LUIS REQUERO IBÁÑEZ
Magistrado del Tribunal Supremo
JESÚS MARÍA SILVA
Catedrático de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra
Miembro permanente de la Comisión General de Codificación
VÍCTOR TORRE DE SILVA
Profesor de IE Law School
Letrado Mayor del Consejo de Estado
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. La eutanasia en perspectiva: autonomía de la voluntad y vulnerabilidad
1. SENTIDO COMÚN, HUMANIDAD Y EUTANASIA
2. LA EUTANASIA: ¿DE QUÉ SE TRATA?
3. LA FALACIA DE LA AUTONOMÍA EN LA LEY DE EUTANASIA
PARTE II. PERSPECTIVA MÉDICA Y SANITARIA. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
2. LA LEY DE EUTANASIA DEJA DESPROTEGIDAS A LAS PERSONAS CON PATOLOGÍA MENTAL
3. LOS PROFESIONALES SANITARIOS ANTE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE EUTANASIA
4. LA MALA CONCIENCIA DEL PODER
5. EL DEBER DE OBJETAR EN CONCIENCIA
PARTE III. PERSPECTIVA SOCIAL Y JURÍDICA
1. LA EUTANASIA NO ES UN DERECHO, ES UN FRACASO SOCIAL
2. ELIMINAR EL SUFRIMIENTO, NO AL QUE SUFRE
4. LA LIBERTAD Y LA LEY DE LA EUTANASIA
5. LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD EN LA LEY DE EUTANASIA
6. ¿CABE PROCLAMAR UN DERECHO A MORIR O ES UNA CONTRADICCIÓN EN SÍ MISMA?
7. SOBRE EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA EUTANASIA
8. LA NUEVA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA O EL EUFEMÍSTICO DERECHO A UNA ‘MUERTE DIGNA’
9. LEGALIZACIÓN DE LA EUTANASIA: LO QUE ESTÁ EN JUEGO
10. TRES OBJECIONES JURÍDICAS A LA LEY ESPAÑOLA DE LA EUTANASIA
Posicionamiento del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ante la eutanasia y el suicidio asistido
“¿Hemos perdido el sentido común? La medicina nunca debe causar ni provocar la muerte de manera intencionada”
BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES
NOTA PRELIMINAR DEL EDITOR
ESTE LIBRO SE HA GESTADO para dar voz a tantas personas, organizaciones e instituciones que han sido excluidas del proceso de elaboración de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia (LORE). Una ley que, pese a la trascendencia de su objeto —el derecho a la vida, la protección de las vidas más vulnerables y la relación médico-paciente—, el Gobierno optó por tramitarla como proposición y con procedimiento parlamentario abreviado, de modo que apenas pudo ser objeto de debate público en el marco de una democracia.
Su tramitación como proposición de ley trae causa en que fue presentada como tal por el partido que apoya al Gobierno de coalición. Bien pudiera haberlo hecho el Gobierno (pues cuenta con la mayoría parlamentaria), pero si no lo hizo fue por un motivo muy concreto: la exclusión directa de los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, etc., así como el Comité de Bioética de España. Este modo de proceder resulta una excepción en el contexto europeo: cuando se ha tramitado una ley de este calado, siempre se ha partido de un informe del Comité Nacional de Bioética (Portugal, Italia, Reino Unido, Francia, Suecia, Austria, Alemania, etc.). España ha sido, desgraciadamente, la excepción. Si más del 90 % de las leyes aprobadas en España son tramitadas como proyectos de ley, porque es el Gobierno quien suele tener al final la iniciativa legislativa, carece de sentido que esta Ley, cuyo contenido es tan relevante para el conjunto de la sociedad, se haya querido tramitar a través de una proposición de ley para eludir los informes preceptivos requeridos por la tramitación de un
