(NNC), una federación sindical que se constituyó en la organización negra más destacada de finales de la década de 1930: estableció cerca de 70 consejos regionales y locales que lucharon contra la discriminación en el mercado laboral, la vivienda, y el acceso a planes sociales. En ciudades como Boston, lograron el retiro de circulación de libros de texto con contenido racista, y en Washington D.C. se manifestaron contra la represión policial, logrando la creación de una junta ciudadana controladora. Pero gran parte del trabajo del NNC se concentró en la lucha contra el racismo y la segregación en el movimiento sindical, liderando la lucha de los trabajadores negros para incorporarse a sindicatos como los del tabaco, acero, portuarios, textiles, y hoteles y restaurantes.
A pesar del importante rol del CPUSA en la organización y movilización de trabajadores afro-estadounidenses y en el NNC, algunos consideraron que el rol de líderes y organizaciones blancas debía ser relegado en función de la solidaridad racial. En la primera convención del NNC en Chicago – que convocó a más de 5000 delegados de 585 agrupaciones –, Randolph (quien se transformaría en un acérrimo anti-comunista) proclamó: “los negros no deberían dejar la solución de sus problemas en manos de sus aliados blancos... ya que en un análisis final, la salvación de los negros, como de los trabajadores, debe venir de ellos mismos”132.
Hacia 1942 surgió otra organización cuyo destacado accionar se extendió hasta la década de 1970: el Congress of Racial Equality (CORE). CORE se caracterizó por apelar a estrategias de acción directa no violenta para forzar la integración racial de espacios públicos, escuelas y medios de transporte inter-estatal. El puntapié inicial lo dio con los Journeys of Reconciliation (antecesores de los Freedom Rides de los sesenta), una estrategia que apuntaba a poner fin a la segregación en los medios de transporte en el sur de los Estados Unidos. El primero se realizó en 1947, luego de que la Corte Suprema sentenciara la inconstitucionalidad de la segregación en el transporte interestatal.133 Lo que comenzó como un viaje de dos semanas a través de los estados de Virginia, Carolina del Norte, Tennessee y Kentucky terminó con varios de los viajeros (blancos y negros) arrestados y enfrentando largos procesos judiciales en su contra.
Tanto las nuevas posibilidades que la guerra dio a los afro-estadounidenses como las instancias referidas de activismo negro implicaron un punto de inflexión. Por un lado, dieron lugar a la mayor diversificación ocupacional dentro del sector industrial experimentada por los trabajadores negros en setenta y cinco años, y por primera vez muchos accedieron a puestos calificados y semi-calificados, lo que ofreció a trabajadores/as blancos y negros la oportunidad de trabajar uno al lado del otro.134 Por otro, esta interacción dejó entrever a los trabajadores negros como competencia laboral dado su acceso a puestos de trabajo que históricamente habían tenido vedados. Ello fue recibido con una fuerte resistencia por parte de trabajadores blancos (muchos de ellos veteranos que regresaron del frente para encontrar sus espacios laborales ocupados por negros y mujeres), quienes protagonizaron huelgas salvajes, paros, protestas, marchas, e incluso revueltas raciales en pos de un retorno al statu quo laboral pre-bélico. A pesar de ello, la población negra, lenta pero inexorablemente, continuó con su lucha y resistencia, logrando importantes progresos en el plano jurídico-legal.
El movimiento negro durante su “fase clásica”
La continua lucha de los afro-estadounidenses contempló reclamos por la igualdad e integración laboral, programas de construcción de viviendas, el fin de la segregación residencial y sindical, la guetización de barrios negros y programas contra la pobreza, logrando durante el gobierno de Harry Truman (1944-1952) importantes conquistas a nivel del ejecutivo. Luego de las numerosas protestas ante la decisión del Congreso de eliminar la Comisión de Justas Prácticas de Empleo, se adoptaron medidas que reconocieron las demandas de los negros: se designó a numerosos afro-estadounidenses en importantes cargos públicos, se intervino en casos judiciales a favor de litigantes negros, se creó la Comisión presidencial de derechos civiles, y se reforzó la división de derechos civiles del Departamento de Justicia. Finalmente, en 1948 Truman firmó la tan esperada Orden Ejecutiva 9981 que decretó la tan mentada integración de las Fuerzas Armadas135. Luego de años de gestiones de la NAACP, la Corte Suprema confirmó el derecho de los negros de comer en vagones-restaurante integrados de los ferrocarriles, les permitió empadronarse y votar en las “primarias blancas” de los estados del sur, y autorizó su inscripción y admisión en instituciones de educación superior que recibieran financiamiento federal. A pesar de todo ello, a mediados del siglo XX, los negros continuaban siendo objeto de segregación obligatoria en el sur, y en toda la nación se encontraban muy retrasados en materia de empleo, educación, vivienda, ingresos y salud. Esto puso de manifiesto que los progresos logrados por los afro-estadounidenses venían “de abajo”: eran resultado pura y exclusivamente de la militancia e iniciativa negras, más que “de arriba”, de la labor del Gobierno Federal.
Más allá del incremento del 2% (1940) al 12% (1947) de ciudadanos negros empadronados para votar136, los últimos años de la década de 1940 y principios de 1950 fueron un período de “letargo” para temas vinculados con los derechos de la población negra, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, la persecución macartista y la lucha global contra el comunismo. Cualquier intento de cambio socio-político o de desafío al statu quo fue calificado de radical, subversivo o comunista, incluyendo el accionar de sindicatos y de las principales organizaciones negras de derechos civiles. Cerca de un millón de trabajadores fueron expulsados de sindicatos socialistas y comunistas, sus dirigentes encarcelados y cualquier manifestación crítica o de resistencia vista como una infiltración del comunismo que había que erradicar. En este marco, las pocas decisiones que el gobierno federal adoptó, si bien de carácter nominal, contribuyeron a legitimar la lucha afro-estadounidense. La más relevante fue la decisión de la Corte Suprema en el caso Brown contra la Junta de Educación de Topeka, Kansas (1954). La NAACP, como parte de su campaña contra la segregación racial, había presentado una serie de demandas colectivas desafiando la constitucionalidad de la segregación en las escuelas públicas de Kansas, Carolina del Sur, Virginia, Delaware y el Distrito de Columbia.137 En 1954, en su sentencia final, la Corte declaró que la segregación racial tenía un efecto perjudicial sobre los niños negros, porque los establecimientos educativos “para negros” se encontraban – en materia de recursos económicos y calidad educativa – en absoluta desigualdad e inferioridad con respecto a instituciones “para blancos”. Las escuelas segregadas no ofrecían igual educación y no podían hacerlo porque la segregación implicaba la negación per se de la igualdad ante la ley:
La segregación de niños en las escuelas públicas sólo con fundamentos en la raza, aunque los servicios físicos y demás factores tangibles puedan ser iguales, ¿priva a los niños del grupo minoritario de iguales oportunidades educativas? Creemos que, en efecto, así sucede. (…) Separarlos de otros niños de la misma edad y condición solo en virtud de su raza, da origen a un sentimiento de inferioridad respecto a su status en la comunidad que puede afectar sus corazones y sus mentes de un modo que probablemente nunca pueda repararse. (…) Concluimos que, en el ámbito de la educación pública, la doctrina “separados, pero iguales” no tiene lugar. Los servicios educativos separados son esencialmente desiguales. (…) Tal segregación implica la negación de la protección igualitaria de las leyes (Enmienda 14).138
La Corte determinó que la segregación en la educación pública elemental era inconstitucional, por lo que la Junta Escolar de Topeka debió integrar racialmente sus escuelas primarias. Sin embargo, en gran parte del país (sobre todo en el sur) la sentencia fue ignorada. Un año después, la Corte debió emitir una “orden de ejecución” en
