como la textil, la minera, la del acero y la de la construcción o en talleres artesanales. Eso permaneció bastante estable durante el resto del siglo. En el periodo comprendido entre 1860 y 1900, «el sector generalmente descrito como primario (es decir, la agricultura) concentraba entre el 60 y el 65 por ciento del total de la población activa; el sector secundario (industrial) entre el 14 y el 15 por ciento; el sector terciario (servicios) entre el 18 y el 20 por ciento».[1]
Eso significa que cuatro millones y medio se dedicaban a la agricultura, un millón a la industria y un millón doscientos cincuenta mil a los servicios.
Una importante consecuencia de la desamortización, que es como se denominó al reparto de las propiedades, fue la rápida y constante afluencia de agricultores a los pueblos y ciudades de la España industrial, especialmente a los alrededores de Barcelona. Según Pere Gabriel, considerando residentes urbanos a los que viven en municipios de más de 10.000 habitantes, se estima que la población urbana de España creció así: «del 14 por ciento del total de la población en 1820, al 16 por ciento en 1857, al 30 por ciento en 1887 y el 32 por ciento en 1900».[2] La rápida urbanización junto con los cambios políticos igualmente rápidos, en un sistema en el que las contradicciones políticas y económicas cada vez eran más evidentes, forzaron el ritmo de la radicalización de las masas y supusieron un potente estímulo para el crecimiento del movimiento sindical español.
Las ideas libertarias relativas a la libertad, y su crítica al poder y a la autoridad arbitraria se habían difundido por las diferentes regiones de España de un modo u otro desde la Revolución francesa: el sansimonismo en Cataluña, el fourierismo en Cádiz, etc. Sin embargo, fue, sobre todo, la influencia de las ideas federalistas y antiestatistas del anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon en radicales españoles como Ramón de la Sagra y Francesc Pi i Margall en la década de los cincuenta del siglo XIX lo que imprimió el sello federal al movimiento sindicalista español. Pero hasta 1868, año en que el italiano Giuseppe Fanelli y otros introdujeron en España la Alianza Internacional de la Democracia Socialista de Mijaíl Bakunin, el anarquismo no dejó de ser una doctrina de abstractas especulaciones filosóficas sobre el uso y abuso del poder político para convertirse en una teoría de aplicación práctica.
El núcleo de la crítica del capitalismo y del estatismo de Bakunin, que con tanto entusiasmo fue recibida por los radicales españoles, era que el orden existente en la sociedad era preservado por tres fuerzas: el Estado, la religión y la propiedad. Como el Estado siempre había sido el instrumento con el que la elite gobernante salvaguardaba sus intereses y privilegios, no podía, por lo tanto, utilizarse como arma para derrocar al capitalismo, tal como los socialistas autoritarios afirmaban. El Estado, por consiguiente, era el principal enemigo. Para Bakunin, la democracia representativa también era un gran fraude con el que la elite gobernante convencía a las masas de que construyeran su propia prisión. Pero Bakunin reservó sus críticas más duras para el socialismo del Estado marxista, que profetizó que sería el régimen más tiránico de todos. Según él, el poder concentrado en el Estado conduciría «al dominio de los científicos, los más aristócratas, los más déspotas, los más arrogantes» de los gobernantes. El anarquismo era lo único que podía garantizar la existencia de una sociedad libre, en que el Estado sería reemplazado por federaciones libres, basadas en comunas locales que poblarían provincias, naciones y continentes, y finalmente constituirían una federación mundial que representaría a toda la humanidad. Esas ideas articulaban valores, aspiraciones y tradiciones del pueblo español, y tuvieron muy buena acogida en el ambiente federalista de la época. Era la única alternativa aceptable al intervencionismo estatal que quería la burguesía mercantil de base agraria para establecer un eficaz sistema de transportes y comunicaciones que le permitiera irrumpir en los florecientes mercados continentales y mundiales, y a la centralizada y burocratizada estructura exigida por la facción marxista dominante de la Internacional.
El programa de la Alianza de la Democracia Socialista de Bakunin fue recibido con entusiasmo por los radicales de la clase trabajadora y, especialmente, por los campesinos sin tierras. El programa de Bakunin sostenía que el capitalismo era el peor de todos los sistemas económicos porque defendía que la propiedad era un derecho natural y el principal legitimador del orden social. La consecuencia de ello era una sociedad dividida en clases en que contrastaban la pobreza, la ignorancia, el trabajo duro y la inseguridad de la mayoría, con la abundancia, la satisfacción, el poder y la seguridad de unos pocos. La propuesta de Bakunin era reemplazar al capitalismo con un sistema basado en la asociación voluntaria de productores copropietarios de las empresas, cuyos beneficios se repartirían entre los miembros de las sociedades, no de manera igualitaria, sino justa.
El papel revolucionario de los anarquistas en el seno del incipiente movimiento sindicalista español fue expuesto con claridad por primera vez en los estatutos de la sección española de la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores (IWMA/AIT), constituida el 2 de mayo de 1869 bajo los auspicios de la Alianza. El programa, estatutos y estructura de esa organización sentaron las bases y fijaron el modelo del movimiento anarquista español, en vigor durante muchos años. La Alianza, el primer instrumento organizativo del anarquismo español, fue la progenitora y la fuente de inspiración de una larga lista de organizaciones de trabajadores cuyos principales rasgos diferenciadores y característicos fueron el antiestatismo y el colectivismo, que les animaron a resistir los embates del ejercicio del poder por parte de cualquier facción política y de todos los grupos que amenazaban su integridad antiautoritaria.
La Alianza se declaró atea, colectivista, federalista y anarquista: «Enemiga de toda clase de despotismo, la Alianza no reconoce ninguna forma de Estado y rechaza todas las formas de acción revolucionaria cuyo objetivo inmediato y directo no sea el triunfo sobre el capital de la causa de los trabajadores».[3]
Su programa exigía la completa reconstrucción de la sociedad mediante una estrategia diferente a la propuesta por el socialismo estatal, con los medios apropiados para alcanzar los respectivos fines: la federación de comunas autónomas basadas en la propiedad y el control de los medios de producción por parte de los trabajadores. Los anarquistas de la Alianza creían firmemente que los trabajadores y los oprimidos en general debían generar y controlar sus propias luchas. «Ningún redentor de lo alto libera»– ni en la fila de piquetes, ni en las barricadas.
El primer gran movimiento sindicalista en España, la Federación Regional Española (FRE), fue concebido y desarrollado por la Alianza, que lo dotó del espíritu revolucionario del anarquismo. Al congreso celebrado en Barcelona en junio de 1870, asistieron 89 delegados (74 de ellos catalanes; 50 de Barcelona). Entre los estatutos de la sección española de la Alianza estaba la siguiente declaración explícita de objetivos anarquistas en relación con el sindicalismo: «La Alianza llevará toda la influencia posible al interior de la federación sindicalista local para evitar que se desarrolle de un modo reaccionario o antirrevolucionario».[4]
La postura de la FRE respecto a la actividad política fue explicada en la siguiente resolución:
Nosotros opinamos... que la esperanza de bienestar depositada por la gente en la conservación del Estado ya se ha cobrado muchas vidas.
Que la autoridad y los privilegios son los soportes más firmes que apuntalan esta sociedad de injusticia, una sociedad cuya reconstitución sobre las bases de la igualdad y la libertad es un derecho que nos incumbe a todos.
Que el sistema de explotación por el capital favorecido por el gobierno o el estado político no es más que la misma, y creciente, explotación de siempre y que el sometimiento forzoso a los caprichos de la burguesía en nombre del derecho legal o jurídico indica su carácter obligatorio.
Después
