anteriormente de la toma de conciencia en España, o también en Italia, sobre la evolución de la situación en el vecindario sur, pero en la UE como tal y entre la mayoría de sus Estados miembros la toma de conciencia sería algo más tardía: en 1999 el Consejo Europeo de Tampere ya incluyó un punto en el orden del día dedicado específicamente a la cuestión migratoria, pero no ha sido hasta los últimos años, y gracias a la llegada masiva de migrantes irregulares a suelo europeo que el tema está ya en las agendas de las reuniones.
Hasta que la cuestión migratoria empezó a hacerse central, los diversos marcos y foros de cooperación interestatal en la región mediterránea —con la Declaración de Barcelona y su Plan de Acción, de 28 de noviembre de 1995, euromediterránea— habían ido incluyendo en sus agendas referencias a esta de forma progresiva. Nos referimos aquí a la cooperación informal en el Mediterráneo Occidental denominada 5+4, primero, y 5+5, después, en hibernación desde 1994 pero reflotada en 2000, o, ya a fines de la década, en la primera Cumbre UE-África, celebrada en El Cairo en 2000 y que abrirá, aunque lentamente un proceso que llega hasta la actualidad.[6]
En la primera década del siglo xxi la cuestión migratoria pasará ya a ser central, en los foros ya citados y en otros. En noviembre de 2004, Argelia presentó en Orán una iniciativa, dentro del marco del Grupo 5+5, para llevar adelante una acción colectiva frente a la creciente migración irregular, aunque sin éxito, y lo hacía porque las autoridades de Argel, país árabe y africano con vocación panafricana y desarrollista durante décadas, había tenido que expulsar ese mismo año 2004 a más de 6000 inmigrantes subsaharianos que habían atravesado irregularmente sus fronteras meridionales para alcanzar sus costas mediterráneas y, desde ellas, Europa.
[1] El último Estado en incorporarse al tratado fue Liechtenstein. Vid. «Schengen, a prueba», Básicos de Política Exterior, 1 de abril de 2016 [disponible en: http://www.politicaexterior.com/actualidad/basicospolext-schengen-a-prueba/]. Los Estados miembros de la UE que no pertenecen a Schengen son Bulgaria, Chipre, Croacia, Irlanda, Reino Unido y Rumanía. No son miembros de la UE y sí miembros de Schengen—aparte de Liechtenstein— Islandia, Noruega y Suiza.
[2] Olesti Rayo, A. (2016). La crisis migratoria y la reinstauración de los controles de las fronteras interiores en el espacio Schengen, Revista Española de Derecho Internacional (REDI), vol. 68, n.º 1, p. 244.
[3] Eso no impidió que se dieran algunos casos que bueno es destacar como antecedentes muy lejanos. Fue en 1995 cuando llegó a la costa canaria la primera barca con irregulares, en la época algunos individuos que huían de la inestabilidad generada en África Occidental por guerras como las que sufrían Liberia y Sierra Leona.
[4] Echeverría Jesús, C. (2014). Análisis del futuro de los riesgos y las amenazas para la seguridad nacional de España, en C. R., García Servert, (coord.), Perspectivas para el desarrollo futuro de la estrategia nacional de seguridad, Madrid: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)-Documentos de Seguridad y Defensa n.º 63, p. 50. [disponible en: http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros/063_PERSPECTIVAS_PARA_EL_DESARROLLO_FUTURO_DE_LA_ESTRATEGIA_DE_SEGURIDAD.pdf]
[5] Níger perdió tan solo en 2003 el 15 % de sus cosechas.
[6] El Grupo o la Iniciativa 5+4 incluía a los cinco Estados del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) y a los cuatro Estados del llamado «arco latino» —España, Francia, Italia y Portugal— al que en 1991 se le uniría también Malta.
3. Las primeras medidas de respuesta con particular
atención a España
Los primeros años de la década de los 2000 irían viendo aparecer iniciativas varias destinadas tanto a tratar de poner freno a los crecientes flujos de irregulares como a definir las raíces del problema y posibles fórmulas de solución al mismo. Y tales iniciativas no solo venían de las autoridades nacionales, sino también de organizaciones internacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales (ONG). Destacaremos en este arranque el papel de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), nacida en 1951 y que cuenta hoy, en 2016, con 160 Estados miembros.
En 2005, Armand Roussselot, director para África Occidental y Central de la OIM, hablaba de redes de tráfico y trata operativas en Gao (Malí) y Agadez (Níger), y de unas bolsas de 30 000 individuos en espera para dar el salto a Europa a través de España, y ello aparte de cifrar en 10 000 los marroquíes y en 20 000 los argelinos en idéntica situación. En aquel año y en el Sahel más de 5 millones de personas estaban en peligro de morir de hambre, la mayoría de ellos en Malí, Níger, Mauritania y Burkina Faso. Son estas cifras crudas que sorprenden a Europa ya a mediados de la pasada década, cuando la UE acababa de celebrar su mayor ampliación de la historia —con diez nuevos socios desde 2004— y que veía la emergencia de guerras en su vecindario, pero aún estas no tenían una incidencia directa, y, por tanto, preocupante, en el devenir comunitario.
La presión migratoria irregular vivida en España desde fines de los noventa y principios de los 2000 había llevado a reforzar las fronteras y los instrumentos para garantizar tal refuerzo, y a tratar de consolidar la cooperación con los vecinos, particularmente con Marruecos, Marruecos, que negociaba desde abril de 2003 un acuerdo de readmisión con la UE, hacía pública la detención a lo largo de dicho año de 23.851 irregulares subsaharianos, la mayoría procedentes de Guinea Conakry, Malí, Nigeria y Sierra Leona. En 2004 se lanzaban las patrullas mixtas Guardia Civil Española-Gendarmería Real Marroquí mientras se iba ampliando el refuerzo de las costas meridionales de la península extendiendo el esfuerzo al Archipiélago Canario. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) se consolidaría en Málaga, ampliándose a Granada desde diciembre de 2004 y luego llegaría a Canarias, arrancando en Fuerteventura y extendiéndose a Lanzarote. El esfuerzo español para cooperar con países terceros para controlar los flujos de inmigración irregular se extendían en aquellos momentos también a otros países, y en diciembre de 2004 España cedía la patrullera «Javier Quiroga» a Túnez para reforzar los medios del país magrebí.
Pero si alguna conclusión podemos extraer de lo dicho hasta ahora es que, en aquellos tiempos no tan lejanos, el desafío de los crecientes flujos de migrantes irregulares que llegaban a territorio europeo recibía una respuesta de la mano del país de llegada que procuraba controlar la situación lo mejor que podía, pero que pronto intentó contar también con otros socios de la UE y con esta como tal.
La presión desde el Magreb y desde África Subsahariana no dejaría ya de intensificarse desde mediados de la pasada década, siendo particularmente visible en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Ceuta, frente a 30 irregulares detenidos entre enero y agosto de 2004, serían 135 los detenidos en el mismo período de 2005. En Melilla, entre enero y agosto de 2005 hasta 10 936 personas trataron de saltar la valla.
En España el Consejo de Ministros aprobaba el 21 de octubre de 2005 el nombramiento de Jesús Atienza Serna como embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios y autorizaba la firma del Acuerdo de Readmisión
