racistas de estas políticas se hicieron aún más evidentes a partir de 1948, con el inicio formal del apartheid. Este régimen se basó en una ideología de supremacía blanca que se tradujo, entre otras, en medidas destinadas a lograr la separación entre razas y etnias, lo cual requería en muchos casos desplazar y concentrar a las mayorías negras y otros grupos étnicos. En 1994, cuando el régimen llegó a su fin, la población blanca era propietaria de cerca del 87 % de las tierras, a pesar de constituir solamente el 10 % del total de la población.
A diferencia del caso sudafricano, el despojo de tierras y territorios en Colombia no fue parte de una política de Estado ni estuvo expresamente legalizado. Aunque el desplazamiento y despojo pueden ser considerados elementos centrales del conflicto armado interno en el país, estos fenómenos no se dieron como resultado de leyes que los justificaran y promovieran, sino como parte y consecuencia de los repertorios de violencia de las partes en conflicto5. Esto no niega, por supuesto, que algunas de las formas prevalentes de despojo hayan incluido la legalización del mismo, a través de mecanismos que en muchos casos fueron posibles por el involucramiento de funcionarios públicos con grupos armados ilegales6.
Otra de las características que distingue el despojo en Colombia de la expropiación de tierras en Sudáfrica es la importancia que han tenido las economías ilícitas en el conflicto en general y en el desplazamiento en particular. Aunque el conflicto armado colombiano tiene un origen político, ha estado asociado a economías ilícitas, en particular en las últimas décadas. Además, algunas formas de desplazamiento y despojo han estado asociadas a la presencia de economías ilícitas. En efecto, desplazar y despojar ha hecho parte de las estrategias usadas por grupos armados involucrados en negocios lucrativos como el narcotráfico, con el fin de concentrar tierras que resultan claves para la producción y el transporte de las drogas. Esta asociación entre despojo y economías ilícitas estuvo en general ausente en el caso sudafricano.
Finalmente, el componente racial del despojo en Colombia no tuvo el mismo peso que en el caso sudafricano. Como múltiples investigaciones académicas lo han mostrado e incluso los informes del Centro de Memoria lo han documentado, los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas han sido afectadas de manera desproporcionada por el desplazamiento y despojo forzados7. También resulta claro que dichas afectaciones están asociadas al racismo y a la exclusión social y cultural a la que dichos grupos han estado históricamente expuestos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Sudáfrica, el elemento dinamizador del despojo no ha sido la reconfiguración del país en función de la pertenencia a grupos étnicos ni la imposición de una lógica de supremacía blanca.
Contextos distintos, retos similares
A pesar de las diferencias previamente enunciadas, la restitución de tierras en Colombia y Sudáfrica tienen similitudes innegables, las cuales generan retos que resultan comunes para los dos países. En primer lugar, se trata de dos casos de restitución masiva. Con el inicio de una democracia multirracial en Sudáfrica, el gobierno liderado por Nelson Mandela emprendió un proceso de restitución destinado a devolver derechos sobre las tierras a las personas que fueron desposeídas a partir de junio de 1913, como resultado de las leyes discriminatorias que se adoptaron desde entonces. Considerando la magnitud del proceso de expropiación, que afectó a cerca del 90 % de la población, era entonces esperable que el proceso de restitución enfrentara el gran reto de lidiar con millones de solicitudes en un periodo corto de tiempo. En Colombia, de acuerdo con las cifras oficiales, para el 2018 el número de personas desplazadas por la violencia ascendía a cerca de 8 millones. Como lo ha señalado en múltiples ocasiones la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el país es uno de los tres con el número más alto de desplazados internos. Con la creación del Programa de Restitución de Tierras mediante la Ley 1448 de 2011, el Estado colombiano emprendió un proceso para restituir las tierras a aquellos millones de personas que fueron desposeídas a partir del 1 de enero de 1991 como resultado de la violencia asociada con el conflicto armado interno.
Una segunda similitud central es que tanto en Colombia como en Sudáfrica las víctimas, además de haber sido despojadas de sus tierras, han sufrido diversas formas de privación de su dignidad. Como lo documenta y articula magistralmente la profesora Bernadette Atuahene a lo largo de este libro, el régimen del apartheid en Sudáfrica generó un proceso masivo de expropiación fundado en una ideología racista que negó la humanidad de los habitantes no blancos de Sudáfrica y, en muchas ocasiones, negó su capacidad para tomar decisiones como ciudadanos de pleno derecho. Estos procesos de deshumanización e infantilización negaron de manera radical la dignidad de las víctimas de dicha expropiación. En Colombia, aunque muchas de las formas de despojo no tuvieron como propósito o finalidad deshumanizar o infantilizar a las víctimas, algunas tuvieron como resultado una privación radical de su dignidad8.
Finalmente, otra similitud entre la restitución de tierras en Sudáfrica y el programa que se está implementando en Colombia es que los dos están orientados por una filosofía ambiciosa y centrada en las víctimas. Como la profesora Atuahene describe en esta obra, la restitución en Sudáfrica aspiraba a ir más allá de brindar una compensación por las tierras arrebatadas y brindar un remedio integral que permitiera enfrentar la deshumanización e infantilización que sufrieron las víctimas del apartheid de Sudáfrica. Se trata de lo que ella ha denominado y conceptualizado como una auténtica restauración de la dignidad. El programa de restitución de tierras en Colombia, por su parte, aspira a ofrecer una restitución transformadora a las víctimas de despojo forzado. Esto implica acompañar la restitución física de las tierras y territorios con remedios que permitan transformar las situaciones de injusticia, exclusión y discriminación (económica, racial, de género) que situaron a las víctimas en situación de desventaja estructural9.
Aunque la «restauración de la dignidad» y la «restitución transformadora» tienen fundamentos teóricos distintos y son conceptualmente autónomas, coinciden en la necesidad de pensar remedios robustos para quienes han sido víctimas de despojo. Así mismo, convergen en la importancia de que el proceso de restitución contribuya a crear las condiciones para que las víctimas recuperen su agencia y sean reestablecidas como ciudadanas de pleno derecho y en igualdad de condiciones10.
Al estar inspirados en estos conceptos, los programas de restitución de tierras en Sudáfrica y Colombia cuentan con mejores condiciones para brindar justicia a las víctimas, pero también enfrentan retos particulares. En efecto, tanto el concepto de «restauración de la dignidad» como el de «restitución transformadora», tienen un enorme potencial para desarrollar remedios que resulten más adecuados, para las situaciones de las víctimas en contextos caracterizados por enormes desigualdades y profundas formas de discriminación. Sin embargo, al ser tan ambiciosos corren también el riesgo de generar expectativas entre las víctimas que resulten difíciles de cumplir, lo cual es problemático para lograr la consolidación de la restitución y la concreción de la justicia. Los retos conceptuales y metodológicos que enfrentan los programas de restitución de tierras que aspiran a contribuir a la dignificación, inclusión y reconocimiento de las víctimas son significativos y mayores que los que enfrentan programas de restitución con una perspectiva meramente restitutiva de las tierras perdidas.
En nuestra opinión, estos retos no invalidan la relevancia que tienen estos conceptos para países que enfrentan la enorme tarea de restituir masivamente, a personas que han estado expuestas a formas estructurales de discriminación o a mecanismos de privación radical de la dignidad. Por el contrario, reconocer estos retos hace parte de una estrategia destinada a fortalecer la restitución de tierras y territorios. Dicha estrategia debe incluir, entre otros elementos, tomarse en serio el reconocimiento y dignificación de las víctimas, mediante diseños institucionales y procedimientos que permitan la participación y reafirmen la agencia de las víctimas. Para que Colombia pueda avanzar en el camino de hacer realidad la restitución transformadora y por esta vía contribuya a restablecer la plena ciudadanía de las víctimas, aprender de la experiencia sudafricana resulta conducente e importante.
