en términos comparativos las experiencias contemporáneas en América Latina, porque la región ofrece un acervo excepcionalmente rico en este sentido. Desde una óptica más teórica, este enfoque subraya la irrealidad o irrelevancia de conceptos claves de una ciencia política “mecánica” y abre espacios para estudios más contextualizados, en los cuales la democratización aparece como un proceso multidimensional, de largo alcance histórico, sin una trayectoria única o predeterminada, sino que sigue un camino abierto a la renegociación y a la reconceptualización, que está siempre sujeto a impugnación y a la apropiación parcial.
En términos generales, lo que iguala los seis estudios aquí reunidos es una búsqueda por innovaciones institucionales capaces de llenar el vacío entre los ciudadanos y sus representantes, un vacío que a veces corre el riesgo de deslegitimar estructuras políticas que son formalmente democráticas, pero que a menudo no son vistas como tales. No se trata de un vacío uniforme y abismal, como tal vez fue el caso bajo los sistemas autoritarios; más bien se trata de una variedad de deficiencias representativas fragmentarias y perfectibles. Algunas de estas deficiencias surgen a nivel local y pueden ser parcialmente compensadas por mecanismos de participación presupuestaria, o por plebiscitos municipales, incluso a través de la revocación de mandatos. Pero, como se observa en los estudios de caso, estos remedios también sufren de sus propias ambigüedades democráticas (por ejemplo, las revocatorias son a veces convocadas por los partidos que perdieron las últimas elecciones y, por lo tanto, no reflejan un sentimiento generalizado de la ciudadanía, sino que forman parte de la lucha político-partidaria por “otros medios”). Las deficiencias también existen a nivel subnacional, como se observa, de manera variable, en la falta de transparencia en las tres entidades mexicanas analizadas por Alicia Gómez. En otros casos, las deficiencias pueden ser más bien sectoriales, y la solución, el establecimiento de defensorías del pueblo, como en el caso de Costa Rica. Aquí también encontramos posibilidades reformistas que tienen que adaptarse a las prioridades y las reglas informales de cada país o localidad, y que por su discrecionalidad llegan a atraer apoyo y generar expectativas populares, o bien estimular celos y resistencias burocráticas.
También a nivel nacional se emprenden iniciativas como la de la Comisión de Legislación Participativa en Brasil, la cual ofrece espacio para que las ONG promuevan sus objetivos y dialoguen con los legisladores. Pero, en este caso también, como se advierte en el capítulo correspondiente, este tipo de instrumento adicional de participación favorece ciertos intereses organizados, a costa de la no participación de otros grupos, por lo cual plantea nuevamente dudas sobre la amplitud de su contribución a la democratización. En ese mismo sentido, la ley federal para la reforma electoral mexicana de 2007 atenuó algunas deficiencias evidentes en la estructura reglamentaria que falló durante la estrecha lucha electoral presidencial de 2006, mas no generó una nueva legitimidad global. Fue una medida paliativa que dejó intacta —o que quizás agravó— la causa básica de insatisfacción del electorado mexicano con su sistema de representación política. Al final de cuentas, sigue de pie la “partidocracia”, los contrincantes no aceptan la lógica de “oposición leal” como elemento integral de la alternancia democrática, y los ciudadanos desconfían de sus gobernantes constitucionales.
Cuatro de los seis capítulos aquí incluidos se refieren a estudios de caso, específicamente nacionales, pero todos los trabajos son, por lo menos implícitamente, comparativos. El hecho es que la América Latina democrática de nuestros días constituye una “gran región” bastante interconectada, y también muy abierta a las corrientes y a los ejemplos internacionales.
Así que, como señala en particular el estudio de Osmany Porto de Oliveira, para entender el significado de una iniciativa participativa en un lugar dado (como Porto Alegre, Brasil), hay que analizar tanto el contexto específico y local, como el ambiente regional e incluso global. La recepción local se fortalece si se cree que el nuevo experimento tiene credenciales externas y posibilidades de ser reexportado. Así, Porto Alegre recibió apoyo progresista y prestigioso desde fuera, y también tuvo la satisfacción de proyectarse como una ciudad de “vanguardia iluminada” superior a sus vecinas rivales. De la misma manera, los demócratas costarricenses suelen envalentonarse y a la vez separarse de sus vecinos centroamericanos a través de este tipo de comparación.
En México, el éxito del IFE después de 1996 ofreció la oportunidad de proyectar un modelo de control de irregularidades en el conteo de los votos que, al menos durante una década, generó un grado de influencia y prestigio externo que hacía tabula rasa con su reputación internacional previa. En todos los campos investigados en este libro hay diálogo entre las corrientes teóricas globales y la experimentación democrática y las iniciativas latinoamericanas. Incluso las leyes de transparencia en las entidades federativas de México (que según Alicia Gómez no lograron convertirse en instituciones porque “la ley no pegó” socialmente) fueron producto de una ley federal que también derivó mucha de su fuerza del ejemplo internacional.
En su tesis doctoral (no incluida aquí), Thomas Pegram investigó la red de influencias por la cual una institución estrechamente confinada por un marco institucional global (el “ombudsman” de la democracia sueca) se transmitió, en primer lugar, a una democracia en vías de construcción (España) y, más tarde, con mayor carga simbólica y menos disciplina legal, se diseminó por casi toda América Latina. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica representa una etapa intermedia y medianamente institucionalizada, pero cuando esta institución “experimental” se adoptó en los Andes, se constató que las Defensorías del Pueblo de Bolivia y del Perú tienen que adaptarse a situaciones muy poco parecidas al marco original escandinavo.
Las defensorías encarnan las aspiraciones (incluso las frustraciones) de la masa ciudadana, que con buena razón quizás no crea que sus aparatos estatales respondan eficazmente a sus demandas, por muy urgentes o legítimas que sean. Este ejemplo confirma que más allá del “diseño institucional” tan fetichizado por la ciencia política que se basa en las teorías del “rational choice”, cuando se trata de procesos complejos, turbulentos y específicos de democratización, como los estudiados en este volumen, hay que tomar muy en serio los contextos históricos de cada país. Hasta cierto punto, las teorías y el análisis de la literatura del institucionalismo histórico y del análisis histórico comparado aceptan esto, pero la dialéctica entre los modelos interpretativos y las desarregladas experiencias concretas tienden a contradecir las expectativas (que son demasiado esquemáticas) y a socavar todas las prescripciones cerradas. En concreto, nuestros estudios de caso subrayan la centralidad de factores informales o extrainstitucionales, así como el hecho de que estos experimentos suelen ser “abiertos” (o sea, sin un resultado final y consolidado “de ahora en adelante”), y abren cajas de Pandora con consecuencias impredecibles y poco controlables.
Pero si todas estas iniciativas para fortalecer la democracia son parciales, complejas, inestables, incompletas y “abiertas”, se plantea un interrogante clave: ¿hasta qué punto, y en qué sentido, como pregunta Melina de Souza Rocha en su capítulo, podemos clasificar esos experimentos como auténticamente “prodemocráticos”? En el plano discursivo, se justifican en estos términos: políticamente, estos experimentos derivan una buena parte de su fuerza de la creencia de que ampliarán los espacios para la participación y mejorarán la rendición de cuentas; y en la práctica, todos estos experimentos contienen elementos concretos que, para algunos actores y para ciertos fines, aumentan el potencial democratizador. Sin embargo, todos chocan con ideas y prácticas ya existentes que también tienen su “razón de ser” democrática. Y en algunos contextos, como en Costa Rica o Uruguay, instituciones como las defensorías han sido criticadas por generar más burocracia, además de utilizar recursos que deberían estar en manos de los ciudadanos.
El Congreso costarricense tiene el derecho de defender sus prerrogativas contra una defensoría demasiado activista; el IFE de 2006 pudo haberse sentido debilitado sin justificación por los partidos políticos que no reconocieron su responsabilidad de preservar la confianza popular en la integridad del voto; las ONG brasileñas están expuestas a la crítica de que quieren acceso privilegiado a la legislatura
