un tejido discursivo en el que ningún individuo o grupo de individuos, en este caso, los agentes letrados, tuvieron control de la conversación. Dice Loaiza: “ningún agente enunciativo fue auto-suficiente”.3 En este punto, que define el final del libro, la reflexión parece volver al punto de partida, cuando el autor nos ha anunciado que entenderá el discurso político como una estructura sin sujeto.
Estas conclusiones remiten a cuestiones teóricas complejas a las que el autor suscribe de forma explícita en varios momentos de su estudio, pero que, en su mayor parte, no desarrolla. En lo que sigue queremos intentar establecer algunas claves de lectura para acercarnos a algunas de estas referencias, en particular en relación con tres discusiones: la que tiene que ver con la condición aporética del concepto de opinión pública; la de los antecedentes ilustrados y la influencia de la retórica en el concepto; y finalmente, al concepto de república.
La condición aporética del concepto de opinión pública
El autor insistirá a lo largo del volumen que el lenguaje político fue producto de una elaboración colectiva, en este sentido, lo concibe como la expresión de una matriz ideológica compartida por el grupo de escritores de las elites políticas; una matriz que se manifestó en las publicaciones periódicas del momento y cuyo estudio informa al historiador sobre las condiciones y el funcionamiento del régimen político que en este período intenta consolidarse. La apuesta teórica del autor es entender los lenguajes políticos como estructuras independientes de autores o de obras, por lo que en un primer momento parecería que los concibe como condicionados por estructuras discursivas y del habla que no dependen de las capacidades, ni de la voluntad de los individuos que los emiten; en este sentido, ubica su ejercicio en línea con autores como el Michel Foucault de La Arqueología del Saber, o como Quentin Skinner y John Pocock. Al delinear este horizonte teórico, el análisis se ubica en el campo de estudio de la Nueva Historia Política y de la Historia Conceptual que, en América Latina, ha tenido en los últimos años, un desarrollo significativo, en particular en la historiografía argentina, mexicana y recientemente en la colombiana; a ésta última, el autor ha hecho varias contribuciones previas, parte de las cuales se recogen en este volumen.4 Para los propósitos y las intenciones teóricas que anuncia Loaiza es relevante la obra que sobre el tema ha publicado el historiador argentino Elías Palti, no solamente porque es con quien de forma más explícita discute, sino también porque coinciden en las fuentes históricas que les convocan para el estudio del concepto de opinión pública.5
En La invención de una legitimidad, el historiador argentino argumenta que, entre 1810 y 1836, el régimen discursivo de la opinión pública en América Latina estuvo definido por un estilo forense en el que surge lo que denomina un “concepto jurídico de la opinión pública”. Al igual que Loaiza, identifica un primer momento en el que la opinión pública estuvo controlada por publicistas individuales que gestionaban la opinión dentro de límites bien definidos, en los que la verdad última estaba contenida en las leyes fundamentales que debían respetarse.6 Un segundo momento sería, según Palti, el que corresponde a la expansión del disenso que se toma la arena pública como consecuencia de la emergencia de facciones que transforman la verdad hasta ese momento trascendente, en un hecho subjetivo y expuesto a debate. Coincidiendo con la tesis de Palti, Loaiza opina que la producción del publicista mexicano José María Luis Mora ejemplifica este momento aporético en el que se buscó contrarrestar el lenguaje de las pasiones individuales, con el lenguaje de la razón. Así, identifica dos retóricas enfrentadas: por un lado, la que denomina como “dispositivo del orden” que coincide con la razón ilustrada, y la que denomina “facciosa” que habría dado voz a las rivalidades políticas. Este enfrentamiento —que a la vez que constituye la razón de la libertad de opinión como la fuerza que amenaza la misma existencia de la república— habría ampliado el campo de acción de los lenguajes políticos produciendo lo que Loaiza llama una “retórica popular”.7
Ahora bien, el concepto de opinión pública que aparece en el mundo hispánico revolucionario, tal como lo maneja Palti, y que Loaiza parece también suscribir, cimenta sus raíces en las aspiraciones retóricas del mundo clásico; en el Antiguo Régimen, estas formas retóricas habrían adoptado características de la Ilustración, para explotar finalmente en un ambiente republicano que no soportó las prerrogativas de la unanimidad o la obligatoriedad del consenso. Resulta entonces sugerente hacer una valoración del precedente ilustrado y de la idea de opinión política en las primeras décadas del siglo XIX. En particular, nos parece importante ese tránsito del discurso político de la prevalencia de la opinión del personal letrado, al dominio de una multiplicidad de opiniones.
Antecedentes ilustrados
Al partir del despotismo ilustrado español, como clave para descifrar las concepciones de una sociedad cuya fe en el progreso y en el pensamiento racional no fueron suficientes para trascender la organización estamental, el autor intenta reconstruir el contexto social y político desde el cual unas élites, acostumbradas a desplazarse entre sus asuntos particulares y el interés público, se concibieron como las únicas con la legitimidad suficiente para deliberar sobre el interés público. Como ha demostrado Elías Palti, este modelo de opinión pública que denomina “forense”, está muy influenciado por la práctica de la retórica clásica y sus enseñanzas sobre los presupuestos esenciales de la contextualización de los discursos, la confrontación entre argumentos válidos según la disciplina o la utilización de entimemas e indicios para lograr la persuasión.8 En la actualidad, los historiadores de lo político han mostrado la importancia de la retórica clásica en el estudio de la acción política. John Pocock, al analizar la retórica que fue practicada por los humanistas del Renacimiento, sostiene que:
Era una inteligencia emergente en la acción y en la sociedad y presuponía siempre la presencia de otros hombres a los que el propio intelecto pudiera dirigirse. Política por naturaleza, la retórica se encontraba invariable y necesariamente inmersa en situaciones particulares, en decisiones particulares y en relaciones particulares”.9
Valorar las enseñanzas de Aristóteles y de Pocock fue el propósito que se trazó Palti para enfatizar la necesidad de contextualizar los discursos. Para este autor, la opinión pública está asociada a la retórica en la medida que remite “al tema de la naturaleza, el sentido y el lugar de la deliberación pública en la formación de un sistema republicano de gobierno”.10 Establece, igualmente, que la opinión pública, en tanto concepto jurídico de orígenes subjetivos, es decir, voluntariamente asumidos, no permite la discusión de los valores y normas fundamentales de la comunidad.11 Es así que los principios sobre los que se asienta la idea de opinión pública, todavía anclada a sus raíces ilustradas, soportan sobre principios políticos trascedentes la existencia de la comunidad. Pese a la diferencia de escuelas, tanto Pocock como Palti coinciden en resaltar el carácter particular, contingente y temporal de los conceptos. Pocock admite que el historiador debe conocer el vocabulario y los conceptos de los que dispone una sociedad para comprender su régimen político tanto en su particularidad como en sus implicaciones y limitaciones. También propone “analizar cómo operaban en la práctica y examinar los procesos a través de los cuales esos sistemas conceptuales, sus usos e implicaciones, fueron cambiando en el tiempo”.12
Se entiende entonces que Loaiza sitúe su reflexión
