públicos y privados, en la toma de decisiones para actuar sobre su espacio determinado, a fin de aprovechar las condiciones con las que cuenta su territorio, con una utilización eficiente y sostenible de los recursos endógenos y para aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto externo.
Una particularidad fundamental de esta visión del desarrollo es que este es concebido como un proceso en construcción por la propia comunidad territorial, lo que significa que la comunidad territorial debe ser la autora, gestora y beneficiaria de su propio desarrollo, y ello entraña activar una nueva forma de gestión del desarrollo. Una gestión del desarrollo más eficiente a través de la colaboración de todos los actores del territorio en cuestión, por medio de la construcción de sinergias, alianzas, asociaciones, en un proyecto de desarrollo territorial compartido por todos.
Dicho proyecto de desarrollo es considerado un verdadero reto para el Estado y la sociedad civil, puesto que ello significa alterar las relaciones político-sociales entre los diversos actores sociales, las cuales deberán basarse en principios tales como la confianza, la justicia social, la reciprocidad, el bien común, la democracia; y traducirse en la transferencia de competencias del gobierno a los actores sociales locales, es decir, reflejarse en la descentralización de funciones por el gobierno, en la adquisición de responsabilidades y compromisos por parte de los actores locales en el proceso de desarrollo de su territorio, con otras palabras, en la injerencia de los actores sociales en los lineamientos, políticas, estrategias, ejecución y evaluación del proceso de desarrollo.
En efecto, este enfoque territorial del desarrollo especifica que de lo que se trata es de “construir las regiones”, y de convertir al territorio en el sujeto de su propio desarrollo, lo que involucra no sólo la actuación del Estado, sino la intervención conjunta del Estado con la sociedad civil, por medio de la creación de un proyecto político regional. Y juzga a este proyecto político regional como prioritario para propiciar la convergencia de todos los actores regionales, con el objeto de definir una meta común y clara, que contemple el crecimiento económico, justicia social, democracia y sostenibilidad ambiental. Además, explica que se trata de un proyecto político y no simplemente de un plan, porque su ejecución repercutirá en las relaciones político-sociales establecidas, ya que, al participar diversos actores gubernamentales, sociales, empresariales en el diseño y ejecución de un proyecto colectivo de desarrollo, en realidad se trataría de procesos de negociación política (Boisier, 1999, pp. 29-30).
De modo que, la nueva gestión del desarrollo tiene como fundamento la participación ciudadana, es decir, el involucramiento social entendido como el compromiso de acción de las comunidades en la propia construcción territorial, por lo que en las comunidades se debe crear cooperación entre actores públicos y privados con el objeto de coordinar y concentrar recursos organizacionales, técnicos y materiales para solucionar en forma concertada problemas definidos colectivamente” (CEPAL, 2000, p. 39). Y para lograr dicha cooperación se requiere que los actores reconozcan la complementariedad de sus respectivos intereses.
Precisamente el que la comunidad territorial tome parte activa en la proposición, ejecución y evaluación de las políticas públicas de desarrollo, bajo el principio de que las comunidades tienen que ser las protagonistas de su propia mejora, constituye el mayor reto que enfrentan las políticas territoriales de desarrollo, porque hay que construir una nueva relación político-social entre los diversos actores y entre ellos y el Estado, una relación bajo un esquema de corresponsabilidades y sustentada en el fundamento de la democracia.
De tal suerte que esta gestión territorial de desarrollo tiende a la autonomía de los territorios, a la autonomía de las comunidades para que éstas construyan su territorio de acuerdo con sus deseos. Se sustenta en una nueva relación entre el Estado y la comunidad territorial en la que se admite que las comunidades tienen capacidad de decidir por sí mismas, de convertirse en las protagonistas de su propio desarrollo, lo que representa una gran tarea.
Además, los autores de este enfoque territorial piensan que es necesario invertir simultáneamente en los capitales con los que cuentan los territorios, a saber: capital económico, capital humano, capital social y capital natural. El primero de ellos referido a la riqueza, a los bienes y servicios producidos, el segundo alusivo a los conocimientos de las personas, al “know how”, a su alimentación, salud, cultura; el capital social concerniente a los grados de asociación, de confianza de cooperación entre las personas y los grupos sociales, a la democracia y el capital natural que atañe a los recursos ambientales del territorio.
Ahora bien, con respecto al libre mercado, el enfoque territorial del desarrollo juzga que la sola acción de las fuerzas del mercado no es suficiente para lograr el desarrollo, sino que se requiere de una planeación territorial, como forma de conseguir el desarrollo, es decir, que se requiere la intervención del Estado en la economía, aunque con una fuerte participación social, intervención que indudablemente deberá tener en cuenta la dinámica de la economía capitalista global que transforma a los territorios. Ello significa que, si bien este enfoque juzga que el libre mercado por sí solo no logrará el desarrollo de las sociedades y territorios, tampoco considera que es un obstáculo para el desarrollo, es decir, que estima que es posible tomar en cuenta el mecanismo de mercado para lograr una posición ventajosa para cada territorio en cuestión. Planteamiento que conlleva el conocimiento y desarrollo de las ventajas competitivas de cada territorio.
Competitividad territorial
Sin duda, el enfoque territorial del desarrollo considera que los territorios tienen que lograr “competitividad”, pero no sólo entendida como la capacidad de afrontar la competencia del mercado, sino que también tienen que garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad medioambiental, económica, social y cultural, mediante prácticas de integración en redes y de articulación territorial” (Observatorio Europeo, 1999). Razón por la cual, en realidad se plantea que los territorios tienen que ser competitivos en cuatro distintas esferas:
Competitividad económica comprendida como la capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de valor añadido en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de recursos constituya activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios locales.
Competitividad social concebida como la capacidad de los agentes para actuar eficazmente de manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto y fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales.
Competitividad medio ambiental pensada como la capacidad de los agentes para valorizar su entorno haciendo del mismo un elemento “distintivo” de su territorio, garantizando al mismo tiempo la conservación y la renovación de los recursos naturales y patrimoniales.
La localización en el contexto global percibida como la capacidad de los agentes para situarse con relación a los otros territorios y al mundo exterior en general, con el objeto de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la globalización” (Observatorio Europeo Leader, 1999, p. 5).
Además, este paradigma establece que, para lograr la competitividad, y por ende el desarrollo, cada comunidad territorial deberá revalorar su potencial económico y buscar compatibilizar la dinámica del mercado con un desarrollo social justo. Con este propósito la comunidad deberá promover y apoyar el tipo de producción y de servicios que su territorio pueda ofrecer, tales como: cadenas productivas, especialización productiva, así como propiciar y apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología local, y el acceso y uso de las novedades tecnológicas.
Explícitamente el Desarrollo Territorial sostiene que su objetivo es impulsar un proceso de desarrollo endógeno, creando sinergias entre los distintos actores que comparten el territorio para generar crecimiento económico y buscar una mejor distribución del ingreso entre la población. Se insiste en la endogeneidad, considerada como la capacidad
