excesivo”, a su vez derogada por la Resolución 763 de 2016 por superarse la situación de escasez hídrica y dejándose de aplicar las medidas desincentivadoras.
Por su parte, la Resolución 1257 de 2018 “por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015” no prevé ninguna norma específica relacionada con incentivos económicos para fomentar en los usuarios de los servicios públicos domiciliarios el uso racional y responsable del agua, como sucede con el reciente Decreto 1090 de 2018, “por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones”.
En definitiva, se observa que los incentivos económicos al consumo responsable de agua en relación con los usuarios de servicios públicos domiciliarios se circunscriben temporalmente a épocas de crisis hídrica, y no constituyen medidas permanentes.
b. INCENTIVOS AL CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
La Ley 697 de 2001, “mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones”, declara el
Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
Así, la ley dispone que el Estado debe establecer las normas y la infraestructura necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos previstos en ella,
… creando la estructura legal, técnica, económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas alternativas de energía.
En su artículo 6.º la ley establece una obligación especial para las empresas de servicios que generen, suministren y comercialicen energía eléctrica y gas, “de realizar programas URE para los usuarios considerando el aspecto técnico y financiero del mismo y asesorar a sus usuarios para la implementación de los programas URE que deban realizar en cumplimiento de la presente ley”. En ese sentido, cabe entender que las empresas se deben comprometer a fomentar entre sus usuarios el uso racional de la energía; sin embargo, la metodología y el alcance de los programas referidos por la ley no quedan definidos, dejando por tanto un amplio margen de acción para las empresas. La falta de definición puede ser una de las razones por las cuales ni la ley ni los objetivos propuestos por ella son de amplio conocimiento entre los usuarios.
También es preciso subrayar que la Ley 697 de 2001 impone a las empresas de servicios públicos que presten servicios de energía eléctrica y gas el deber de imprimir “en la carátula de recibo de factura o cobro, mensajes motivando el uso racional y eficiente de la energía y sus beneficios con la preservación del medio ambiente” (art. 8.º). De acuerdo con lo anterior, y a manera de ejemplo, las facturas expedidas por la empresa suministradora de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá no cumplen esa obligación legal.
El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con las entidades públicas y privadas pertinentes, debe diseñar, como dispone la ley comentada, estrategias para educar a la ciudadanía, y fomentar el uso racional y eficiente de la energía con base en campañas de información utilizando medios de comunicación masiva y otros canales idóneos. Se trata de un aspecto muy importante para involucrar a los ciudadanos consumidores de energía en el uso sostenible, pero en ese sentido aún faltan estrategias más efectivas que garanticen mayor difusión entre la población.
Aparte de la investigación, la educación y el reconocimiento, el artículo 7.º de la Ley 697 de 2001 introduce incentivos y sanciones “de acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales, de acuerdo a las normas legales vigentes” (art. 7.4). Esta disposición específica fue desarrollada por el artículo 1.º del Decreto 2225 de 2010[11], aunque no de forma integral y amplia, que estableció como incentivo “el otorgamiento de Menciones de Honor a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que hayan contribuido con el fomento y promoción del Uso Racional y Eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales”. Así, el incentivo introducido no es de carácter económico ni tiene incidencia directa en el consumo responsable de los servicios públicos domiciliarios.
Motivada esencialmente por el fenómeno de El Niño, mediante la Resolución 029 de 2016 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRAG) adoptó como incentivo económico un esquema de tarifas diferenciales que deberían aplicar los comercializadores minoristas en el sistema interconectado nacional para promover el ahorro voluntario entre los usuarios pertenecientes al mercado regulado. El mecanismo consistía en otorgar mensualmente un incentivo a quienes consumieran por debajo de su meta de ahorro individual, y aplicar un valor adicional para aquellos cuyo consumo excediera dicha meta. Así, se aplicaba tanto un incentivo por el ahorro como un desincentivo por el exceso en el consumo de la energía. La norma tuvo una vigencia de seis meses, y los resultados positivos fueron palpables, por lo que se plantea la conveniencia de hacer permanente ese tipo de medidas.
Otra norma que hizo énfasis en la necesidad de fomentar el consumo responsable fue el Decreto 3683 de 2003, mediante el cual el Ministerio de Minas y Energía podía contar con la participación de los distintos agentes, públicos y privados de cada una de las cadenas energéticas con el fin de orientar la promoción del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales (PROURE):
[…] Propender por la utilización del gas natural en el sector residencial, industrial, comercial y vehicular, de manera que se dé cumplimiento a unas metas de demanda, que establecerá el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía no Convencionales, PROURE, para ser logradas en forma gradual (art. 12d).
Recientemente la UPME presentó una propuesta de medidas de eficiencia energética con el fin de promover incentivos en el sector residencial en la que planteó otorgar incentivos tributarios tales como suprimir el IVA y deducir la renta líquida, cuando aplique, de los medidores de energía bidireccionales, así como implementar sistemas modernos de medición (avanzada o inteligente). También propuso como incentivos disminuir el impuesto predial durante los primeros tres o cinco años de funcionamiento de edificaciones con certificación energética o ambiental reconocida (LEED, EDGE, HQE, etc.), y la “exclusión de IVA y deducción de renta líquida, esta última cuando aplique, por tipo de equipo de uso final” para sustituir refrigeradores domésticos de baja eficiencia por refrigeradores de alta eficiencia para los estratos 1, 2 y 3; instalación de equipos de aire acondicionado de alta eficiencia; motores eléctricos de eficiencia alta, premium o súper premium; estufas de inducción y sus baterías de cocina asociadas; pinturas atérmicas; extractores eólicos; películas reflectivas en las ventanas; estrategias de acondicionamiento ambiental por medios naturales; sistemas fotovoltaicos residenciales y Sistemas Solares Térmicos (SST) (Ministerio de Minas y Energía y UPME, 2016: 101).
Con todo, es preciso considerar los objetivos que se proponen las normas comentadas en el contexto general del país. Si bien, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN) destaca que la matriz energética del país ocupa en la región la cuarta posición en cuestiones ambientales y emisiones de GEI, y la octava en confiabilidad, unas 470.000 viviendas no tienen acceso al servicio de electricidad. Según el plan
