debido a que los planes de desarrollo de los ámbitos federal, estatal y municipal tienen vigencia por periodos políticos cortos (de tres o seis años), lo que provoca graves discontinuidades en el seguimiento de este y otros temas. Dicho de otro modo, los logros, cuando se dan, en la mayoría de los casos duran lo mismo que una administración, pues en la siguiente se debilita lo ya hecho, queda en el olvido o se sustituye con algo nuevo que termina rompiendo los ciclos de las iniciativas.
A pesar de que se han elaborado o actualizado planes de educación ambiental estatales y municipales, sobre todo para ajustarlos a las condiciones de cambio climático, y se han creado órganos vinculados a este campo, no es frecuente que lleguen a su etapa de aplicación, seguimiento y evaluación; de hecho, se les destina muy escaso presupuesto y personal capacitado, lo que se refleja a la postre en su reducida penetración en la sociedad. Además, los métodos que se emplean son en parte causa de planes poco viables, pues existe una tendencia generalizada a partir de situaciones deseables y no de la realidad del contexto político y financiero. En el mejor de los casos, se le supedita al rol de herramienta para la sensibilización, la capacitación o la concientización, por lo que el papel propiamente educativo queda en un plano muy restringido.
Por si fuera poco, los educadores ambientales que se encuentran en las instituciones de gobierno se ven supeditados a tomadores de decisiones que no pocas veces muestran desinterés o desconocimiento profundo en el campo de la EDS. En este contexto, la transversalidad ambiental en la estructura gubernamental sigue siendo mucho más un pendiente que una realidad.
Finalmente, de acuerdo con las opiniones vertidas por los educadores ambientales entrevistados, los factores limitantes de mayor peso para que la EAS se incorpore con toda la plenitud deseada en los planes y programas de gobierno y en la legislación, pueden sintetizarse así: i) no es valorada su importancia por los funcionarios y representantes populares; ii) el enfoque predominante de la EAS no es el más pertinente, pues queda en un plano superficial; iii) no se logra una adecuada transversalización ni coordinación entre actores gubernamentales; iv) los gobiernos operan con la lógica de “la sana distancia y el contraste” con la administración saliente y, por tanto, los planes anteriores se minimizan o se olvidan; v) los alcances prácticos han sido limitados o no se han visibilizado suficientemente; y vi) la EAS se expresa en documentos pero no se aplica en la misma medida, sobre todo porque no se le brinda los recursos materiales y humanos necesarios. Lo anterior evidencia que la EAS impulsada desde las instancias oficiales ha permeado de manera limitada en la formación de una ciudadanía que impulse y le dé seguimiento a lo realizado, sin importar las transiciones de gobierno; los resultados más relevantes han provenido de las iniciativas civiles.
Esfuerzos de cooperación y financiamiento para programas y proyectos de la sociedad civil y de coordinación interinstitucional
En el Plan de Acción Internacional para el Decenio se insta a los gobiernos y a otros eventuales donantes a determinar los recursos disponibles y las necesidades existentes en la EAS dentro de su jurisdicción, a reasignar parte de los recursos y a encontrar la forma de ampliarlos.
Para el caso de México, evaluar esa recomendación presenta dificultades. De entrada hay que señalar que este tema de la cooperación y el financiamiento ha sido poco abordado en los estudios de la EAS en el país. Por otro lado, en el gobierno federal y de los estados se ha brindado, aunque de manera muy irregular, una multiplicidad de apoyos de muy diversos tamaños para acciones o proyectos educativo-ambientales. Por tal motivo, sólo se tienen aproximaciones cualitativas, más derivadas de la percepción que de una cuantificación de las inversiones que se han realizado en los últimos tres lustros, exceptuando los montos que manejó el Cecadesu, los cuales sí están debidamente documentados.
Por otra parte, en la medida en que en nuestro país la EAS se ubicó más en las políticas ambientales que en las educativas, indujo a que las experiencias que mayormente recibieron apoyo para proyectos operativos fueron las que se realizaron en la modalidad no formal. En este sentido, el subsidio a proyectos de EAS tiene antecedentes desde los años ochenta, principalmente para organizaciones civiles que impulsan iniciativas no formales y que han recibido apoyo de organismos financieros internacionales de Norteamérica y Europa. Dichos apoyos permitieron la generación de proyectos ambientales concretos en distintos escenarios, particularmente rurales, pero a fines de los ochenta también favorecieron la participación en instancias y eventos internacionales. El financiamiento ha permitido, aunque hoy con menos recursos en que en los ochenta y parte de los noventa, la organización de redes de ambientalistas, e incluso de educadores ambientales, tanto a nivel latinoamericano como en el país; de hecho, esto no se repitió con la misma intensidad durante el periodo del DEDS.
Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los impactos fue que diferentes organismos de cooperación internacional y agencias ligadas al desarrollo retiraron o disminuyeron drásticamente sus apoyos financieros al país. Esto fue consecuencia de que el gobierno federal propagó que nuestra nación estaba en tránsito a incorporarse al primer mundo. En tal situación, instancias gubernamentales del país asumieron tareas financiadoras, pero sin las características de los organismos cooperantes del norte, especialmente europeos, es decir, aportando menos recursos, sin la idea de construir actores sociales, sin generar institucionalidad y sin apoyar procesos sociales, restringiéndose más bien a acciones operativas específicas.
Fue así que durante el DEDS parte importante de los subsidios a los programas de educación ambiental provinieron de organismos federales y estatales encargados de la política social, muchas veces a través de concursos, pero también de aquellos responsables de la política ambiental, de manera particular del Cecadesu de la Semarnat. No pueden dejar de mencionarse los proyectos del Banco Mundial y de financiadoras privadas como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza o la Fundación Río Arronte, que invirtieron sumas considerables en proyectos ambientales, en los que la educación tenía un peso importante.
Se han impulsado también esfuerzos de coordinación interinstitucional, como ocurrió con distintos órganos en los estados y regiones, por ejemplo, los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable a nivel nacional y regional. En 1995 se publica el Acuerdo de Creación del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable y en el 2011 se publica un nuevo acuerdo por el que se crean los CCDS de la Semarnat. Estos órganos, además de dictar recomendaciones a los gobiernos, realizaron esfuerzos de coordinación para proyectos ligados al medio ambiente, entre ellos los educativos, aunque no de manera prioritaria.
Por otro lado, los entrevistados reportaron sinergias en casi todos los estados, en las que participan toda clase de organismos, procesos en los que se le dio importancia a la ciudadanía organizada como ejecutora y a los gobiernos y organismos privados como financiadores. La iniciativa privada también ha brindado apoyos, sobre todo las empresas que impulsan una política denominada mercadotecnia verde, que tiene como intención central generar una imagen empresarial de ser socialmente responsable.
Por su parte, el voluntariado social también ha estado presente en un número importante de experiencias, mostrando que hay población dispuesta a incorporarse de manera desinteresada, siempre y cuando haya liderazgo y se le motive adecuadamente, sin dejar de reconocer que en México no existe aún una cultura del voluntariado medianamente sólida, lo que representa un reto, dado que la presencia de la cooperación voluntaria en la sociedad no sólo reduce costos en la solución de problemas, sino que representa una expresión de madurez ética y política.
Limitaciones en la cooperación y el financiamiento de los actores sociales
La información recabada entre educadores ambientales para elaborar el presente documento muestra con claridad que la cooperación y el financiamiento se han dado de manera desigual entre los estados del país, lo que refleja una evidente carencia de política de Estado. Como consecuencia, se genera como común denominador la insuficiencia financiera para emprender proyectos en la escala requerida con el fin de enfrentar con éxito las carencias educativo-ambientales
