Tabla 1.Principales dimensiones del mecanismo de colonización
Tabla 2.Principales dimensiones del mecanismo de titulación
Tabla 3.Principales dimensiones del mecanismo de mercado de tierras
Tabla 4.Principales dimensiones del mecanismo de invasión
Tabla 5.Principales dimensiones del mecanismo de repoblamiento
Tabla 6.Principales dimensiones del mecanismo de despojo material
Tabla 7.Principales dimensiones del mecanismo de venta forzada
Tabla 8.Principales dimensiones del mecanismo de falsificación y suplantación
Tabla 9.Rangos de propiedad privada rural agropecuaria en Urabá
Tabla 10.Cambio de propietarios en Urabá, 2006-2011
Tabla 11.Tipologías de cambio de los propietarios constantes en Urabá, 2006-2011
Tabla 12.Estadísticas descriptivas (nivel veredal)
Tabla 13.Resultados de las estimaciones por zonas veredales y estructuras de propiedad
Siglas
| ACCU: | Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá |
| ACNUR: | Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados |
| ADR: | Agencia de Desarrollo Rural |
| ANT: | Agencia Nacional de Tierras |
| ANUC: | Asociación Nacional de Usuarios Campesinos |
| AUC: | Autodefensas Unidas de Colombia |
| BACRIM: | Bandas criminales emergentes |
| CEDE: | Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico |
| CNMH: | Centro Nacional de Memoria Histórica |
| CNRR: | Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación |
| DDR: | Desarme, Desmovilización y Reintegración |
| ELN: | Ejército de Liberación Nacional |
| EPL: | Ejército Popular de Liberación |
| FAO: | Food and Agriculture Organization |
| FARC: | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia |
| INCODER: | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural |
| INCORA: | Instituto Colombiano de la Reforma Agraria |
| M-19: | Movimiento 19 de Abril |
| MINTIC: | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| ODHyDIH: | Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario |
| OIT: | Organización Internacional del Trabajo |
| PDET: | Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial |
| PNUD: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| RNI: | Red Nacional de Información |
| SIMCI: | Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos |
| UNODC: | Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito |
| UP: | Unión Patriótica |
| URT: | Unidad de Restitución de Tierras |
Nau drúade bemáta Jamáunta yodimemberá
(Esta tierra es de todos)
Leyenda en el escudo de Apartadó, Antioquia
La estructura de la propiedad rural en Colombia es el resultado de múltiples factores, tales como: condiciones iniciales de distribución de la tierra durante la Colonia, procesos de colonización, débiles derechos de propiedad, mercados de tierras ineficientes, conflicto armado, narcotráfico, entre otros (Ibáñez y Muñoz-Mora, 2010). Estas dinámicas han creado un círculo donde el control por la tierra se convierte en la motivación y el principal factor de persistencia de múltiples conflictos violentos en el país, los cuales se acentúan en zonas con abundancia de recursos naturales y localizaciones geopolíticas privilegiadas para el desarrollo de actividades productivas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011).
Este es el caso de la región de Urabá, localizada al noroccidente del departamento de Antioquia. Su ubicación privilegiada sobre el mar Caribe en la frontera con Panamá, sumada a condiciones agroecológicas únicas, la convierten en un territorio con alta proyección agroindustrial y como un puerto clave para el comercio con Centro y Norteamérica (Parsons, 1996).1 Históricamente, estas condiciones también lo han convertido en un territorio en disputa por su alto valor para los actores legales e ilegales, lo cual ha dado lugar a una crisis humanitaria persistente durante las últimas décadas, con acciones violentas como desplazamiento forzado, masacres, asesinatos selectivos y presencia de múltiples actores armados, entre otros (Suárez, 2007; García y Aramburo, 2011). Cuando se alude a “conflicto” a lo largo de este trabajo, se refiere a los fenómenos que se acaban de mencionar: disputa territorial, crisis humanitaria y presencia violenta de múltiples actores armados.
Justo antes de la firma del Acuerdo de Paz con la principal guerrilla del país –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC)– en 2016, en Urabá se encontraban el 10% del total de casos registrados de expulsiones (desplazamientos individuales) y el 20% de los desplazamientos masivos a nivel nacional (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 142-143). Muchos de estos casos estuvieron relacionados con procesos sistemáticos de apropiación ilegal de tierra. En efecto, según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a mayo de 2020, solamente en el municipio de Turbo se presentaban 2.745 solicitudes de restitución de tierras (3% del total nacional), convirtiéndose en el municipio con mayor número de solicitudes del país; en conjunto, los municipios de Urabá cuentan con 6.500 solicitudes (5% del total nacional). Estos datos son parte de la radiografía de un territorio en constante disputa, lo cual se ha traducido en una alta tasa de población victimizada y una región con altos niveles de pobreza y desigualdad.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC abrieron una luz de esperanza para finalizar la lucha territorial en Urabá. No obstante, la falta de eficacia para consolidar la presencia del Estado en la región, sumada a la consolidación de grupos emergentes, ha creado un ambiente de tensión y violencia que ha perdurado y que podría ser la antesala de una reactivación del conflicto (Defensoría del Pueblo, 2018). Una de las principales características de este nuevo periodo de violencia es la victimización selectiva de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, en especial, aquellos relacionados con procesos de restitución de tierras. Aunque no existe un consenso sobre las cifras, según la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, para 2018, “en el Urabá se presentaron 24 casos de amenazas individuales, 13 amenazas colectivas, 11 casos de hostigamientos colectivos, 3 casos de censura y 2 homicidios” (2018, p. 38) en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto presenta una nueva etapa del conflicto en la región que muestra una preocupante realidad en la que la consolidación de la paz está lejos de ser realidad (Defensoría del Pueblo, 2018).
Entre las muchas razones del fracaso de esta consolidación de la paz se encuentra una limitada comprensión de la magnitud del conflicto armado en Urabá y de los mecanismos a través de los cuales este modificó la sociedad local. Aunque múltiples trabajos académicos e investigaciones han analizado extensamente la descripción y caracterización del conflicto en Urabá,2 son escasos los que han intentado reconstruir las relaciones de los diferentes antecedentes de violencia y la estructura de la sociedad, en particular, la estructura de propiedad de la tierra.3 Esto no es exclusivo del Urabá antioqueño: en Colombia, la carencia de datos históricos sobre la distribución de la propiedad y la complejidad de las diferentes
