hecho, en los cinco primeros Planes de Acción, estas cuestiones aparecen mencionadas de manera explícita, aunque no con tanta relevancia, por ejemplo, como las cuestiones de cooperación en asuntos de justicia e interior. Para cada país, se contemplan acciones o líneas de intervención concretas, que van desde la coordinación de políticas, el fomento del empleo, medidas de inclusión, lucha contra la discriminación, etc. Es importante subrayar que las normas internacionales del trabajo y las libertades sindicales se señalan como parte de los criterios de referencia (valores compartidos) que sustentan los Acuerdos de Vecindad.
El contenido de los Planes de Acción en materia de empleo y derechos sociales no puede quedarse en letra muerta, sino que deben traducirse en programas concretos con recursos específicos. La insistencia en que la PEV puede potenciar realmente el diálogo en estas materias abre un campo de posibilidades para los agentes económicos y sociales de la UE y de los PAM a través de las instituciones consultivas o mecanismos ad hoc. Sin embargo, la actual ausencia total de consulta con los agentes sociales contradice la misma lógica de la PEV (el acercamiento legislativo y la adopción de prácticas de la UE) al negar una práctica asentada en la UE como es la consulta social.
4ª conclusión: La nueva Política Europea de Vecindad establece una nueva metodología y los Planes de Acción se refieren de manera expresa a la política de empleo, la libertad sindical y los convenios internacionales en material laboral. Sin embargo, aún deben pasar el test de su aplicación efectiva y establecer mecanismos de consulta con los agentes sociales, totalmente ausentes hasta ahora de este proceso
PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS
El respeto de los DES es esencialmente una responsabilidad de los Estados, en primer lugar nacionales, pero también de la UE (en el marco de la AEM) y del conjunto de la comunidad internacional (en el marco de los organismos internacionales, financieros o de otra naturaleza). Por ello hay que estructurar un debate sobre la corresponsabilidad en el marco de la AEM, a la hora de abordar el derecho al trabajo y el derecho al desarrollo, y especialmente en cuanto a empleo y DES. La PEV debería facilitarlo.
Las siguientes propuestas se basan en tres principios básicos: a) el principal reto que deben afrontar conjuntamente los PAM y los países europeos es cómo garantizar empleo de calidad tanto en el Norte como en el Sur del Mediterráneo, así como la realización de los derechos sociales fundamentales para todos los ciudadanos; b) para ello, la creación de empleo y la mejora de los derechos económicos y sociales de los PAM deben incluirse como uno de los objetivos explícitos de la Asociación Euromediterránea, con la consiguiente necesidad de emprender acciones directas en este ámbito con recursos financieros específicos; c) el principio de corresponsabilidad que se encuentra en la base de una verdadera Asociación, es decir, la responsabilidad compartida entre los países de la UE y los PAM en relación con las cuestiones de interés común (y el empleo y la situación económica y social, sin lugar a dudas, lo son). Esto implica el imperativo de buscar conjuntamente soluciones y, eventualmente, diseñar estrategias comunes y utilizar recursos compartidos para llevarlas a cabo.
En el ámbito institucional
1) Convocar una gran Conferencia Euromediterránea sobre Empleo en 2006, con participación de los gobiernos nacionales, las instituciones euromediterráneas y comunitarias, los agentes sociales y expertos, siguiendo el modelo propuesto por la Comisión Europea para las Conferencias sobre Derechos Humanos y Democratización y sobre Igualdad de Género previstas para 2006.
2) Convocar Conferencias Euromediterráneas de Ministros de Trabajo periódicas con el fin de abordar la cuestión del empleo en la región.
3) Generalizar la creación y el funcionamiento de los «Grupos de Trabajo sobre Asuntos Sociales» en el seno de los Consejos de Asociación bilaterales entre la UE y los PAM, como se han creado ya en los casos de Túnez y Jordania. Estos grupos de trabajo deben tratar de cuestiones como las políticas de empleo, el seguimiento y mejora de la situación económica y social y los sistemas de protección social, las normas y condiciones de trabajo y la reducción de la pobreza, y no sólo de aspectos relacionados con la cooperación en asuntos de justicia e interior como la integración de los inmigrantes.
4) Crear espacios estables de diálogo y de concertación social a nivel de la Asociación Euromediterránea, con participación de los agentes sociales tanto de la UE como de los PAM y de las instituciones euromediterráneas. Esto implica contemplar de manera más explicita un acercamiento progresivo de los PAM a la legislación social europea, involucrando a las estructuras de coordinación de sindicatos, empresarios y otras asociaciones socio-profesionales. Junto a la posibilidad de establecer un Comité Económico y Social Euromediterráneo (EUROMEDCES), debería articularse un diálogo social bipartito entre, por un lado, el Foro Sindical Euromediterráneo y, por otro, la Unión Mediterránea de Confederaciones Empresariales y la UNICE.
En materia de procedimientos
5) Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación multilateral (surveillance) a nivel euromediterráneo sobre la situación económica y social en general y del empleo en particular, con un sistema de indicadores que permita las comparaciones y el análisis de la evolución a lo largo del tiempo, así como un seguimiento de las políticas nacionales. Este sistema debería incluir el análisis de los DES de los inmigrantes de los PAM establecidos en la UE.
6) Incorporar a todos los procedimientos de decisión y de gestión de las instituciones, políticas, programas y acciones euromediterráneas (Zonas de Libre Comercio, Programas MEDA, Planes de Acción...) el estudio sistemático y rigurosos de su impacto sobre el empleo y la situación económica y social. El Estudio de Impacto sobre la Sostenibilidad de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio en curso debería concluirse a la mayor brevedad posible y ofrecer conclusiones inequívocas y relevantes. Sus conclusiones y las conclusiones de otros estudios de evaluación de impacto deberían servir de base para reorientar las acciones y prioridades de política y adoptar medidas de compensación de los impactos negativos.
En relación con el contenido sustancial de las acciones y programas euromediterráneos
7) Avanzar hacia la definición de una Estrategia Euromediterránea de Empleo con objetivos específicos regionales y por países y la especificación de compromisos, planes e instrumentos para alcanzarlos, siguiendo el modelo de las «Directrices generales para la política de empleo de los 25» de la UE. Esto obligaría a los países miembros de la AEM a establecer un sistema integrado de estadísticas sociales e información sobre políticas de empleo.
Como primer paso, la Comisión debería elaborar unas orientaciones estratégicas específicas en materia de empleo y de derechos económicos y sociales, al igual que hizo en 2003 respecto de los derechos humanos. Dicho documento debería tener objetivos claros, cuantificados y evaluables. Incorporaría un mecanismo que promueva la ratificación y la transposición efectiva de los convenios de la OIT; un sistema de supervisión multilateral de la situación de los derechos económicos y sociales y del empleo; y la promoción de medidas a favor del empleo, de la protección social y de la cohesión y la erradicación de la pobreza.
8) Establecer mecanismos institucionalizados de salvaguardia y compensación en relación con las consecuencias sociales de las acciones y políticas euromediterráneas cuando los indicadores sociales de referencia que se establezcan superen determinados umbrales mínimos.
9) En el marco de los Planes de Acción de Vecindad y de los Programas MEDA, adoptar programas y acciones específicos
a. de promoción del diálogo social y la concertación a nivel nacional en los PAM;
b. de reforzamiento de la libertad sindical y el respeto efectivo de la autonomía de las organizaciones sindicales, así como de la cooperación sindical euromediterránea;
