«Los movimientos sociales y su rearticulación con la política», Juan Pablo Luna, María Ignacia Fernández, Sofía Donoso y Raúl Zarzuri hacen un recorrido por la articulación de los movimientos sociales con la política en general y con los partidos políticos en particular.
Juan Pablo Luna, a partir de su pregunta «¿Es posible la articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo?», analiza las vías posibles de articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo. Afirma que, en virtud de las características de los movimientos sociales actuales –específicamente de la movilización social– y las de los equivalentes funcionales de los viejos partidos políticos, su articulación es poco probable y, de lograrse, está destinada a la corta duración. Argumenta que los sistemas políticos de la región enfrentan el enorme desafío de alcanzar la legitimidad, lo que necesariamente supone la capacidad de sincronizar los tiempos políticos y de la política con las necesidades subjetivas de los ciudadanos. Desde una mirada post 18 de octubre plantea que se vio al descubierto la incapacidad de los partidos políticos –y del liderazgo político en particular– de interpretar, organizar y representar a la calle. La calle y las instituciones son realidades paralelas que se definen, además, en oposición una a la otra.
En «Conflictos territoriales y movimientos sociales. Los límites de un modelo de crecimiento sin participación» María Ignacia Fernández argumenta que la creciente emergencia de conflictos socio-territoriales es consustancial a la dinámica de un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas y que, en consecuencia, avanzar hacia su resolución requiere cuestionar y discutir algunas de las bases más fundamentales del modelo. En muchos territorios en conflicto estos se superponen con situaciones de pobreza y rezago, que son abordadas con políticas sociales de mitigación o productivas tradicionales, sin atender al problema de fondo. Ello, sumado al agotamiento del sistema político tradicional, que carece de la legitimidad necesaria para impulsar procesos de diálogo y construcción de acuerdos. Posteriormente, afirma que los conflictos socio-territoriales han persistido, no han surgido nuevos, ni se han resuelto los existentes. Tampoco han surgido nuevos espacios de diálogo ni instrumentos de política para su gestión y resolución. No obstante, a partir del denominado estallido social el tema ha adquirido alguna visibilidad en la agenda, en cuanto problema estructural que subyace a la expresión de malestar que se expresó el 18 de octubre pasado.
Sofía Donoso hace un recorrido por «El movimiento estudiantil chileno y su (re)articulación con la política institucional». Concluye que, a lo largo de distintas olas de protesta, los estudiantes secundarios y universitarios manifestaron su descontento con el funcionamiento del sistema educacional, el sistema político y su clausura hacia los actores sociales. Desde la perspectiva de los estudiantes, las concesiones obtenidas en el ámbito educacional no se tradujeron en la resolución de los problemas estructurales de la educación. En ese sentido, el Frente Amplio habría tenido la oportunidad de hacer una diferencia. Sin embargo, tras el estallido social de octubre de 2019, su falta de mecanismos de resolución de conflictos e instancias de toma de decisión significaron que las disputas internas se transformaran en pugnas abiertas y de difícil solución. Como resultado de estos conflictos hoy es un conglomerado considerablemente más reducido.
En «De la despolitización a la repolitización. Política, jóvenes y vida cotidiana», Raúl Zarzuri argumenta que asistimos a una repolitización de la política a partir de la despolitización de la política (tradicional). Afirma que «el abandono de las formas tradicionales de participación no puede y no debe ser leído como una falta de interés en la participación. Al contrario, lo que se observa es una nueva repolitización de la participación, que no se manifiesta necesariamente en un tránsito a formas tradicionales, como es la militancia en partidos políticos, sino que adquiere otro derrotero, como es el fortalecimiento de la vida cotidiana, eje de las nuevas formas de participación política, estructurando una política desde abajo y donde los jóvenes son sus principales actores». En su reflexión post octubre de 2019 plantea que las movilizaciones, de naturaleza espontánea y sin una conducción, son la expresión de una efervescencia política que se está «construyendo desde abajo y no desde arriba», sin la mediación de una orgánica o movimiento político que la modele y module, cuestión que habíamos observado en las nuevas construcciones de la cultura política de los jóvenes.
En la segunda parte, «Relaciones entre izquierdas y movimientos sociales», Kathya Araujo, Salvador Millaleo y Bárbara Figueroa recorren –desde un punto de vista académico hasta la militancia– las transformaciones que han operado en el ámbito de las relaciones de los movimientos sociales con la política.
Kathya Araujo expone los resultados de una serie de investigaciones que agrupó bajo el título «Transformaciones sociales y desafíos para la política». Se enfoca en el caso de la llamada política institucional y los actores que ubican su accionar político en este dominio. Afirma que existen diez rasgos centrales de las transformaciones sociales; en un segundo momento, expone en torno a lo que estos cambios implican para la relación entre política y sociedad y, en particular, para el hacer política. En su reflexión post octubre, en primer término, aborda cómo los acontecimientos del llamado 18-O mostraron la real profundidad de la distancia, indignación y enojo ciudadano con la clase política. En un segundo momento, examina el efecto de la presencia de actores fortalecidos y la creciente individualización sobre el destino de la relación entre sociedad y política institucional. Finalmente, expresa la cuestión del otro y de lo común y el papel de la política institucional.
En «Estrategias indígenas en las luchas territoriales: los accidentados caminos de los pueblos indígenas junto a las izquierdas chilenas», Salvador Millaleo comienza con una mirada diagnóstica: «La situación del estatus de los pueblos indígenas en Chile dentro del sistema jurídico es, sin duda, una de las más desmejoradas y atrasadas dentro del contexto regional latinoamericano. En Chile aún no existe una cláusula constitucional que siquiera reconozca su existencia previa. No ha existido en ninguna de las cartas constitucionales una cláusula similar». Continúa con el panorama económico social de la población indígena que habita en Chile, deteniéndose –con base en contundente evidencia– en la pérdida sistemática de tierras ancestrales, la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas, el impacto del extractivismo, el alcance de la consulta indígena, salud y educación intercultural, la relación de la política chilena con los pueblos y las estrategias políticas de los pueblos indígenas. Revisa los cinco momentos de convergencia política entre indígenas y chilenos (a partir de 1910) y la larga ruptura de la post transición. En su reflexión post ١٨ de Octubre, expone los hechos en torno al fracaso de la consulta indígena de 2019, en tanto primer rechazo popular mediante movilizaciones espontáneas que registró el segundo gobierno de Piñera. Con ese precedente, el estallido no constituye una total sorpresa para el mundo indígena, dado que la crítica ciudadana había tenido ante su vista tanto las políticas de persecución y represión contra el pueblo mapuche como el rechazo de las medidas de desarrollo neoliberal que se han aplicado a las comunidades y territorios indígenas. Cabe recordar que el principal emblema de las protestas fue la bandera mapuche Wenufoye, muy por sobre la bandera chilena.
Bárbara Figueroa, en «La búsqueda de un ideario unificador», problematiza la relación entre movimientos sociales y partidos políticos en general, poniendo en el centro al movimiento sindical chileno desde la perspectiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Como punto de partida, afirma que «la relación movimientos sociales y partidos políticos no solo es posible, sino que es necesaria, no solo para el fortalecimiento del rol de cada actor en sus respectivos frentes, sino porque ninguna democracia puede ser plena si no tiene movimientos sociales fuertes y un proyecto país, más allá de sus necesarias demandas corporativas; y, en el caso de los partidos políticos, porque su desarraigo con el movimiento social puede provocar –lo que señalamos en este artículo– una burocratización de la política». Pone de relieve que en Chile el pensamiento único tomó forma en el proyecto neoliberal, el que se instala a partir de la dictadura militar y no es cuestionado al término de esta. Finaliza señalando que el desafío es lograr un nuevo
