en 2010 el Documento CONPES 3673 que sienta de manera oficial la política nacional de prevención de reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley, de la que se desprenden más de 18 Planes de Acción (con apropiación de recursos) de las entidades del Estado, que tienen alguna responsabilidad en la prevención del reclutamiento y en la protección de las y los adolescentes que han abandonado los grupos armados ilegales, como es el Programa de Atención Especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde 1999 y hasta 2013 ha atendido, como ya se anotó, el proceso de desvinculación de más de 5.000 hombres y mujeres menores de 18 años y el diseño del programa conjunto de reparación integral para menores de edad gestado por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del conflicto armado.
Sumado a lo anterior, en 2005 se dio inicio al proceso de desmovilización de los llamados grupos paramilitares regulado por la Ley 975, procesos de desmovilización que en algunos casos entregaron para la protección del Estado un número importante de menores de edad y en otros casos, menores de edad que fueron regresados a sus entornos familiares. En virtud de la aplicación de la citada Ley de Justicia y Paz, se dictó la primera sentencia contra un reclutador de menores de edad en Colombia, alias el Alemán, quien confesó el reclutamiento de 309 menores de edad y por dicha causa y otros delitos de gravedad fue condenado a ocho años de pena privativa de libertad. En esta Sentencia (diciembre 16 de 2011) se ordena al Gobierno nacional diseñar un programa de reparación integral al grupo de jóvenes que fueron víctimas del delito de reclutamiento cometido por Rendón Herrera en coordinación con la Unidad Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas.
Al tiempo que todo esto pasaba en Colombia, el mundo celebraba en septiembre de 2013 la ratificación por parte del Tribunal Especial para Sierra Leona de la primera sentencia a 50 años de prisión (dictada en abril de 2012) por crímenes de guerra, incluido el reclutamiento forzado de menores de edad, contra Charles Taylor expresidente de Liberia (África) por delitos cometidos durante la guerra de Sierra Leona entre 1991 y 2002.
En este rápido panorama expuesto, relacionado con la cantidad de acciones jurídicas y de política que han sido adoptadas por los diferentes sistemas de protección internacional de derechos humanos, incluida la normativa penal y por los países en particular como el caso de Colombia, puede observarse que no han sido pocos los esfuerzos emprendidos para prevenir el reclutamiento de niños y niñas y para poner en marcha programas de restablecimiento de derechos y de protección, así como de reparación integral, sumado a todo un bloque de leyes en las mismas materias.
Pero, con tantas tareas realizadas como las normativas, las de adecuación institucional, las de prevención y de protección integral entre otras, sumado a las sentencias dictadas y a las que vienen en camino contra reclutadores de menores de edad, todavía es largo el camino que falta recorrer. En un análisis pormenorizado de las acciones que se han definido en favor de otros grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, resulta claro que son los niños y niñas víctimas de reclutamiento ilícito por quienes con mayor ahínco han luchado las instituciones del Estado, de la Cooperación Internacional y de la Sociedad Civil. Sin embargo persiste de manera reiterada su reclutamiento y utilización por los grupos armados ilegales y ahora por las bandas criminales (no obstante tener esta modalidad de utilización de menores de 18 años la tipificación de un delito común con sanción severa).
Es precisamente en el relato de las historias narradas en este libro en donde se comprueba que la lucha para prevenir los riesgos y las amenazas contra los derechos de los niños y las niñas demanda trascender la formalidad de la norma para asegurar un goce efectivo de derechos y sobre todo para que adultas y adultos tomemos con seriedad la obligación que tenemos para protegerlos del acecho de sus vulneradores. Por eso la invitación es a hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo hasta el momento. Ya contamos con marcos legales e institucionales con capacidad de actuación inmediata; ahora falta caminar hacia afuera, hacia donde viven y transcurren sus días de soledad e inseguridad. El reto es tejer redes, volvernos cada una y cada uno un nodo de protección, el reto es reportar a las autoridades competentes la sola sospecha de que un niño o niña está siendo amenazado en sus derechos, maltratado o abusado, el reto es reportar la no asistencia escolar y la falta de entornos de protección.
Pero no es tiempo de desfallecer, al contrario, es tiempo de promover aún más de lo que se ha hecho hasta ahora; es tiempo de entrelazar esfuerzos que de alguna forma se han emprendido de manera aislada. Intentemos ahora articular todo lo que se ha hecho para multiplicar las fuerzas. La gran tarea es hacer que normas, instituciones, políticas y programas se encuentren en puntos concordantes con las realidades que viven día a día niñas, niños y adolescentes. Y mientras eso es posible, porque debe ser posible en el presente inmediato, aceptemos la invitación que Pilar Lozano nos hace a recorrer las historias de vida de estos protagonistas con nombre, y de los miles de niñas y niños anónimos por quienes habla de manera impecable la autora.
Beatriz Linares*
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
