus diferencias teórico-prácticas. En primer lugar, la autora analiza el fenómeno de populismo punitivo desde la realidad social; valiéndose de la sensación de inseguridad, este fenómeno presenta iniciativas legislativas poco estudiadas de reformas al Código Penal, generando como consecuencia una política criminal ineficiente, entre otras problemáticas. En segundo lugar, ella expone los proyectos de ley presentados entre el periodo 2008-2013 que pretendían resolver el problema de los conductores ebrios en Colombia, con la finalidad de identificar las manifestaciones de populismo punitivo y gobierno a través del crimen en el ejercicio de la construcción y reconstrucción de la política criminal desde el primer nivel de criminalización.
El penúltimo capítulo trata el tema de “La verdad como derecho de las víctimas y deber del Estado: producto de la aplicación de la justicia transicional”. El autor David Alejandro Luna realiza un estudio comparativo entre las formas de construcción de la verdad que se realizaron en los procesos de justicia transicional llevados a cabo en Colombia (Ley de Justicia y Paz) y en El Salvador (Ley de Reconciliación Nacional). Los dos mencionados comparativos de implementación de justicia transicional fueron escogidos teniendo en cuenta que en ambos países se guardan relaciones culturales e históricas cercanas. Para realizar el análisis, el autor plantea una pregunta que gira en torno a la construcción de la verdad como elemento primordial de los procesos de justicia transicional, tanto en El Salvador como en Colombia. Para responder al anterior interrogante, se realiza una reconstrucción de los procesos y la forma como se estableció la verdad en cada uno de los mencionados países, contemplando, claro está, cada una de las variantes de acuerdo con el territorio, la situación particular de cada uno de los Estados y las lógicas políticas diferenciadoras de los actores en conflicto.
Por su parte, en el último capítulo, titulado “Desde la otra cara de la moneda: reclutamiento armado de niños, niñas y adolescentes”, la autora Yennifer Katerine Rodríguez realiza un análisis del delito de reclutamiento ilícito, contextualizándolo en el marco del proceso de paz llevado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La autora plantea allí la siguiente pregunta: ¿el acuerdo cumple con los estándares mínimos internacionales en la medida del reconocimiento de los menores que fueron víctimas de reclutamiento armado? Para dar respuesta a esta pregunta, investiga si los niños, niñas y adolescentes están siendo reconocidos o si, por el contrario, están siendo invisibilizados en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Dicho estudio investigativo no se realiza de forma aislada, sino que integra la normatividad internacional para identificar si lo pactado cumple con los estándares internacionales para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos armados en Colombia.
Como profesor del grupo de estudiantes y egresados que expresan su punto de vista analítico e investigativo en esta obra, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a todos y todas por dedicar parte de su tiempo al análisis empírico de fenómenos tan actuales y complejos. Esto demuestra compromiso académico con el grupo de investigación –el cual hemos logrado consolidar desde su reciente fundación– y con su propio proceso de formación.
Los capítulos acá propuestos, lejos de ser una conclusión sobre cada uno de los temas tratados, son un punto de partida en un debate por realizar. Por ello, nos hemos esforzado en plantear problemas, preguntas, argumentos y conclusiones: para que nuestros lectores reflexionen sobre estos y con ello mejore la cultura política y la política penal, en tiempos de exclusión social y marginalidad a partir del castigo penal.
Desde el punto de vista docente, no puedo estar más complacido al ver el producto de las discusiones en el aula de clases: la producción de mis estudiantes como resultado de un modelo pedagógico diverso, pensado para el sujeto y con el sujeto; en este caso, con la escritura académica como proceso epistémico en la construcción de conocimiento y formación personal participativa. Su trabajo es evidencia de la transformación que se puede conseguir al ejecutar la propuesta de trabajo pedagógico que he venido desarrollando desde mi ingreso a la Universidad como profesor de carrera, y desarrollada como proceso de investigación en la línea de trabajo sobre educación jurídica y enseñanza del derecho. Dicha transformación puede dar frutos tangibles y proyectar formas para el mejoramiento de la gestión del conocimiento penal en nuestra formación, cultura jurídica y grupo de investigación.
Esto me motiva a seguir adelante con la iniciativa de impulsarlos, de alentarlos a que investiguen, escriban y, con ello, aprendan y produzcan en su propio proceso de investigación y escritura académica. Mi deber como docente es motivarlos a que desde muy jóvenes cultiven las artes y el saber; en esta oportunidad la lógica, la gramática y la dialéctica. A través de sus escritos tienen mucho que mostrarnos y enseñar de su pensamiento, reflexión y esfuerzo.
De manera que mi reconocimiento es para ellas y ellos, mis estudiantes, quienes, a partir de su esfuerzo personal, han logrado crecer y construir en sí mismos ese monumento al conocimiento y creación en el que se han convertido, el cual, sin duda, seguirán puliendo en su trasegar profesional y de investigación.
Finalmente, este trabajo colectivo también contó con el apoyo del programa de la Dirección Académica de la Universidad Nacional denominado Programa de Lectura y Escritura Académicas, LEA en la UN, en especial con la tutoría de Juan Sebastián Cadavid Berrío y Linda Sofía Ordóñez Villa, a quienes extendemos especial agradecimiento.
Como docente fundador de un pequeño grupo de investigación, hoy me asomo con ellos a mirar el horizonte, con la ilusión de un mundo mejor y diferente y con la seguridad de que los hombros de mis estudiantes también son hombros de gigante.
ESTANISLAO ESCALANTE BARRETO
Profesor e investigador asociado
Escuela de investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal
y Política Criminal Luis Carlos Pérez (Polcrymed)
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia
Salamanca (España), julio de 2019
CARLOS ARIEL BAUTISTA GONZÁLEZ*
I. BATMAN: HÉROE DE SU TIEMPO
Resumen
El cine se ha consolidado como uno de los fenómenos más representativos de las actuales sociedades de consumo, pues es una de las formas de satisfacción del ocio más comunes con las que cuentan las personas: es capaz de viajar con facilidad en el hemisferio occidental y cuenta con una industria internacional consolidada, capaz de llevar las películas prácticamente a cualquier parte con unos costos relativamente bajos. Por tal motivo, vale la pena preguntarse si existe una relación entre el cine y la política criminal y cómo es esta relación. Como se sustentará a lo largo del presente capítulo, la relación entre cine y política criminal se encuentra basada en las relaciones de producción de la sociedad capitalista contemporánea, que no solo transforman la manera en la que los sujetos interactúan en la sociedad, sino también la jerarquización de los valores sociales. Para esto, se toman como ejemplo las películas de Batman dirigidas por Christopher Nolan: Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, debido a que Batman es una de las figuras más icónicas de la cultura de masas occidental, tanto en el cine como en las series de televisión y en los cómics, pues estos productos culturales son consumidos desde la infancia y adolescencia y, por ello, pueden influenciar su proceso de aprendizaje desde edades tempranas y su percepción acerca del delito.
