o en busca de seguridad. Los taxis acuáticos, conocidos como ‘chalupas’, y las canoas con motores fuera de borda, conocidas como ‘johnsons’, zumban y saltan por todo el río Magdalena a la sombra de la refinería de petróleo más grande de Colombia. Terraplenes de concreto se extienden por dos kilómetros a lo largo de la orilla. Antes de llegar a la ciudad, embarcaciones originarias de Puerto Wilches, Cantagallo, Puerto Berrío, Simití u otras pequeñas poblaciones pueden ser sometidas a requisas por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, por paramilitares o por guerrillas. Barrancabermeja es la capital no oficial de una región rica en recursos y asediada por la guerra, conocida como el Magdalena Medio. Este es un territorio de tierras bajas, cálidas y húmedas, que se extienden por unos 30 000 kilómetros cuadrados e incluye siete departamentos de Colombia.1 A pesar de que en el Magdalena Medio se produce una gran cantidad de riqueza, se calcula que hasta un 70 % del millón de residentes de la zona vive en la pobreza, casi el doble del promedio nacional.2 Desde mediados del siglo XX, el Magdalena Medio ha sido escenario de operaciones de insurgencia y contrainsurgencia. Las dificultades económicas y la violencia han llevado a miles de personas a abandonar en forma permanente las zonas rurales.
Mapa 1. Norte de Colombia, con cifras de población de las principales zonas urbanas. Circa 1905
Figura 1. El Cristo Petrolero, símbolo de Barrancabermeja
Fuente: fotografía del autor.
En un retén de la Armada justo al norte de la refinería, los viajeros son interrogados y registrados por soldados jóvenes. Desde ahí hay un corto viaje hasta el muelle municipal. Los migrantes pueden dirigirse desde la zona del puerto, a través de un centro comercial de la ciudad bastante congestionado, pasando ante filas de apartamentos modestos. En la vía, pueden dar un vistazo al Cristo Petrolero (véase la figura 1), una escultura de Cristo, en hierro, de 26 metros de altura, con sus manos elevadas hacia el cielo, erigida en 1995 en la ciénaga Miramar, la laguna que separa a la refinería del centro de Barranca. Buses municipales y motocicletas resuenan al pasar por la sede principal del sindicato de los trabajadores del petróleo y al cruzar la vía férrea hacia los barrios populares de la ciudad que se expanden cada vez más. Los barrios orientales, que una mayoría de barranqueños llama su hogar, consisten principalmente en pequeñas cabañas de concreto, con grupos de casuchas de madera ensambladas más recientemente en la periferia. El terreno del otro lado de la vía férrea, de lo que se conoce como el puente elevado, está desnivelado, es de un verdor sorprendente y está físicamente aislado de la ciudad más próspera, construida con las ganancias de la industria del petróleo.
Desde principios del siglo XX, Barranca ha estado conectada con Bogotá y con el mundo exterior por vía aérea. Cuando uno llega en avión, lo primero que lo sorprende es el calor. La humedad llena la cabina de los aviones Fokker 50 de doble turbina de la aerolínea Avianca, a medida que se desciende hacia el exuberante valle. Barranca tiene una temperatura promedio de 30 °C, pero el mercurio a menudo sobrepasa los 45 °C al mediodía. A diferencia de las zonas costeras de Colombia, el aire de Barranca es caliente y espeso. Está ubicada a 500 kilómetros de distancia del mar. Casi nunca hay brisa y las hojas penden inmóviles de los árboles. El río Magdalena, rugiente y colmado de sedimento, ofrece muy poco alivio. Desde la llegada de la Jersey Standard en 1919 han estado viniendo a la capital y otros lugares administradores e ingenieros que vienen a trabajar a la industria petrolera. Bajo el control del gobierno central desde 1961, Barranca ha seguido siendo el centro industrial más importante de país. Hasta las últimas décadas del siglo XX la ciudad pasó de ser uno de los principales lugares del conflicto armado y de la represión oficial a ser un centro de activismo social. Desde esa época, al personal de la compañía petrolera se han unido pequeños grupos de trabajadores de derechos humanos en sus vuelos a Barranca.
Viví en Barrancabermeja desde enero hasta diciembre de 1998. En esa época trabajaba como voluntario con las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), una organización de derechos humanos fundada sobre los principios de la no violencia que, desde 1981, apoya movimientos populares amenazados en América Latina. A veces se nos ha descrito como “guardaespaldas desarmados” y nuestro trabajo consistía primordialmente en acompañar a defensores de derechos humanos en sus rondas cotidianas.3 Nosotros pasamos muchas horas en las oficinas locales de organizaciones de derechos sindicales y de derechos humanos. Cuando un activista recibía amenazas de muerte directas pasábamos las 24 horas del día a su lado. También emprendimos con regularidad viajes en busca de información a poblaciones a lo largo del río Magdalena. En todos los lugares a los que fuimos había ciudadanos comunes y corrientes, sacerdotes, sindicalistas, organizadores campesinos, abogados, concejales municipales y maestros de escuela que conformaban una red regional de activistas de derechos humanos.
Mientras estuve en Colombia me reuní con frecuencia con oficiales de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada involucrados en el trabajo de contrainsurgencia. Algunos de estos encuentros tuvieron lugar en pequeñas poblaciones, en refugios, mientras había intercambio de disparos con otra fuerza. Soldados jóvenes nos dijeron que debían viajar en parejas y totalmente armados para hacer el corto viaje atravesando la ciudad para llamar a sus familias y a sus novias desde la oficina local de Telecom. También me reuní con oficiales de alto rango, como el general Fernando Millán, quien fuera acusado de organizar fuerzas paramilitares y quien fue comandante de la Quinta Brigada del Ejército colombiano en la ciudad de Bucaramanga. A medida que él hablaba con enojo de los activistas de derechos humanos de Barranca y denunciaba a individuos por su nombre como bandidos y subversivos, yo observaba en la pared detrás de su escritorio lo que parecía ser una foto de él posando con el dictador chileno Augusto Pinochet. En momentos como ese, los peligros del trabajo en derechos humanos se hicieron mucho más que evidentes.
En la noche del 16 de mayo de 1998, un grupo grande de hombres armados, vestidos con uniforme militar, asesinaron a siete personas y secuestraron a otras 25 en Barrancabermeja. Miguel, un voluntario de las Brigadas proveniente de España, nos llamó para darnos la noticia. En ese momento, él estaba acompañando a Osiris Bayter, la entonces presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Los detalles aún no eran claros y nadie sabía exactamente cuánta gente había sido asesinada. Nuestros temores e incredulidad fueron alimentados por rumores y por desinformación. La lista de muertos, hombres y mujeres jóvenes, era actualizada de boca en boca. Durante la semana siguiente, Barranca fue escenario de la mayor protesta en toda una generación. Pasamos cinco días con sus noches acompañando a los activistas de distintos grupos locales, en tanto ellos permanecían en vigilia en las barricadas que habían levantado en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. Turnándonos en la oficina de las Brigadas de Paz escribimos informes sobre lo que estaba ocurriendo y los enviamos a grupos de derechos humanos alrededor del mundo, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Comité Inter-Iglesias Canadienses Pro Derechos Humanos en América Latina.
La masacre del 16 de mayo y el paro cívico que tuvo lugar en consecuencia ocurrieron en una época en la cual los activistas de derechos humanos en Colombia estaban adquiriendo un perfil internacional cada vez mayor como críticos de la revitalizada guerra de las drogas de Estados Unidos. Antes de los ataques terroristas al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, Colombia era una de las principales preocupaciones de la política exterior del gobierno estadounidense. En junio del año 2000, un paquete de ayuda militar de 1300 millones de dólares fue aprobado por el presidente Bill Clinton tras más de un año de debate público. Los grupos de derechos humanos buscaban impedir el llamado Plan Colombia, al exponer los
