armados de las guerrillas se debe a motivaciones precisas de carácter estructural o del llamado déficit democrático, como son: la dificultad en la consecución y posesión de los bienes, recursos y poder, de los cuales no goza la inmensa mayoría de la población y que están concentrados en pocas personas, en una minoría privilegiada. Y, de otro lado, se debe también a la presencia histórica de la variable independiente de un régimen político de exclusión paritario y bipartidista que se ha mostrado incapaz de asegurar las condiciones políticas e institucionales necesarias para el trámite de las demandas políticas de la sociedad. (p. 177)
El autor argumenta que los distintos ciclos del conflicto en el país
han sido superados de manera transitoria por ciclos de posconflicto mediante lo que se denominó pactos consociacionales; espacios en los cuales no se ha contado con la suficiente capacidad y voluntad política para realizar cambios estructurales, ni se han articulado los suficientes consensos, ni permitido la inclusión política y social de vastos sectores implicados en los diferentes momentos de violencia, lo que ha conllevado a que nuevamente se activen los dispositivos sociales y políticos del conflicto violento. (p. 177)
Por ello, Moreno-Parra concluye que una ampliación democrática real que permita romper estos ciclos recurrentes de periodos de violencia y posconflicto, negociados mediante pactos de las élites, debe incorporar una mayor liberalización y profundización democrática, construida desde abajo.
En este escenario, se dan las hipótesis de participación política y de reparación a las víctimas del conflicto. Se destacan, por un lado, la ampliación del espacio de participación política y, por otro, el esfuerzo para reparar a las víctimas. Sin embargo, la RRI no se implementa suficientemente o queda corta o es entorpecida. Así, no tienen lugar las transformaciones productivas en el campo, capaces de aliviar los conflictos por tenencia y uso del suelo, de modo que se mantienen algunos predominios territoriales y rigideces que mantienen la producción, transformación y comercialización de cultivos de uso ilícito. Esto implica que se conservan en plena actividad el negocio del narcotráfico y las consecuencias derivadas de este.
A ello se agrega que los exguerrilleros articulan nuevas estructuras ilegales armadas, que se asocian al funcionamiento del negocio del narcotráfico y a otras actividades ilícitas. Sin terminación de los conflictos y sin RRI, se verá empobrecida la posibilidad de una reparación efectiva de las víctimas.
Ahora bien, de acuerdo con Rodrigo Uprimny (2017), el caso colombia-no de justicia transicional incorpora retos en los dilemas propios de la justicia transicional, “pues se estaría intentando aplicar la idea de justicia transicional a una situación, donde […] la transición a la paz sería parcial y fragmentaria” (p. 1), al no haber una transición definitiva del conflicto a la paz, dada la presencia de grupos no desmovilizados o con los cuales no existen procesos de paz. Uprimny (2017) enfatiza en que
por más que esta verdad pudiera ser reconstruida sin la intervención de los victimarios (cosa que es difícilmente posible), para que [esta] tenga los efectos deseados de contribuir a la reparación y al perdón por parte de las víctimas y, así, a la paz y a la reconciliación nacional, resulta imprescindible que los victimarios hagan parte de este proceso de reconstrucción. En efecto, solo confesando plena y fidedignamente sus crímenes, podrán los actores armados demostrar al resto de la sociedad su arrepentimiento frente a [sus crímenes] y su voluntad de no repetirlos. (p. 23)
En este escenario se consigue avanzar en la RRI, cuyo logro principal es el fomento de la participación política de grupos emergentes y cuyo interés está asociado al desarrollo de actividades productivas en el campo. Sin embargo, termina entorpecido el proceso de justicia transicional y reparación de las víctimas, algunos exguerrilleros vuelven a tomar las armas y no se dan las transformaciones productivas que incidan en la erradicación de los cultivos ilícitos y la terminación del narcotráfico. Además, la sociedad ha perdido confianza en las instituciones del Estado, en particular, en la justicia, y la sensación popular es el predominio del clientelismo y la corrupción. La reforma rural tiene impacto a medias y muchos de los nuevos participantes en los procesos políticos terminan plegándose a los grupos predominantes de influencia política.
La coincidencia entre la participación política y la RRI permite la promoción de algunas políticas para el campo. Sin embargo, la falta de éxito en las otras hipótesis conduce a que los resultados puedan ser muy limitados. En un estudio de escenarios de desarrollo agrario realizado por Guerrero, Rojas, Torres y Bourdon (2014), se plantean futuribles con base en las dos dimensiones: el espacio sociopolítico y el económico internacional. Los futuribles dentro de este escenario estarían, según afirman los autores, en un “bienestar a medias” en las áreas de desarrollo agraria o un escenario de “supervivencia”. En el futurible de bienestar a medias, los autores afirman:
El campo de lo económico internacional sería exitoso; habría subsidios para los campesinos, inversión del sector privado y de las instituciones del Estado […]. [Pero la] explotación masiva de recursos naturales minero-energéticos y los macroproyectos para producción de biocombustibles que esterilizan los suelos no serían aceptados por los pobladores rurales; ellos verían amenazados sus territorios y vulnerada su tradicional cultura ancestral. Razón por la cual, se presentarían conflictos sociales [que traerían] como consecuencia violencia. No habría paz. En medio de esa situación los programas de educación y capacitación no se podrían desarrollar y la colectivización de los territorios y el ordenamiento territorial para delimitar las fronteras agrícolas y definir el uso de la tierra seguirían en veremos. (p. 407)
En el futurible de supervivencia, se transformarían
las dificultades sociales y, en consecuencia, las políticas estatales para el desarrollo del sector agrario [que] estarían pensadas bajo un concepto de desarrollo integral, respetando la autonomía de los pobladores rurales y la visión de ellos sobre la construcción de su territorio […]. Pero habría pocos recursos económicos para invertir en ese desarrollo integral. Lo económico internacional no iría bien […]. No habría recursos para los subsidios, razón por la cual sería imposible competir con los precios del mercado internacional. Los recursos para la inversión serían muy pocos porque habría un decrecimiento de la economía. (pp. 407-408)
Conclusiones
Dentro del grupo de expertos consultados en este ejercicio de planeación estratégica, se mantiene cierta duda y cierto escepticismo frente al cumplimiento real del Acuerdo Final, a pesar de que se considera “blindado institucionalmente” y existe un mecanismo con la comunidad internacional que actúa como garante de su cumplimiento. Comoquiera que sea, las principales conclusiones de este capítulo son:
1. Frente a los resultados del ejercicio, se determinó que el éxito de la reforma rural integral y la real terminación del conflicto con las Farc-EP parecen ser las condiciones casi indispensables para lograr una sociedad colombiana más incluyente, equitativa, en paz y con mayor estabilidad en el mediano y el largo plazo.
2. La reparación a las víctimas, además de constituir un imperativo moral para una sociedad que reconoce y busca superar sus propias tribulaciones, se presenta en estos escenarios como un motor para acrecentar la confianza en la institucionalidad del Estado.
3. El narcotráfico implica la existencia de redes de una tremenda fuerza operativa y adaptativa, que pone a su favor los conflictos y fracasos en las políticas orientadas a la equidad productiva y social.
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