el sistema de clasificaciones organizado y utilizado por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad entre 1973 y 1992. El capítulo demuestra cómo estas organizaciones instalaron y estandarizaron un repertorio de nociones para denominar y clasificar las situaciones represivas asistidas y denunciarlas. También considera cómo estas nociones han prevalecido en el tiempo, analizando su transposición al repertorio utilizado en los informes de las comisiones de la verdad. La sección final del capítulo se reflexiona sobre el impacto de este trabajo taxonómico sobre el desciframiento y resistencia de la violencia estatal y la asistencia a sus víctimas.
El Capítulo VII se traslada al período posdictatorial y a la arena jurídica para demostrar cómo los documentos y registros compilados por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad se han utilizado exitosamente en los últimos 20 años para contribuir a numerosos procesos penales por crímenes de lesa humanidad. El capítulo explica cómo dichos registros cumplen con los estándares probatorios y analiza su uso en juicios de derechos humanos en Chile y en el reciente juicio de la Operación Cóndor en Argentina. El capítulo revisa 216 sentencias judiciales de primera instancia sobre casos de derechos humanos compiladas hasta 2016 por el MMDH. Estas sentencias representan alrededor de dos tercios de las 320 sentencias dictadas en este tipo de casos hasta mayo de 2017.
El Capítulo VIII contiene las conclusiones del libro. En él proponemos pensar la práctica de documentar la violencia política como un acto pacífico de desobediencia y una productiva forma de resistencia. Proponemos que, en el caso chileno, esta resistencia antidictatorial operó al menos en cuatro niveles: ético, epistémico, ontológico y organizacional. En términos éticos, representó un trabajo de cuidado, constituyendo un espacio de defensa de la dignidad humana y la solidaridad frente al horror. A nivel epistémico, el registro permitió conocer el terrorismo de Estado, orientar la acción de asistencia y defensa de los afectados y construir una versión alternativa a la que difundía el régimen. A nivel ontológico, las prácticas documentales trajeron a existencia la realidad de la violencia estatal, creando las condiciones para actuar con suficiente evidencia. A nivel organizacional, la labor documental permitió reunir a una serie de actores alrededor de una respuesta colectiva, volviendo su verdad la de la mayoría. Para concluir, el capítulo reflexiona sobre las capacidades de las prácticas documentales de impactar más allá de sus contextos inmediatos y alcanzar un campo de influencia mayor.
El libro cierra con un epílogo que invita a reflexionar sobre el significado y las implicancias del trabajo en derechos humanos como una forma de solidaridad con las víctimas y su defensa. Durante la dictadura, este trabajo estuvo basado en el reconocimiento de las víctimas como seres humanos indefensos cuyos derechos estaban siendo arrebatados. Por lo mismo, se constituyó sobre un profundo sentido de la responsabilidad hacia las vidas y la sobrevivencia digna de esas personas, lo que implicaba, en parte, la necesaria restitución de sus derechos, como la defensa legal, a pesar del contexto de estado constitucional de excepción. La asistencia profesional prestada por los organismos de derechos humanos en dictadura también se sostuvo en la creencia de la necesidad de salvaguardar los valores de la coexistencia nacional. Asimismo, el epílogo reflexiona sobre las relaciones de confianza desarrolladas entre las víctimas y los profesionales de los organismos de derechos humanos, y el rol fundacional de esos vínculos para crear un espacio común donde el sufrimiento podía ser aliviado. Finalmente, el capítulo trae estos temas al presente para discutir el rol y los efectos que generan hoy los relatos de las víctimas de la violencia política, y la posición que los ciudadanos asumimos con respecto a estas violaciones.
Referencias
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Rousso, Henry. La última Catástrofe. Santiago: Editorial Universitaria, 2018.
Wieviorka, Annette. L’Ère du témoin. París: Plon, 1998.
CAPÍTULO II
Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado
Oriana Bernasconi
El principio general de Foucault es el siguiente:
toda forma es un compuesto de relaciones de fuerzas.
Gilles Deleuze
Guerra Fría y violencia de Estado en Latinoamérica
La masiva explosión de la represión y persecución política que experimentó Latinoamérica luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue una consecuencia directa de la disputa internacional entre el bloque capitalista y el socialista, conocida como la Guerra Fría (Brands 2010; Harmer 2013). En esta guerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política, militar y económica mundial (lo hicieron también en otros ámbitos públicos como la ciencia, el deporte, la producción cultural y social). Su rivalidad influenció tanto las relaciones internacionales como las relaciones internas de los países.
En respuesta a la expansión Soviética en Europa del Este, y las revoluciones anticoloniales de inspiración marxista en partes de Asia y el norte de África (Corea, Vietnam, Argelia), las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos incluyeron prevenir la expansión de similares revoluciones y movimientos antiimperialistas en el continente americano. Estados Unidos persiguió este objetivo a toda costa, y con especial vigor, allí donde el partido comunista tenía influencia. Durante la Guerra Fría, América Latina quedó alineada dentro de las estrategias de Estados Unidos, sucediéndose golpes militares y guerras civiles en nombre de la defensa de la cultura occidental y cristiana y en contra del comunismo anticapitalista. Esta confrontación mundial se mantuvo hasta el término de la Unión Soviética que se inició con la Perestroika en 1985 y concluyó con la caída del Muro de Berlín en 1989.
Si bien las dictaduras en América Latina habían surgido en varios países mucho antes de la Guerra Fría, como en Nicaragua, República Dominicana, Cuba o Haití, este contexto ideológico no hizo más que reforzarlas. Así, desde 1954 en adelante, las dictaduras se extendieron a Guatemala, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. En algunos países como Guatemala, Colombia, Nicaragua,
