de manera grave y transversal, y quebranta varios derechos humanos, entre ellos, la autonomía personal, la libertad, la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad, entre otras garantías. Asimismo, es un fenómeno que ocurre en el ámbito local, nacional, regional e internacional.
Ante esta grave vulneración de derechos humanos, varios sectores internacionales, nacionales, regionales y locales han realizado políticas públicas, recomendaciones y acciones concretas, entre ellas, algunas para prevenir y disminuir el fenómeno, brindar asistencia a las víctimas y aportar en la investigación y sanción de la conducta. Por ejemplo, se identifican las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales ejecutadas por los Estados, las labores realizadas por organizaciones no gubernamentales (ONG), los aportes de la academia y ciertas iniciativas en algunos sectores empresariales.
En Colombia, los sectores gubernamental, no gubernamental y la academia han realizado labores y acciones para afrontar la trata de personas. Asimismo, se identifican algunos avances en cuanto a la vinculación de las empresas en la prevención de la trata de personas, específicamente en modalidades relacionadas con la explotación sexual en los sectores hotelero, turístico y de viajes; algunas campañas como “The Code”3, que “… es un Código de Conducta internacional de responsabilidad social empresarial para la protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo…”4; actividades con empresas de productos de belleza;5 y también en cuanto al trabajo infantil en sectores como la minería y la agricultura, pero no se halla un mayor desarrollo legislativo, políticas públicas específicas y amplios estudios detallados que profundicen en las obligaciones jurídicas de las empresas frente a la prevención de este fenómeno y la importancia de su rol.
Con el propósito de tener un abordaje integral y exitoso de la trata de personas, para lo cual se considera que se debe profundizar, principalmente, en el campo de la prevención, pero fortalecer también los ámbitos de asistencia a las víctimas e investigación y judicialización, es menester que las empresas asuman un liderazgo y un rol activo relacionado con el cumplimiento integral de esas obligaciones, al igual que tanto la creación como el desarrollo de políticas, acciones y planes concretos para prevenir la trata de personas, en toda su esfera de influencia, es decir, en relación con sus empleados, sus proveedores, sus clientes o consumidores, su comunidad, etc.
Este estudio se concentra en el ámbito o el eje de la prevención de la esclavitud moderna, pues, como en algunos espacios se ha mencionado, prevenir este fenómeno es un aspecto clave para evitar más víctimas y vulneraciones a sus derechos humanos, lo cual, de cierta manera, disminuiría la necesidad de la asistencia a las víctimas y la realización de investigaciones penales.
Es oportuno señalar que en este libro al hacer referencia a las empresas se hará en un sentido general, por lo cual abarcará a las empresas públicas, privadas o con naturaleza mixta, y también en una comprensión amplia, pues debe incluir a los empresarios. Asimismo, en algunas partes, se hará mención al sector privado y, en otras, al sector empresarial, cobijando en el primer concepto a las empresas privadas y los empresarios que hagan parte de estas, y en el segundo a todas las empresas mencionadas y a los empresarios.
El propósito de esta investigación fue ser de utilidad para personas de diferentes sectores, como el gubernamental, el no gubernamental, el internacional, el académico y el empresarial; en especial este último, porque es necesario, además de pertinente, aportar a la reflexión y al trabajo nacional en cuanto a la prevención de la trata de personas por parte del sector empresarial en Colombia. Por lo anterior, el análisis se presenta de una manera organizada, pedagógica y propositiva, para que sea de fácil comprensión por parte de los diferentes públicos.
Teniendo presente el contexto mencionado, esta investigación busca absolver las siguientes preguntas:
¿Existe una corresponsabilidad entre el Estado colombiano y las empresas proveniente de sus obligaciones, derivadas del derecho internacional y el derecho colombiano, para la prevención de la trata de personas? Y de ser afirmativa esta respuesta, ¿cuáles son las obligaciones, los estándares y las recomendaciones para el Estado colombiano y el sector empresarial en Colombia?
Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación es:
Identificar algunos estándares y plantear algunas recomendaciones para el Estado colombiano y las empresas en Colombia, a partir de la identificación de sus obligaciones frente a la prevención de la trata de personas y como corresponsables, según los instrumentos internacionales sobre la trata de personas y empresas y derechos humanos, así como el derecho colombiano.
Como objetivos específicos, se formularon los siguientes:
1 Presentar los aspectos generales del contexto migratorio mundial, el concepto de la trata de personas y el panorama mundial, latinoamericano y colombiano de este fenómeno para comprender el ámbito del problema de la esclavitud moderna.
2 Identificar y examinar los instrumentos internacionales sobre la trata de personas como marco normativo internacional, y las disposiciones de la Constitución Política de 1991 y otros instrumentos legales y jurisprudenciales constitucionales del derecho colombiano como marco normativo y jurisprudencial nacional, que determinen las obligaciones para el Estado colombiano y el sector empresarial en cuanto a la prevención de la trata de personas, así como proponer unos estándares al respecto6.
3 Referenciar y analizar tanto los principios rectores sobre empresas y derechos humanos como el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas, y su vinculación con la prevención de la trata de personas en el contexto colombiano.
4 Plantear algunas recomendaciones relacionadas con las obligaciones del Estado colombiano y las empresas ante la prevención de la trata de personas, para que realmente se establezca una conciencia ante el problema y se prevenga.
Para dar respuesta a las preguntas formuladas, se planteó la siguiente hipótesis:
En el contexto nacional, sí existen obligaciones para el Estado y para las empresas en la prevención de la trata de personas, derivadas del derecho internacional y de los instrumentos sobre trata de personas y empresas y derechos humanos, así como de la Constitución Política de 1991 y otros instrumentos del derecho colombiano. Por lo anterior, es necesario identificar cuáles son las obligaciones tanto para el Estado colombiano como para las empresas, y determinar recomendaciones no solo para aquel, sino para estas y otros actores de la sociedad. Existe una corresponsabilidad entre el Estado colombiano y las empresas en relación con la prevención de la trata de personas.
El enfoque metodológico del estudio fue, principalmente, de tipo documental cualitativo, aunque en algunos acápites se presentan datos y cifras que se relacionan con lo cuantitativo. El método para desarrollar este estudio se basó en la recolección de documentos normativos, jurisprudenciales, así como noticias y otro tipo de textos, para luego analizarlos teniendo como eje orientador los objetivos de esta investigación. Se buscó que cada capítulo abordara uno de los cuatro objetivos específicos planteados.
En cuanto a las obligaciones determinadas por el derecho internacional de las empresas y los derechos humanos, se encuentra que hay diversos instrumentos, por ejemplo, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas7, producto de un desarrollo desde la década de los noventa, tal y como se desarrolla en el tercer capítulo de este libro, que hacen parte del derecho flexible o soft law y, luego, podrían llegar a considerarse costumbre internacional.
En relación con las disposiciones de la Constitución Política de 1991, en especial los artículos 1, 17 y 333, y la Ley 985 de 20058, y una interpretación amplia de estas, se puede
