sea lo suficientemente grande como para proporcionar beneficios adecuados o pueda ampliarse por identificación y denominación de nuevas “enfermedades” para el tratamiento, una práctica que es denominada en inglés como disease mongering por sus críticos, que se podría traducir como ‘alarmismo por supuestas enfermedades’) que explorar causas sociales y ambientales determinantes de enfermedad.
Cuando el líder liberal de Québec Jean Charest dijo que él quiere dar a “una pareja que desea niños… toda la ayuda posible” y que él planea asignar 35 millones de dólares anuales para cubrir los costos de fertilización in vitro, el epidemiólogo Abby Lippman expresó que si estuviera realmente preocupado por una baja tasa de natalidad, debería afrontar las razones sistémicas en lugar de intentar comprar votos “maternales” financiando tecnologías para las parejas individuales, que permanecen insuficientemente reguladas y supervisadas.
“Encarar determinantes sistémicos de una baja tasa de natalidad lo comprometería, por ejemplo, a eliminar riesgos ambientales para la fecundidad, garantizar las condiciones de trabajo y programas de guarderías de primera clase que permitieran a las mujeres equilibrar el trabajo remunerado y no remunerado, facilitando a las mujeres tener acceso precoz y completo a prestaciones médicas de atención primaria de salud y garantizar la renta básica y las condiciones de vivienda necesarias para la salud de los padres y sus niños.”14
Como debería quedar claro a esta altura, mi argumento es que designar algo como un derecho, lo acota a un reclamo individual, lo que reduce la solidaridad social, la identidad comunitaria y la apreciación del bien público. Se convierte en una cuestión del individuo, incluso en la forma de una Corporación, que presenta reclamos contra el Estado y pide o exige que el Estado reconozca esos reclamos. Así, mientras que una persona puede apelar desde los fundamentos de los derechos humanos para limitar el poder del Estado que detiene arbitrariamente a un ciudadano como una “amenaza a la seguridad”, el Estado puede negar el argumento de los derechos humanos en nombre de la seguridad pública, es decir, la seguridad del Estado, que puede significar, en la situación actual de los asuntos, seguridad corporativa. Al mismo tiempo, una Corporación o su organización de lobby va a exigir que el Estado le conceda, por medio de licencias, el derecho a contaminar (como es el caso de las papeleras, las operaciones mineras y las actividades en campos petroleros y en las arenas de alquitrán), mientras hace caso omiso de las actividades extralegales de la Corporación en relación con la oposición pública a su accionar. Todo es una cuestión de quién tiene el poder. Al reconocerse al Estado, ya sea nacional, provincial o gobierno local como la única expresión institucional de lo público, por lo tanto, se está apelando a que juegue roles bastante contradictorios15.
Las personas, entonces, no solo no son públicas, sino tampoco ciudadanas en el sentido de personas públicas socialmente conscientes. Lo público es, por consiguiente, reconstruido en la forma de grupos focales de individuos cuidadosamente seleccionados y de individuos que representan intereses especiales e identificados como “partes interesadas”. El culto del individuo también está descaradamente manifiesto en la prensa empresarial, dando la impresión de que el apogeo o caída de las empresas depende exclusivamente de la capacidades personales de su director ejecutivo, aunque es evidente que un ejecutivo sin personal auxiliar es disfuncional, ni qué decir de una fábrica sin obreros, a pesar del hecho de que los trabajadores reciben en pago sólo un porcentaje muy pequeño de lo que el ejecutivo reivindica como merecido, ¡o su derecho!
La promoción y búsqueda de los derechos individuales o corporativos, por lo tanto, están obligadas a fragmentar una sociedad en los conflictos de intereses (ecos de la lucha de clases), destruyendo cualquier sentido de solidaridad y, en última instancia, el tejido de la sociedad misma.
“Esto es, entonces, el quid de la cuestión. El discurso de los derechos humanos sirve como un instrumento para la expansión patológica del liberalismo moderno y postmoderno y lo que le acompaña: el mercado libre capitalista”16.
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5 Rights and Democracy, Comunicado de Prensa, 22/10/08.
6 En 1991 un golpe militar derrocó el primer presidente democráticamente elegido de Haití, Jean-Bertrand Aristide luego que el primer Presidente Bush hubiera dedicado esfuerzos sustanciales para socavarlo y preparar los motivos para el golpe militar. EEUU, a continuación, apoyó inmediatamente a la junta militar y sus ricos partidarios en beneficio de las empresas de Estados Unidos. En 1995, Washington opinó que la destrucción de Haití había durado lo suficiente y el Presidente Clinton envió los Marines para derrocar a la Junta y restaurar el gobierno elegido. El Gobierno restaurado, sin embargo, fue obligado a aceptar un duro programa neoliberal, sin barreras para la exportación e inversión, dominadas por los EEUU.
7 Ver Noam Chomsky, ‘Humanitarian Imperialism: The New Doctrine of Imperial Right (Imperialismo humanitario: la nueva doctrina de derecho imperial),’ Monthly Review, Septiembre, 2008.
8 Libertario: una filosofía política que deposita un valor supremo en la “libertad” individual por sobre cualquier identidad o responsabilidad social o colectiva o cualquier reclamo hecho por el Estado. Hay expresiones libertarias de derecha e izquierda. La versión de derecha está expresada en el populismo norteamericano y en varias sectas religiosas fundamentalistas, mientras en la izquierda, las filosofías comunales y comunitarias, asociadas cercanamente al anarquismo, pueden exhibir tanto falta de confianza en la autoridad del Estado, así como un sentido fuerte de responsabilidad personal y comunitaria.
9 Cada vez que un soldado canadiense es asesinado en Afganistán hay un cúmulo de elogios por su heroísmo, sobre todo de la prensa corporativa, dejando de lado las dudas sobre el propósito o la legitimidad de la presencia canadiense en Afganistán.
10 “Dentist grits teeth...” Ottawa Citizen, 19/11/08.
11 Kelly Eagan, Ottawa Citizen, 26/6/09.
12 The Neocons’ Ownership Society,’ Le Monde Diplomatique, edición en inglés, Junio 2005.
13 La campaña presentada por el ex-Presidente de Estados Unidos George W. Bush para transformar el sistema de seguridad social en un programa de inversión individual (finalmente abortada) fue un ataque directo al concepto de solidaridad social y su sustitución individualista mediante-propiedad. “Basada en principios de solidaridad general y el riesgo compartido públicamente, la seguridad social es la parte más importante de lo que resta del sistema de protección social de EEUU.” Objeciones (al Programa de Bush) y contrapropuestas suponen que la administración Bush se ocupa de hacer más viable la seguridad social. Pero el objetivo principal es diferente: es el de socavar el compromiso de la lógica de la solidaridad de los ciudadanos y la gestión del riesgo público. En palabras de Bush: “Si alguien posee algo, tiene un interés vital en el futuro de nuestro país. Al haber mayor propiedad en América, mayor es la vitalidad en América y mayor cantidad de gente apostará virtualmente al futuro de este país.”
14 Abby Lippman, Globe&Mail, 24/11/08.
15 Ver Derechos y Estado, pág. 31
