acto de presencia mientras se celebraba la Misa. Se trataba de un destacamento formado por la 1ª Compañía de la 41 Bandera Móvil de la Policía Armada a las órdenes del comandante José Mª Martínez Viñado, con hombres del grupo III de la VI Brigada Regional de Investigación Social y sus jefes, los comisarios Julián Gil Mesas y Genuino Nicolás Navales García. La confusión era enorme puesto que las carreras se sucedían desordenadamente, situación que favoreció para que, tras algunos forcejeos, se escaparan una treintena de los allí reunidos. Sin embargo, la mayoría de los participantes optaron por permanecer en la sala donde se encontraban reunidos por lo que fueron presa fácil para la policía, procediéndose a continuación a la detención de todos los asistentes entre empujones y golpes, finalizando el atropello con 113 personas detenidas que representaban a 18 comarcas de Cataluña.
Por otra parte, el rector de la iglesia, Antoni Torner Claramunt, se levantó del confesionario e intentó dialogar con los agentes de la fuerza pública, pidiendo la autorización que establecía la ley referida al artículo XXII del Concordato vigente desde el 19 de octubre de 1953 en la que se impedía la inviolabilidad de los lugares sagrados, respondiendo el comisario de policía Julián Gil Mesas: «Esto, como católico, les dolía que tales cosas ocurrieran, sorprendiendo la buena fe del párroco, pero que cumplían con su sagrado deber al proceder a la detención de los allí reunidos», según atestados que aludían al tema. Mossèn Torner había sido detenido y encarcelado en el Castillo de Montjüic por militantes comunistas durante la Guerra Civil Española por considerarlo desertor; sin embargo, en la posguerra tuvo antecedentes por acciones antifranquistas, entre ellas la celebración del 11 de septiembre de 1966 de una misa por la muerte de los caídos en 1714361.
La mayoría de los asistentes, aunque no habían sido nunca detenidos, denotaban un alto grado de nerviosismo; véase el ejemplo de Josep Ayza, pescador de Vilanova y la Geltrú y representante de La Asamblea del Garraf, más aún cuando le comentaron que podía ser condenado a cinco años de prisión, o la experiencia sufrida en la Jefatura de la Vía Layetana por Xavier Folch, editor en la Editorial Ariel y militante del PSUC, que comentó para tranquilizar a la concurrencia que, por su experiencia, los interrogatorios eran muy suaves.
En las horas siguientes cada uno de los detenidos practicaba como estrategia el engaño a la hora de declarar, tomando como coartada la lectura de la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII como el motivo de la reunión, aunque hubo otros como el escritor Joan Crexell, miembro del colectivo periodístico Avui-Servei d’Informació Catalá, que habló de los ovnis; el músico Carlos Santos hizo mención a Pau Casals y Solé Barberà se refería al fútbol por la imposibilidad de ver a Cruyff. Jordi Carbonell fue amenazado y torturado bajo el método de «la cigüeña», destacando también las alusiones represivas contra su mujer, la filóloga Horténsia Curell, y su hijo. Los funcionarios que firmaron su declaración fueron Rafael Bernabé Méndez y Fernando Mª Delgado Esteban. También fueron agredidos en las dependencias policiales Antonio Gutiérrez Díaz, los hermanos Juan Ramon y Lluís Colominas Companys (hijos de Joan Colominas, médico y poeta), Saturnino Bernal (trabajador de Aiscondel), Joan Josep Armet (PSAN) y Josep Ayza (pescador del barco Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú). Miquel Sellarés estaba más pendiente de que no descubriesen el piso donde se hacía la revista Avui362.
Por la tarde, el resto de la CPAC, reunida en sesión urgente, redactó un comunicado convocando a todos los sectores progresistas y democráticos de Cataluña, incluida la Iglesia, para denunciar la violación armada del recinto religioso, reclamar el derecho de reunión y exigir la libertad de todos los detenidos. La respuesta dentro de las posibilidades fue variopinta; hubo asambleas, paros laborales en Siemens, en la universidad, etc., poniéndose en marcha campañas de tipo económico y de solidaridad para conseguir dinero suficiente para pagar las fianzas de los detenidos.
Dos días después, el diario Tele/eXpres publicó un pequeño artículo sobre los sucesos, anunciando lo siguiente:
«La Jefatura Superior de Policía ha facilitado la siguiente nota: En la mañana del pasado domingo, y en un local anejo a una iglesia de esta localidad, fueron detenidas 113 personas que participaban en una reunión de carácter ilegal. Los detenidos, previas diligencias correspondientes, pasaron a disposición de la autoridad judicial, para dilucidar las responsabilidades a que hubieran podido incurrir.»363
La Vanguardia Española publicó los hechos al final de la página de las esquelas; sin embargo, fue la Agencia France Press la que difundió a todo el mundo la noticia más fiable. En Madrid, el diario Informaciones de carácter más liberal publicó la noticia a través de su corresponsal en Barcelona, Enric Sopena, detenido con anterioridad por difundir la noticia de la constitución de la Asamblea; y un día después, fue el rotativo francés Le Monde el que informó mediante un artículo a dos columnas sobre los hechos.
Carlos Quingles, militante del PSUC conocido como «el Fantasma», fue el encargado de la seguridad de lo que quedaba de la Permanente y fue él, junto con Quico Vila-Abadal, los encargados de buscar un lugar con garantías para reunirse de nuevo. En esa nueva convocatoria asistieron aproximadamente sesenta personas, con cita previa y entrada por un garaje de doble puerta que daba al restaurante «La Font dels Ocellets», donde cenaron. Después se dirigieron a casa de Nuria Pompeia, donde se realizó el acto. Las conclusiones a las que se llegó en el encuentro fueron publicadas por la CPAC, que emitió el siguiente comunicado:
«El domingo día 28, 113 personas de todo Cataluña, obreros, campesinos, maestros, abogados, médicos, ingenieros, aparejadores, licenciados, estudiantes, capellanes, etc., conocidos por su significación y reunidos pacíficamente en la iglesia de Santa María Medianera de Barcelona, fueron detenidos violentamente por la policía que, pistola en mano, penetró en el recinto religioso. Incomunicados en diversas comisarías de Barcelona, rigurosamente interrogados, fueron procesados y acusados de reunión ilegal y pertenecer a la Asamblea. Unas cincuenta personas recibieron a los detenidos en la entrada de los juzgados con aplausos y vivas, efectuándose una detención, Montserrat Almirall, madre del abogado detenido Enric Leira, que fue enviada a la prisión de mujeres.»364
Con este escueto comunicado y con la proclama «¡CATALANS!», la CPAC, reunida en sesión urgente, comunicó a la ciudadanía este importante acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la Asamblea, con la exigencia de la inmediata libertad de todos los detenidos. El documento finalizó con la petición de los cuatro puntos planteados por la Asamblea, haciendo mención especial ante la jerarquía de la Iglesia catalana que, haciendo uso de sus derechos y deberes que le eran propios, debía denunciar la violación armada del recinto religioso, reivindicando el derecho de reunión y exigiendo la libertad de todos los detenidos.
También el movimiento Cristians en Lluita pels Drets Humans publicó el primer día de noviembre un artículo titulado «El Dret de Reunió, conculcat». El documento trataba de los hechos de las 113 detenciones, los derechos humanos violentados expresados en el artículo XX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que se expresaba que toda persona tenía derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica por lo que expresaron la denuncia a la falta de las más elementales libertades. Esta situación, que no implicaba como cristianos a ningún partidismo político, simplemente se hacía eco de las enseñanzas del Concilio Vaticano II que llamaba a instaurar un orden político-jurídico donde quedasen más protegidos los derechos de la persona humana como son el derecho de libre reunión, de libre asociación y el de expresar la propia opinión. Esta organización también denunció la violación del Concordato Iglesia-Estado que garantizaba la inviolabilidad de lugares sagrados, así como las casas y despachos parroquiales y rectorales. Finalmente, el comunicado denunciaba el maltrato de los presos en la Comisaría de Policía, solidarizándose con sus familias365.
Dentro de la propia cárcel Modelo, un grupo numeroso de detenidos en la parroquia Maria Mitjancera, mayoritariamente sindicalistas o simples trabajadores, redactaron un documento dirigido a la ciudadanía en general y a la clase obrera en particular, expresando sus puntos de vista. Decía así:
«(…)
