dada por la prensa es que El Águila ganó lo que estaba peleando. Este, desafortunadamente, no es el caso. Por el contrario, moralmente hablando, lo que ha prevalecido es la teoría de que la legislatura del estado de Veracruz podría, por decreto, cancelar absolutamente el contrato que entró a efecto el 24 de julio de 1912 y el cual había sido aprobado específicamente por un decreto previo del mismo cuerpo.
[...] La opinión de la Corte se dividió con respecto al punto de la santidad de los contratos legalmente efectuados, pero como lo que no se votó fue este principio básico, esta división de opinión no está expresada en la declaración de sentencia, la cual únicamente se refiere al caso específico en cuestión [el embargo]
[...] Finalmente el embargo de las propiedades de esta compañía subsiste [con lo cual] ha sido verdaderamente obligada a negociar con el estado de Veracruz sobre una desventajosa base de compromiso y no ha sido capaz de hacer válidos sus derechos legales porque [el mismo estado] declaró de forma arbitraria nulo el contrato de julio de 1912. [101]
Efectivamente, frente a una total incertidumbre legal, El Águila no tuvo más remedio que negociar el levantamiento del embargo directamente con el gobierno de Veracruz. En realidad, no era la primera vez que pactaba con las autoridades para proteger sus derechos de propiedad. Durante el malogrado régimen maderista, cuando se decretó el primer impuesto que afectó la producción de crudo, fue la propia compañía la que propuso en un arreglo privado con el gobierno federal el monto y la modalidad de la carga fiscal. Unos años después, Carranza intentó aumentar la cuota del impuesto inaugurado por Madero transformándolo en un porcentaje ad valorem sobre la exportación de crudo y productos refinados. La compañía trató de negociar una suma total anual al gobierno en vez de las cuotas fijadas por la ley, pero sólo consiguió una reducción de las tasas sobre refinados. Finalmente, decidió no pagar el impuesto amparándose contra las disposiciones carrancistas. [102] El caso del conflicto con el gobierno tejedista, no obstante, fue más complejo porque junto a los intereses de las autoridades locales se hallaban los del gobierno federal.
Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón en la plaza de toros de la Condesa, Ciudad de México, Jesús H. Abitia, ca. 1922. Colección particular.
LAS NEGOCIACIONES PRIVADAS
En diciembre de 1921 la prensa mexicana dio a conocer el desenlace del juicio de amparo promovido por El Águila años atrás en defensa de su contrato de iguala de 1912. Entonces se supo que una vez que pagó al gobierno de Veracruz la cantidad de 1’070,548 pesos, éste procedió a levantar el embargo que pesaba sobre sus propiedades localizadas en aquel puerto. [103] Lo cierto fue que mientras el juicio se dirimía en la corte, los funcionarios de la compañía llegaron a un acuerdo privado con el gobernador Tejeda. Dicho acuerdo contó en un principio con la mediación del presidente Álvaro Obregón. La intervención de Obregón se debía a que el problema de los impuestos locales estaba convirtiéndose en una cuestión federal, pues su administración intentó, sin éxito, aumentar los ingresos elevando los impuestos a la industria petrolera. De este modo, un camino para obtener recursos de las compañías era por medio de los ingresos estatales. El esfuerzo veracruzano le brindó una oportunidad.
La primera serie de conferencias entre los funcionarios de la compañía, Tejeda, los diputados de la legislatura veracruzana y el presidente de la república se llevó a cabo en abril de 1921 en la Ciudad de México. En las sesiones, las partes acordaron que la solución del problema fiscal era que El Águila pagara una suma total que liquidara todos los impuestos estatales que fueron dejados de pagar a partir de que se aprobó el contrato de iguala de 1912 y hasta el 31 de diciembre de 1921. Como parte del acuerdo, la compañía también aceptó abonar a la hacienda federal otra cifra equivalente a 50% de lo que pagaría al gobierno de Veracruz. [104]
Uno de los primeros puntos en los que no hubo un acuerdo inmediato fue el del monto de la cifra a pagar. Tejeda reclamó 3 millones de pesos solo para el estado de Veracruz. De aceptarla, El Águila tendría que dar al gobierno federal otros 1.5 Millones. Los representantes de la empresa propusieron una cifra equivalente al doble de lo que su contrato de iguala estipulaba para todo el periodo (diez años), es decir, 720,000 pesos, monto que ya incluía la parte del gobierno federal. El gobierno de Veracruz propuso entonces arreglar el asunto sobre una base de un 1 millón de pesos. Los funcionarios de la compañía ofrecieron sin éxito elevar su oferta a 800,000 pesos condicionados a la derogación del decreto de enero de 1918, la oferta que fue rechazada y la cuestión, finalmente, se dejó pendiente por el momento. [105]
Pero establecer los términos del acuerdo en esta primera etapa de negociaciones también resultó ser una tarea no exenta de complicaciones. Para el gobierno tejedista era necesario asegurarse de que en el futuro la compañía se sujetara a las disposiciones oficiales una vez concluido el arreglo. Manuel Chávez, abogado del gobierno veracruzano, instó a El Águila a comprometerse, por medio de una declaración formal, a pagar los impuestos locales de acuerdo con las leyes del estado a partir de 1922. Es decir, finalmente el gobierno deseaba que El Águila reconociera la nulidad de su contrato de iguala. La compañía consideró que era demasiado riesgoso aceptar dicha proposición. La evidencia muestra que sus directores temían, por un lado, perder otro contrato de iguala que se había firmado con el estado de Tamaulipas. Por otro lado, aceptar los términos del gobierno de Veracruz implicaba romper con las compañías norteamericanas, las cuales habían conformado un frente unido para combatir los intentos del gobierno federal para reformar la legislación petrolera y el sistema fiscal. Visto desde el nivel diplomático, El Águila aparecería como un elemento de fricción entre Washington e Inglaterra, pues este último país se había aliado a los esfuerzos de los Estados Unidos para condicionar el reconocimiento oficial al gobierno de Obregón. [106] Por lo tanto, el interés de El Águila era llegar a un acuerdo privado suscrito únicamente al pago de una suma compensatoria, sin comprometerse a acatar las disposiciones que el gobierno de Veracruz dictara después de 1921.
Conforme las negociaciones se efectuaban, el gobierno de Veracruz presionaba con su campaña de embargos de efectivo y algunos bienes. Por su parte, El Águila respondía interponiendo los respectivos amparos ante los jueces de distrito locales. [107] Tal situación llevó a un enfriamiento de las negociaciones durante los meses de mayo y junio. Tejeda se retiró junto con los diputados a Veracruz y El Águila se acercó a Obregón con el fin de que las negociaciones no se rompieran definitivamente. El presidente coincidía en que la solución práctica de las dificultades legales con el estado de Veracruz era únicamente el arreglo privado. Sin embargo, también sugirió que “los recientes acontecimientos internacionales habían cambiado las condiciones bajo las cuales este asunto está siendo debatido”. Aunque Obregón no aclaró el sentido de su afirmación, era evidente que aludía a los conflictos originados con los gobiernos extranjeros, específicamente con los Estados Unidos e Inglaterra, a raíz del reciente aumento de los impuestos federales a la industria petrolera. Aun así, Obregón sostuvo su voluntad de seguir mediando en el conflicto. [108]
No pasó mucho tiempo antes de que los directores de El Águila comprendieran bien lo que Obregón les había dicho. Hacia finales de junio, el presidente citó a un representante de la compañía a una reunión en su residencia de Chapultepec, en la cual el representante y algunos diputados del gobierno de Veracruz (Tejeda ya no participaría personalmente) le entregarían un memorándum con las propuestas del gobernador. Cuando Rodolfo Montes, por porte de El Águila, asistió a la reunión, se encontró con los delegados veracruzanos. Momentos después entró en la sala el general Obregón acompañado del ministro de gobernación Plutarco E. Calles. Luego de un breve intercambio de comentarios, Obregón y Calles abandonaron la junta dejando solo a Montes con los otros delegados. La señal fue clara. De ahí en adelante, El Águila tendría que arreglárselas con Tejeda sin la intervención del presidente. Montes solicitó conocer el contenido de la propuesta. Básicamente, no había nada nuevo en ella. Era el mismo planteamiento en el cual se reforzaba el derecho del estado a imponer
