principio de atención integral que los juzgados integrales. Los “Centros de Justicia Familiar” de Nueva York son réplica de un modelo nacional que surgió en la ciudad de San Diego a comienzo de 2000. A los fines de conocer cómo funcionan estos centros, visité el Centro de Justica Familiar de Kings County.
La Oficina de Lucha contra la Violencia Doméstica es la agencia responsable de los Centros de Justicia, y de impartir y coordinar las políticas, acciones, servicios y capacitación en toda la ciudad. Los centros son solo la punta del iceberg de una sofisticada red, formada por la acción transversal de los distintos ministerios y agencias de la Municipalidad de Nueva York. Desde casi todos los sectores, tales como policía, salud mental, justicia penal, personas en situación de calle, vivienda, infancia, juventud y adultos mayores se prestan servicios relacionados a la violencia familiar. Aquí, en este libro, brindamos ejemplos de este accionar y, para dar una idea de cuánto cuesta poner en marcha una infraestructura de tal envergadura, se hace referencia al único estudio encontrado respecto al costo total de violencia familiar de la ciudad de Nueva York, producido en el año 2005. Los presupuestos anuales no identifican los costos indirectos desde los distintos ministerios. Finalmente, se hace una breve referencia a las estadísticas.
Por último, presentamos las conclusiones del estudio y brindamos recomendaciones para un modelo de juzgado integral de Violencia Familiar y un abordaje municipal integral para la ciudad de Salta.
Se puede argumentar que la realidad de Nueva York es muy distinta a la de Salta en todos los aspectos. El nivel de recursos económicos, por ejemplo, es muy diferente. Nueva York tiene uno de los presupuestos anuales más elevados de las ciudades de Estados Unidos. La inversión que se destina a proyectos de carácter social, en general, es elevada, así como las sumas destinadas a violencia familiar en particular. El presupuesto anual de Salta dista mucho de ser el más elevado del país, y el porcentaje que se destina a proyectos sociales es menor, en comparación al que se destina a obras públicas, por ejemplo.
Sin embargo, el propósito de este libro es solo brindar ejemplos que puedan servir para generar nuevas ideas o proyectos, que puedan adaptarse a la realidad de Salta. La intención es despertar el interés de políticos, jueces, profesionales, personal administrativo, estudiantes, grupos comunitarios que trabajan en el área de violencia familiar, y generar investigaciones en nuestra provincia que identifiquen las necesidades y con base en estas, se propongan soluciones innovadoras. Este trabajo podría servir de puntapié inicial.
II. JUZGADOS INTEGRALES DE VIOLENCIA FAMILIAR
Causas y orígenes de la especialización
En los años setenta, debido a la presión de movimientos feministas y grupos de víctimas de violencia familiar, distintos aspectos de la justicia penal de Estados Unidos respecto al tema comenzaron a cambiar. La ley federal se modificó a fin de reconocer la violencia familiar como un delito penal fuera del ámbito privado de las partes, lo que fue reafirmado al adoptarse la ley de Violencia contra la Mujer en 1994. Estas reformas implicaron una gran afluencia de causas de violencia familiar en los juzgados penales, que se vieron obligados a realizar modificaciones, ya sea en la búsqueda de métodos más eficientes y rápidos, o para darle un tratamiento diferenciado, enfocado en las características únicas de la problemática.
Desde fines de los años noventa y comienzos de la década del 2000, distintas jurisdicciones crearon juzgados especializados de violencia familiar en materia penal. En Nueva York, el primer juzgado especializado fue también de carácter penal y se estableció en 1996. Luego fue replicado en distintos condados y en mayo de 2013 llegó a haber treinta y tres juzgados. Muchos otros estados establecieron sus propios juzgados especializados respondiendo a sus propias necesidades (1).
La reforma de especialización en materia de violencia familiar respondió a una tendencia a la especialización judicial generalizada, que favorecía el establecimiento de juzgados conocidos con el término en inglés problem-solving courts. Estos juzgados se plantearon como objetivo que sus decisiones no solo sean de carácter punitivo, sino que también tiendan a dar solución a las causas que originaron los hechos. Con esta filosofía se establecieron más de tres mil juzgados especializados relacionados a distintas problemáticas, entre ellos violencia familiar, pero también juzgados de delitos causados por temas de adicciones, juzgados por delitos causados por problemas de salud mental y juzgados de delitos entre vecinos (2). Estos comparten un código de prácticas en común, como por ejemplo, la referencia a programas comunitarios, el seguimiento continuado de las causas y la colaboración mutua con los múltiples actores que participan en el procedimiento judicial y asisten al juez. Para favorecer el desarrollo homogéneo, varios estados nombraron coordinadores, especialmente encargados de brindar asistencia a estos juzgados sui generis.
Si bien los juzgados de violencia familiar nacieron impulsados por la filosofía de las problem-solving courts, algunos de sus principios no se aplican debido a las diferencias propias en materia de violencia familiar. Por ejemplo, en los juzgados de adicciones o en los juzgados de problemas mentales, las causas se refieren a hechos no violentos y el enfoque se basa en la recuperación del defendido. En violencia doméstica los juzgados tienen una responsabilidad frente a la víctima, a quien se debe proteger, a la vez que se trata la conducta del defendido. Los movimientos que impulsaron la reforma estaban particularmente interesados en que se diera igual o mayor seriedad a los delitos de violencia cuando el perpetrador era la pareja, lo que debía reflejarse en la pena.
Un comprensivo estudio de investigación del año 2009 sobre los juzgados especializados penales de violencia familiar y sus objetivos nos da una idea de las carencias y necesidades que se pretendían cubrir al momento en que estos se crearon. El estudio expresa que, si bien los orígenes y objetivos fueron diferentes, en parte por la particular legislación de cada estado de Estados Unidos (3), se pueden identificar algunos puntos comunes:
a. Eficiencia del Juzgado: La enorme cantidad de causas, sobre todo de violencia familiar en la pareja, justificó la creación de juzgados especializados penales, a fin de darles un tratamiento más eficiente y rápido. Estudios demostraron que algunos juzgados especializados en delitos menores lograron reducir el tiempo entre el comienzo de la causa y la sentencia final (4). Sin embargo, se observó que el objetivo de la eficiencia netamente entendida puede afectar otros objetivos, como el de dar un tratamiento especializado a la violencia en la pareja y garantizar la seguridad de la víctima (5).
b. Respuesta coordinada: “Coordinación de la respuesta por parte de la comunidad” fue reconocida como una necesidad imperiosa y un componente esencial del abordaje de la violencia doméstica. Los juzgados de violencia familiar dependen y deben facilitar la coordinación entre las distintas agencias con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima y la punibilidad de los acusados (6).
c. Decisiones informadas y personal especializado: Fiscales, abogados de la defensa y agencias gubernamentales que intervienen en el procedimiento judicial, entendieron que las causas de violencia familiar presentan características únicas, y que las decisiones judiciales mejoran mucho con la capacitación y experiencia por parte del juez. El juez especializado puede tener una visión diferente de la causa y conocer a las partes en mayor profundidad. Muchos juzgados trabajan también con fiscales especializados, abogados para las víctimas, oficiales de probation especializados y prestadores de servicios para las partes. En estos casos, cada uno de los actores intervinientes entienden sobre la problemática y sus características, se facilita el trabajo, se comparte información y se mejora la calidad de las decisiones (7).
d. Servicios a las víctimas: El objetivo de muchos juzgados es garantizar la seguridad de las víctimas y de allí surge la necesidad de facilitarles el acceso a los servicios. Es frecuente, por ejemplo, que en el mismo juzgado se encuentre presente advocate para las víctimas en forma permanente. Generalmente, esta persona es empleada por la Oficina del Procurador y su función es asistir a la víctima a lo largo de la causa, acompañarla, ayudarle a trazar un plan de seguridad, conectarla con los servicios existentes en la
