y complementario, no como objetivo directo principal de las acciones de cooperación. Teniendo en cuenta que, a día de hoy, no se ha completado un diagnóstico sistemático, exhaustivo y preciso de las consecuencias sociales de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio y los procesos de reforma económica, no es de extrañar que esta declaración de intenciones haya tenido muy escasa traducción en los contenidos concretos de la cooperación euromediterránea.
A este respecto, cabe señalar que los Acuerdos de Libre Comercio firmados por los países de la región, en particular por Jordania y Marruecos, con Estados Unidos, sí regulan de manera específica cuestiones relacionadas con el Derecho laboral y los derechos de los trabajadores, si bien los expertos albergan serias dudas sobre la efectividad de tales acuerdos a este respecto.[5]
En consecuencia, estos diez años se han caracterizado por una total falta de acciones directas en materia de empleo. Así lo evidencia el hecho de que no haya habido ni una sola Conferencia Euromediterránea de Ministros de Trabajo o de Asuntos Sociales, cuando sí ha habido, por ejemplo, Conferencias de Ministros de industria, comercio, medio ambiente, agua, agricultura, energía, transporte, sociedad de la información, justicia e interior, cultura y sanidad.
El propio Programa de Trabajo propuesto por la Comisión para los cinco próximos años reitera este planteamiento. En él se señalan nueve acciones previstas para promover el objetivo prioritario de «contribuir a crear empleo y crecimiento económico sostenible mediante la liberalización comercial y la integración regional» –una de las tres grandes prioridades señaladas, junto con los derechos humanos y la democracia y la educación-: la liberalización del comercio de servicios y el establecimiento, la liberalización comercial y la cooperación agrícola y pesquera, la convergencia de la legislación, la integración económica Sur-Sur, un entorno macroeconómico saneado, el estudio de la creación de un Banco Euromediterráneo de Desarrollo, transporte, energía y sostenibilidad medioambiental. No hay, en cambio, ni una sola mención a medidas concretas para promover el empleo. A nivel europeo, hace tiempo que se ha llegado a la conclusión de que, para luchar eficazmente contra el desempleo, junto con políticas de crecimiento y reformas estructurales son necesarias políticas activas y directas de empleo y estrategias conjuntas a nivel europeo; no hay ninguna razón para no trasladar esa lógica al ámbito euromediterráneo.
Lo mismo puede decirse más en general de los derechos económicos y sociales (DES); un informe de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH) ponía de manifiesto la ausencia casi total en el marco de la Asociación Euromediterránea de ninguna reflexión metodológica sobre la cuestión de los derechos económicos y sociales y su papel en el conjunto del denominado «Proceso de Barcelona».[6] Esto resulta particularmente grave y cuestiona la posibilidad de alcanzar los objetivos de la Asociación Euromediterránea, en la medida en que, según se desprende de un ulterior proyecto de investigación puesto en marcha por la REMDH, los DES son fundamentalescomo condición material para el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, considerado como un «elemento esencial» de la Asociación.[7] Los derechos económicos y sociales serían, por tanto, un auténtico «eslabón perdido» de la cadena de causalidad para alcanzar los objetivos de democracia y desarrollo de la Asociación Euromediterránea. A este respecto, también merece la pena mencionar la escasa atención que reciben los derechos económicos y sociales de los inmigrantes procedentes de los PAM establecidos en la UE, lo que resta credibilidad a los llamamientos de la propia UE a que los PAM promuevan avances en este ámbito.
Con todo, el nuevo énfasis que se pone en la educación en el Programa de Trabajo de la Comisión es una excelente noticia en este sentido, si bien se siguen centrando los esfuerzos en aspectos «funcionales» relacionados con el mercado de trabajo, como la formación profesional y la movilidad de los estudiantes universitarios, por encima de cuestiones previas como la lucha contra el analfabetismo o la escolarización universal, cuya responsabilidad se deja en manos de los propios PAM. El incremento del 50 % en la cooperación bilateral en el ámbito de la educación se establece como «proporción de la cooperación financiera» total, y por consiguiente puede ir en detrimento de otros aspectos de la cooperación, sin que necesariamente implique la aportación de nuevos recursos.
Falta de crecimiento económico
Pero, más allá de este carácter subsidiario del empleo, ni siquiera en términos de crecimiento, el objetivo explícito en que se han concentrado los esfuerzos de la Asociación Euromediterránea, se han conseguido progresos significativos. Pese a los avances registrados en materia de estabilidad macroeconómica (ajuste) y de integración en la economía global (liberalización externa), en los últimos diez años no se ha avanzado en absoluto en materia de convergencia económica entre los países del Norte y del Sur del Mediterráneo, cuyo diferencial de renta se ha mantenido en 5,5 veces en paridad de poder adquisitivo, y eso pese a las débiles tasas de crecimiento europeas.[8] De hecho, salvo en el caso de Túnez, que «avanzó» cuatro puntos porcentuales hasta el 26,8 % del PIB per capita europeo, en todos los demás países se produjo un estancamiento o un aumento del diferencial con respecto a la renta per capita europea. La tasa media de crecimiento conseguida entre 1995 y 2004 por los PAM, un 3,9 % anual, ha sido insuficiente no sólo para reducir su distancia económica con respecto a Europa (teniendo en cuenta que la población de los PAM ha aumentado un 2,1 % anual durante el mismo período), sino para crear el empleo necesario para absorber el crecimiento del 3,0 % de media de la población activa. El empleo en los PAM ha aumentado a un ritmo de poco más del 1 % anual durante estos diez años, lo que supone un saldo estadístico de 1,5 millones de desempleados más al año. Sin embargo, ni a nivel nacional ni a nivel euromediterráneo se presta suficiente atención a la cuestión de la intensidad en empleo del crecimiento ni de la contribución a la creación de empleo de los programas de cooperación. La mayoría de los PAM ni siquiera cuentan con estrategias nacionales de empleo explícitas. Es más, actualmente ni siquiera se dispone de estadísticas fiables o información sistemática sobre la situación y las políticas de empleo o los DES en los PAM.
En síntesis, la «ecuación económica» a la que se fió el éxito de la Asociación Euromediterránea no ha funcionado, y en sus primeros diez años de andadura lo más que puede decirse es que la contribución de la Asociación Euromediterránea a la creación de una «zona de prosperidad compartida» en el Mediterráneo ha sido prácticamente insignificante.
Déficit social
Como consecuencia de ello, se han hecho realidad las advertencias que numerosas voces hicieron ya en 1995 sobre los problemas de desarrollo de la cuenca mediterránea. Aunque se ha producido una cierta mejora en algunos indicadores sociales (la esperanza de vida en los PAM ha aumentado entre 2 y 4 años en estos diez años, sobre todo gracias a la mejora de la situación sanitaria y la reducción de la mortalidad infantil), persiste una situación alarmante y un grave déficit social en la región.[9] A pesar de algunos avances, existen graves carencias en materia de servicios de salud (menos del 20 % de la población tiene una cobertura mínima), educación (50 millones de adultos analfabetos en los PAM, 25 % de la población adulta, y casi la mitad de las mujeres), acceso al agua y vivienda; los sistemas de protección social son muy limitados; y la mujer está en gran medida excluida de la vida económica y política. La AEM no ha contribuido significativamente a reducir esta deuda social.
En cuanto a los sistemas de protección social, tanto los agentes económicos y sociales como los propios expertos señalaron pronto que en países como los de la orilla sur y este del Mediterráneo, y especialmente en momentos de crisis y reformas profundas, las redes de Seguridad Social debían ser reforzadas y ampliadas: extendiendo la cobertura sanitaria, asegurando prestaciones dignas por accidentes de trabajo y jubilación, ofreciendo protección ante la pérdida
