valor económico. Cabría, por supuesto, introducir además otros valores. Suponemos que el lugar A es un humedal de propiedad pública muy valioso (valioso como hábitat o como ecosistema debido a su riqueza de especies) pero es un paisaje monótono y aburrido, muy visitado por escuelas y observadores de aves (y como tal, de algún valor económico, según el «método de coste de viaje»). El lugar C produce mucha renta como terreno industrial y urbano, y por lo tanto es el primero en términos de valor económico, pero sólo tercero como hábitat o ecosistema, y segundo en cuanto a paisaje (debido a la calidad histórica de algunos edificios). El lugar B es una antigua área agrícola, de bellos huertos descuidados y antiguas mansiones abandonadas. Ocupa el primer puesto como paisaje, el tercero en rentabilidad económica, y el segundo como ecosistema o hábitat.
El valor económico se cuenta en euros, en una escala cardinal, y el valor de hábitat, si se define por la riqueza de especies, también se podría evaluar a través de una medida cardinal como número de especies (conmensurabilidad fuerte). En el ejemplo, para simplificar, y probablemente por necesidad en el caso del valor de paisaje, cada tipo de valor se mide en una escala ordinal (conmensurabilidad débil dentro de cada tipo de valor).
¿Qué lugar se debe sacrificar? ¿Cómo decidir? ¿Es posible y adecuado reducir todos los valores a un solo supervalor, para lograr una comparabilidad fuerte y hasta una conmensurabilidad fuerte (medida cardinal)? En el ejemplo se han tomado en cuenta los valores económicos (en mercados reales o ficticios) de las tres ubicaciones, pero no existe un valor supremo (económico o de otra índole, como la producción neta de energía, según el cual el humedal presumiblemente ocuparía primer lugar).
Ciertamente, las personas o los grupos interesados o afectados podrían insistir en reconsiderar las clasificaciones. Así, se podría elevar el valor de paisaje del lugar A, y también su valor económico (como también el del sitio B) se podría aumentar por la valoración contingente basada en la voluntad de pagar, en un mercado ficticio. Además, se podría (¿se debería?) asignar más peso a algunos criterios que a otros (¿por qué? ¿quién lo decide?), o se podría dar un valor de veto a algunos criterios. Así, la legislación de «especies en peligro» de Estados Unidos o el Convenio internacional Ramsar que protege algunos humedales, o la introducción de «lo sagrado» como criterio decisivo (por ejemplo, un antiguo cementerio o una ermita milagrosa en uno de los sitios), nos ayudaría a escapar de la presente indecisión. Por ejemplo, el lugar A se podría denominar oficialmente un «santuario de aves». Algunos grupos de la sociedad podrían cuestionar los métodos de valoración en cada una de las escalas, o podrían sugerir nuevos criterios de valoración o nuevas alternativas de ubicación del vertedero de basuras (o podrían cuestionar todo el sistema de gestión de basuras, proponiendo el compostaje y reciclaje o la incineración) según sus propios intereses o puntos de vista. El ejercicio sirve meramente para enseñar qué significa «comparabilidad débil» de los valores (O’Neill, 1993) y para introducir brevemente al lector al amplio campo de los métodos multicriteriales para la toma de decisiones (Munda, 1995). No hace falta que, frente a la variedad de criterios de valoración, el proceso de toma de decisiones sea irracional (por ejemplo, por lotería). Al contrario se puede alcanzar una decisión razonada por medio de las deliberaciones apropiadas. Ahora bien, quizás la autoridad política opta por el «ordeno y mando» o tal vez, más moderna, influida por los economistas, impondrá un análisis de coste y beneficio reduccionista, en términos monetarios, posiblemente complementado por una cosmética evaluación de impacto ambiental.
La distinción entre la comparabilidad «débil» y «fuerte» de valores es útil para clasificar los métodos de la Economía Ecológica. En la evaluación de proyectos, como en el ejemplo precedente, existe una comparabilidad fuerte de valores y hasta una fuerte conmensurabilidad, en el análisis de coste y beneficio, cuando los proyectos por evaluar son todos jerarquizados según una única escala numérica monetaria (es decir, valor actualizado de los costes y beneficios, incluyendo por supuesto las externalidades y servicios ambientales monetarizados). En contraste, algunas formas de evaluación multicriterial admiten la irreductibilidad entre los distintos tipos de valor y nos encontramos en una situación de comparabilidad débil. En la microeconomía existe una comparabilidad fuerte de valores, y de hecho una conmensurabilidad fuerte cuando se internalizan las externalidades en el sistema de precios. Así, un impuesto pigouviano se define como el valor económico de la externalidad en el nivel óptimo de contaminación. En la macro economía, las propuestas prácticas de El Serafy para «verdear» el PIB (Costanza, 1991) —cuyos valores monetarios dependerán de la tasa de interés que se adopte— no van más allá de la conmensurabilidad fuerte en términos monetarios. En efecto, dice El Serafy, no todos los ingresos de la venta de un recurso no renovable (capital natural) deben ser incluidos en el PIB, sino sólo una parte, el ingreso «verdadero», y el resto se debe contar como «descapitalización» o el «coste al usuario» de tal «capital natural», el cual se debe invertir a interés compuesto hasta el agotamiento del recurso, para permitir que el país sostenga el mismo nivel de vida cuando haya agotado sus recursos. Esta propuesta, basada en la definición de «ingreso» de Hicks, y relacionada con la regla de Hotelling (y, antes, con las reglas de Gray y de Faustmann) en la microeconomía de los recursos naturales (Martínez Alier y Schlüpmann, 1991, Martínez Alier y Roca, 2000), propugna solamente una noción «débil» de sustentabilidad. La sustentabilidad débil permite la sustitución del llamado «capital natural» por el capital manufacturado —«sembrar el petróleo», lo que implica, por tanto, una unidad común de medición— mientras la sustentabilidad «fuerte» se refiere al mantenimiento de los recursos y servicios naturales físicos (Pearce y Turner, 1990), lo cual se debe evaluar a través de una batería de indicadores e índices físicos. Por lo tanto, en resumen, en la macroeconomía ecológica,
• la sustentabilidad débil implica una comparabilidad fuerte de valores,
• la sustentabilidad fuerte implica una comparabilidad débil de valores;
y en la evaluación de proyectos,
• el análisis coste-beneficio implica una comparabilidad fuerte de valores,
• la evaluación multicriterial implica una comparabilidad débil de valores.
Se puede presentar la discusión sobre valoración (O’Connor y Spash, 1999) en el marco de la «Curva Ambiental de Kuznets», una supuesta curva en forma de U invertida que, como hemos visto anteriormente, relaciona el ingreso con algunos impactos ambientales (Selden y Song, 1994; Arrow et al., 1995; De Bruyn y Opschoor, 1997). En situaciones urbanas, al crecer los ingresos, efectivamente las emisiones de dióxido de azufre primero se incrementan y luego disminuyen, pero las emisiones de dióxido de carbono de los países se incrementan continuamente con los ingresos. Si algo mejora o algo se deteriora, una posible reacción de un economista convencional podría ser asignar pesos o precios a tales efectos, buscando la conmensurabilidad de los valores. No obstante, la incertidumbre y complejidad de tales situaciones (puede ser que el dióxido de azufre contrarreste el efecto invernadero, por ejemplo) y el hecho de que el precio de las externalidades dependa de relaciones sociales de poder, implica que las cuentas de los economistas sólo van a convencer a los feligreses de la misma escuela.
Al entender que el patrón del uso de los recursos y sumideros ambientales depende de las cambiantes relaciones de poder y de la distribución de los ingresos, entramos en el campo de la Ecología Política, que tiene sus orígenes en la geografía y antropología, y que se define como el estudio de los conflictos ecológicos distributivos. El crecimiento económico lleva a mayores impactos ambientales y a más conflictos (muchas veces fuera de la esfera del mercado). Abundan los ejemplos de la incapacidad del sistema de precios para indicar los impactos ambientales, o (según K. W. Kapp) abundan los ejemplos de exitosas transferencias de costes sociales. Así, todo el mundo (salvo los esclavos) es dueño de su propio cuerpo y salud. Sin embargo, los pobres venden barata su salud cuando trabajan por un jornal en una mina o en una plantación. Los pobres venden barato, no por elección, sino por falta de poder. El uso gratuito de sumideros ha sido explicado en un marco neoricardiano por Charles Perrings,
