1999; Stewart, 2000; Zartman, 2001; Regan, 2009). Evidentemente, en esta propuesta la apropiación y redistribución de tierras es un elemento importante; pero en otras ocasiones no es la desigualdad socioeconómica, sino las motivaciones económicas e intereses privados de unos pocos, lo que motiva el conflicto armado. La tesis de la codicia señala que los conflictos armados tienen mayor probabilidad de ocurrir cuando hay altas posibilidades para la apropiación de bienes y recursos primarios. Específicamente, sostiene que algunas luchas comienzan como un intento por apropiarse de las ganancias de las rentas en regiones donde hay abundancia de recursos naturales (Collier, 2000; Azam y Hoeffler, 2002; Collier y Hoeffler, 2002; De Soysa, 2002; Collier et al., 2003). En estos casos, se tiende a mantener el discurso retórico que hace referencia a supuestos agravios para ganar apoyo civil o militar y aumentar el reclutamiento voluntario (Zartman, 2005). Sin embargo, cuando los derechos de propiedad están bien definidos y protegidos, los actores armados deben recurrir a otros mecanismos diferentes, tales como el saqueo y las donaciones voluntarias. En este punto, entran en juego el aprendizaje estratégico y la implementación de mecanismos de transferencia que no lleven necesariamente a un enfrentamiento directo con el Estado, sino que se basen en la manipulación de las instituciones a favor de los intereses de los actores.
Adicionalmente, existen enfoques que toman en cuenta ambas perspectivas.7 Pocos conflictos armados son causados exclusivamente por codicia o agravios. Típicamente, las características de cada conflicto, junto con las realidades, desigualdades y agravios históricos, económicos y políticos, interactúan de manera íntima para crear las condiciones para la violencia (Ballentine, 2003; Zartman, 2005). Algunos estudios sugieren que la codicia y los agravios se refuerzan mutuamente debido a que la economía de guerra y la economía civil están entrelazadas (Keen, 2000; Collinson, 2003; Goodhand, 2003; Korf, 2004). De igual manera, la transferencia puede nacer de agravios o codicia y luego reproducirse por una razón distinta; por ejemplo, una vez comienza el conflicto, se produce una lógica automática (económica y política) de “clientelismo de tierras”, esto es, la modificación de los derechos de propiedad de tal forma que haya una redistribución de tierras que asegure la lealtad político-militar para mantener el orden (Velásquez, 2008), pero también como parte de una “economía criminal” organizada (la droga y en menor medida el oro y la madera) que financia el conflicto o que busca generar beneficios privados (Giraldo, 2011).8
En cualquiera de las dos opciones, el contexto de un Estado débil –en oposición a un Estado fuerte– abre una “ventana de oportunidad” para el conflicto armado. La fortaleza estatal se expresa en un mayor número de funciones realizadas con mayor efectividad (Fukuyama, 2004; 2005). Entre estas funciones destacan: proteger a la población de conflictos violentos y controlar el territorio; satisfacer las necesidades básicas humanas de la población; promover las libertades civiles y políticas; establecer y mantener instituciones políticas que sean legítimas, transparentes y con rendición de cuentas; y crear un ambiente que propicie el crecimiento económico sostenible y equitativo (Rotberg, 2003; Rice y Patrick, 2008). En contraste, la fragilidad, debilidad o falla estatal se refiere a la ausencia de la capacidad o voluntad para llevar a cabo dichas funciones básicas del Estado. En términos más operativos, el monopolio sobre la fuerza y el territorio (presencia militar o policial), la administración de justicia, la recolección de impuestos y la redistribución de rentas, entre otros, son elementos que pueden ser utilizados como indicadores que permitan aproximarse a la presencia y la capacidad estatal.
Desde una perspectiva centrada en las incompatibilidades que definen los conflictos armados internos, estos pueden definirse como orientados a la construcción de Estado o al cambio de régimen político (Wallensteen, 2007, pp. 153-161). Para el caso colombiano, Pizarro –en su relatoría de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas–, sostiene que “no existen mayores discrepancias en relación con la baja capacidad del Estado para obtener recursos y llevar a cabo sus múltiples responsabilidades” (2015, p. 71). Esta afirmación subraya la precariedad institucional como una de las condiciones que facilitó la emergencia del conflicto armado y contribuyó a su prolongación.9 Entonces, se puede decir que la apropiación de la tierra ha sido, históricamente, un problema social de primer orden,10 lo cual se combina con una tendencia a una “presencia diferenciada” del Estado; esto es, tiene una mayor o menor centralidad institucional en los procesos sociales y políticos según el lugar (González, 2003).
La debilidad institucional en la definición y defensa de los derechos de propiedad, las desigualdades y el acceso abierto a rentas crean ventanas de oportunidad para grupos insurgentes e intensifican conflictos ya existentes (Velásquez, 2008, p. 124). Empero, la ausencia del Estado en un espacio no conduce necesariamente a una situación de anomia y conflicto, ya que en ocasiones el Estado es sustituido por grupos armados no estatales o paraestatales, que mantienen un cierto nivel de control. En cambio, esto no sucede en donde la presencia del Estado es completa o mínima mientras la de otra organización es total (Kalyvas, 2008, pp. 401-402). Así, el espacio que deja el Estado puede ser copado por otra organización para formar y mantener un orden alterno que funciona como un sistema de gobierno ilegal con poder sobre la sociedad.
La construcción y el mantenimiento de este tipo de orden se logran por medio de diversos mecanismos que resultan similares a los que emplea el Estado, entre los que se destacan el uso de la fuerza física o coerción, la recolección de tributos o extorsiones, y finalmente, la apropiación y redistribución de tierras (Brands, 2009). Con frecuencia, los más afectados por esto (usualmente en la forma de desplazamiento forzado) tienden a ser aquellos que son identificados como partidarios de algún actor enemigo, sea el Estado, la sociedad civil u otro grupo armado (Steele, 2011).
No obstante, una mayor presencia del Estado (cuando este es débil en otras formas), no significa necesariamente la ausencia de conflicto, violencia o actividades ilegales; por ejemplo, cuando el Estado sufre de corrupción sistémica,11 todo el sistema funciona de manera “enferma” (Rose-Ackerman, 2008). Así las cosas, el problema de la protección de los derechos de propiedad y la transferencia de tierras se relaciona de forma estrecha con la fortaleza de la presencia estatal y su permeabilidad frente a la cuestión de la corrupción. En este contexto, la comprensión del papel de la transferencia de la tierra y la participación del Estado en la definición y protección de los derechos de propiedad requiere hacer una caracterización del conflicto armado, los actores insertos y sus relaciones con la tierra como elementos fundamentales en las motivaciones iniciales y la persistencia del conflicto armado.
Actores, tierra y prolongación del conflicto
Como se ha visto, los conflictos armados internos (guerras civiles) se caracterizan por una pluralidad de motivaciones, entre las que destacan los agravios, la codicia, y la oportunidad que ofrece la debilidad estatal. A más de esto, las guerras civiles posmodernas se caracterizan por la multiplicidad de actores armados involucrados, el desdibujamiento de las fronteras entre guerra y paz, la erosión de la distinción entre combatientes y civiles y la pérdida de la noción clásica de combate (Giraldo, 2009).
La complejidad de las “nuevas guerras” o “guerras posmodernas” hace que sea útil analizar el conflicto armado por díadas, o pares de actores opuestos, para comprender mejor las dinámicas del conflicto y las diferencias en la comprensión del papel de la tierra (Harbom, Melander y Wallensteen, 2008). Este tipo de definiciones hace especial énfasis en el tema de los actores armados no estatales presentes en el conflicto.
Es posible identificar por lo menos cuatro tipos de grupos armados no estatales:12 1) grupos insurgentes; 2) grupos militantes; 3) bandas urbanas y caudillos; y 4) milicias privadas, fuerzas policiales y compañías de seguridad (Krause y Milliken, 2009). En primer lugar, la insurgencia busca establecer un dominio sobre la población en territorios donde el Estado es débil y hay recursos económicos importantes para lograr cambios gubernamentales, políticos o territoriales; de esta manera, hace uso de acciones violentas (asesinatos
