La consulta espiritual y física del pueblo kággaba. Anghie Prado Mejía

      Introducción

      La reparación de las víctimas del conflicto armado constituye un derrotero inexorable hacia la construcción de una “paz estable y duradera”. Como lo ha sugerido Walter Mignolo (2009), el proceso histórico en América Latina supone encarar la “herida colonial”. Se trata de reconocer que, en la conformación de la sociedad colonial y republicana, se dieron procesos de violencia estructural que parecen no cesar. Así,

      el Estado colombiano debe reconocer su acción y omisión frente a esta descarnada guerra, que ha ubicado a Colombia en la lista de países con mayor número de desplazados internos (UNHCR-ACNUR-Estadísticas, 2017). […] se considera que el derecho a la reparación, además de garantizar el restablecimiento de derechos de las víctimas, permitirá acercarnos a una sociedad más democrática, justa e igualitaria (Prado, 2018, p. 98).

      Las sociedades donde se dan marcos legislativos basados en la reparación, algunas veces, corresponden a escenarios donde se han dado o se dan procesos de colonización. Podemos recordar, al respecto, los procesos de reparación en Centroamérica asociados a las guerras que tuvieron participación de los Estados Unidos. De hecho, en el caso de Guatemala la búsqueda de la paz fue paralela a un proceso de construcción de democracia (Jonas, 2000). Igual sucedió en el Congo, país con un largo y complicado pasado colonial que generó espacios de disputa local que requirieron marcos transicionales para su resolución (Mangu, 2003).

      En cierto sentido, los marcos transicionales donde hay reparación, búsqueda de la verdad y garantía de no repetición son adyacentes a sociedades donde hay fuerte presión de poderes globales por determinar los modos de existencia de las sociedades locales. Entonces, la respuesta a esta situación es una presión social que exhorta a la configuración de instrumentos para generar justicia social. Está claro que, en el caso de Colombia, la justicia de este tipo que se ha reclamado de parte de movimientos sociales ha tenido diversos rasgos, pues algunos movimientos se conformaron desde la diferencia étnica; otros, desde la defensa del territorio, en algunos caso por ambas situaciones (Escobar, 2002).

      En este orden de ideas, se puede afirmar que la reparación como política pública es uno de los resultados de la movilización de dispositivos estatales que funcionan de oficio, y también una consecuencia de luchas que se dan en diversos escenarios de poder y que tienen como actores principales los movimientos sociales. Hoy día se sabe que estos últimos incluso están conformados por actores humanos y no humanos, y que los Estados en raras ocasiones reconocen el carácter de interactores que conforman algunos de esos movimientos. Esto lo describió muy bien la antropóloga peruana Marisol de la Cadena para el caso andino, donde la ontología animista es la que predomina y los indígenas deben sentarse a negociar dentro de los rígidos marcos del naturalismo que no reconoce a la naturaleza como un sujeto (De la Cadena, 2009).

Como se señala en Prado (2018), al hablar de reparación se deben resolver cuestionamientos en torno a “¿Reparar qué? ¿A quiénes? ¿Cómo reparar? y ¿Qué tanto conocemos del daño o afectación que han experimentado las víctimas?” (p. 98), toda vez que mediante estas preguntas es posible entender cuál será el grado de reparación o qué se busca reparar (Delgado, 2007), atendiendo a las complejidades ontológicas de las sociedades sujeto de reparación. No obstante, el tema se torna más complejo cuando las víctimas son pueblos indígenas con unas características cosmogónicas

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