Rodríguez en sus calidades de secretarios de Hacienda. Agradezco en especial a quienes eran durante el estudio la directora de impuestos, Gloria Nancy Jara, y secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, por la atención que prestaron al tema y por el tiempo que invirtieron en las discusiones que sostuvimos. En todo caso, el contenido refleja mis ideas, que no necesariamente coinciden con las de ellos.
Por supuesto, agradezco a Carmenza Saldías y a Diego Pardo por su significativo aporte al contenido del tercer capítulo, y a Constanza Cubillos por el trabajo de sistematización de las noticias de El Tiempo.
Finalmente, agradezco a Mónica Páez Sierra, Óscar Enrique Alfonso y Wilson Enrique Colmenares Moreno, quienes me apoyaron con la gestión de citas y referencias bibliográficas, corrección de estilo y gestión editorial del libro.
Todos ellos quedan exonerados de cualquier culpa por los errores e impertinencias.
Paul Bromberg Z.
Carmen de Apicalá, Tolima
Mayo de 2015
Capítulo 1
¿Qué es cultura tributaria?
Se considerará más adelante cada una de las acciones que se han venido ejecutando a partir de 1995 bajo el nombre de cultura tributaria, pero tomaré como punto de partida la definición original de este programa:
Conjunto de valores y principios que determinan las actitudes de los ciudadanos para que asuman el deber tributario y el conjunto de fortalezas institucionales de la administración para el cumplimiento efectivo de su función retributiva en el mejoramiento de las condiciones de vida y la construcción de ciudad (Castaño Duque, 2002, p. 9).
A primera vista, la definición contiene dos campos distintos: el primero evoca la noción de cultura ciudadana; es decir, actitudes de los ciudadanos frente al cumplimiento de la ley, en este caso, las obligaciones tributarias. El segundo hace referencia a la administración: los funcionarios, su actitud, sus roles, sus formas de acción; aquí cultura tributaria no es una noción neutra: “es lo que es”, sino valorativa: “debe ser”. Se refiere a comportamientos y valoraciones que conducen a los miembros de un grupo social a autoimponerse aceptar y administrar las obligaciones tributarias.
Por otro lado, Rivera y Sojo (2002, p. 457), en un trabajo de investigación realizado con la Flacso sobre cultura tributaria en Costa Rica, la definen así: “La cultura tributaria es un campo de las representaciones sociales sobre la relación Estado-sociedad”. Es decir, las representaciones sociales de la relación entre sociedad y Estado serían, según esta definición, el género próximo de la cultura tributaria. Y su diferencia específica: “La cultura tributaria [es] el universo de representaciones sobre los impuestos y sus relaciones con el compromiso individual y la acción pública” (p. 458). Más adelante aclaran lo que puede querer decir esto: “… la forma en que [los ciudadanos] construyen una imagen de los impuestos a partir de una combinación de información y experiencia sobre la acción y el desempeño del Estado” (p. 458). Aquí cultura tributaria es un término neutro que hace parte de la cultura política. Medirla es medir un estado de cosas en un grupo.
En este libro se definirá la cultura tributaria “estrictamente hablando” a partir únicamente de considerarla como la expresión, en el campo de la tributación, de la cultura ciudadana. Más adelante también se hará referencia a cada una de las componentes de los proyectos de inversión que efectivamente se han ejecutado, aunque no queden cobijados por el término.
Cultura tributaria
Para los efectos de este análisis se definirá cultura tributaria (CT) como el conjunto de acciones, con pretensión de sistematicidad, que se financian mediante presupuesto de inversión y se diseñan con objetivos directos e impactos indirectos, con el fin de mejorar la disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la carga y los procedimientos de impuestos, tasas y contribuciones que se destinan a la provisión de bienes y servicios comunes o de bienes y servicios meritorios para el mismo sistema político que decide imponérselas.
A continuación se aclara lo que se quiere decir y lo que no se quiere decir con cada uno de los términos que son clave en esta definición.
Sistema político de una jurisdicción territorial
Una jurisdicción territorial es un territorio demarcado por una frontera que incluye personas que viven en él de manera permanente. Es una jurisdicción porque en ella hay autoridades públicas que toman decisiones válidas solamente dentro de la frontera2. Cuando las personas ungidas como autoridades públicas tienen alguna forma de responsabilidad política hacia los habitantes del territorio, la jurisdicción conforma una comunidad política, y el conjunto de personas funciona como un sistema político en los procesos para ocupar los cargos en los cuales se toman decisiones y en los procesos para hacer cumplir estas decisiones bajo la amenaza o el uso efectivo de la fuerza institucionalizada. El sistema político comprende: 1) personas, que habitan el territorio, y que se clasifican de acuerdo con la relación que asumen de manera voluntaria en el proceso de toma de decisiones públicas y en su implementación; 2) reglas de juego formales, que se denominan régimen político, y 3) patrones de juego de los cuales son conscientes los jugadores.
Cultura tributaria
Como ya se indicó, el término cultura tributaria también acostumbra a referirse –en un sentido distinto del que se adopta aquí– a la descripción objetiva de una condición social subjetiva (un “imaginario colectivo”), en general variable con el tiempo, acerca de los diferentes pagos que los habitantes de una jurisdicción territorial realizan al fisco. En comunidades3 numerosas y socialmente heterogéneas, este imaginario colectivo tiene dos promotores relacionados entre sí: los activistas políticos y los medios de comunicación masiva.
Activistas políticos
La sociología política suele afirmar que una de las funciones de los partidos políticos es la de ordenar la deliberación pública sobre los temas políticos, es decir, sobre las decisiones posibles de las autoridades públicas y sus actuaciones reales en su ejercicio. En un sistema político con partidos laxos, como el bogotano, es más adecuado referirse a los activistas políticos4. Bien en el ejercicio como autoridades públicas (en el ejecutivo o en los cuerpos colegiados de elección popular, condiciones ambas que les otorga una visibilidad privilegiada en los medios de comunicación), bien en la contienda política (que los pone en contacto permanente con grupos de interés con capacidad de movilización política o de movilización por reclamos específicos), estos activistas tienen capacidad de alterar el clima de opinión frente a diferentes temas. Es más, su estrategia política siempre pasa por influir sobre el clima de opinión en uno u otro tema.
Clima de opinión es el término que se empleará para referirse al imaginario que la deliberación pública parece reforzar sobre un tema específico, según se trasluce como balance de lo que se comunica a través de los medios masivos de comunicación.
En la anterior caracterización se suponen unos medios masivos que rinden culto a su propia lógica, en contraposición a aquella prensa que tiene una presentación abierta de apoyo político a uno y otro partido político, como se tuvo hace unos años en Bogotá. Entre el conjunto de lógicas propias del medio de comunicación está la amplificación de contrastes. Cuando un acontecimiento se vuelve visible y es bien valorado, se exagera. Las noticias y los comentarios con los que vienen acompañadas compiten por ensalzar. Solo unos cuantos ensayan el enfoque contrario, arriesgándose a salir abucheados, pero ante la perspectiva de quedarse con el premio de haber estado entre
