pro LOAPA y una minoría anti LOAPA, que recurrió al Tribunal Constitucional, el cual falló con una sentencia salomónica (agosto 1983) que limitaba el carácter orgánico de poder armonizar las competencias de las autonomías recogidas en la Constitución.78
Lluch fue ministro de Sanidad y Consumo por decisión de Felipe González, para mantener precisamente una línea moderada frente a la radical que mantenían muchos socialistas, y precisamente porque era un economista y humanista comprometido y conocedor de la socialdemocracia lo veía el presidente con buenas perspectivas para hacer la reforma sanitaria que se precisaba. Su carácter cuadraba mucho con este tipo de actividad política que es capaz de ayudar a los conciudadanos. El día que se aprobó la Ley de Sanidad, su hija Rosa, entonces muy joven, recuerda que cuando llegó a casa dijo: «avui puc dormir tranquil perquè sé que des d’ara qualsevol persona que necessite un metge el tindrà».79 Su filosofía de servicio a la comunidad, de creer que al final de la vida uno tiene que dar a los demás más de lo que ha recibido,80 cobraba toda su fuerza.
La reforma que hizo Ernest Lluch en la sanidad, una de las grandes conquistas sociales y pilar fundamental del estado del bienestar se recoge en la Ley General de Sanidad de 1986 y otras normas como la regulación de estructuras sanitarias básicas, el régimen de incompatibilidades, la regulación del gasto farmacéutico…
La ley de 198681 ha sido el marco regulador encargado de dar coherencia al sistema sanitario previsto en la Constitución; además, ha completado la transformación del sistema que comenzó a plantearse después de las reformas de 1978 derivadas de los Pactos de la Moncloa. La ley Lluch se inspiraba en el modelo del National Health Service británico y para España significaba un cambio de rumbo del modelo sanitario por el que se pasaba del modelo «continental» (que cubría a los trabajadores y dependientes de éstos) al modelo socialdemócrata (que cubría a todos los ciudadanos).82 Sus objetivos, principalmente, eren tres: 1) extender la cobertura del sistema sanitario a toda la población con derecho de ciudadanía; 2) crear un sistema descentralizado que atendiera la salud de los ciudadanos, acercándoles el servicio y promoviendo la salud comunitaria, y que profundizara en el proceso de transferencias de competencias sanitarias a las comunidades autónomas (proceso que se hizo entre 1985 y 2001), y 3) establecer el marco de coordinación («engarce organizativo general») entre los sistemas de salud de las autonomías y el central.83 El cambio de modelo no fue sencillo.
El nuevo modelo sanitario, aunque lo condensa la ley Lluch, tuvo precedentes desde la conquista de la democracia. Por ejemplo, antes del primer gobierno socialista se fue ampliando la cobertura a sectores excluidos de atención (como el incremento de edades de los hijos de los trabajadores, los clérigos y otros sectores) y se introdujeron otras novedades que allanaron el camino para poder dar el salto a la ley de 1986.
Una de las novedades principales fue aumentar las prestaciones sanitarias; especialmente relevantes han sido la mejora de la atención primaria y la organización de áreas de salud, piezas básicas de los servicios sanitarios comarcales. La atención primaria obligó a crear centros de salud, equipos de atención primaria, dar un nuevo enfoque de la medicina familiar y comunitaria y nuevas funciones a la enfermería. Otras novedades eren fomentar la investigación biomédica y los convenios educativos con las universidades, definir los derechos y deberes de los usuarios, la relación médico-enfermo, así como ordenar las actividades privadas de los facultativos.84 La cobertura, en unos años, aumentó hasta el 99 por ciento de la población, incorporándose ocho millones de personas, lo que comportó incrementar el gasto sanitario público y los correspondientes ajustes fiscales. Los resultados se reflejan en los indicadores subjetivos.
Esta reforma tuvo un largo proceso de gestación (dos años de gestación y 14 borradores),85 difíciles puntos de equilibrio entre diversos intereses (organizaciones médicas, sindicatos…), amplia votación a favor de la ley, adecuación a las disponibilidades presupuestarias, programación paulatina de la generalización de las prestaciones gratuitas y de las transferencias autonómicas… La ley de Lluch tuvo que afrontar, por otro lado, duras presiones que convergieron con protestas como la reforma de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos (1983-1985). Esta campaña estaba perfectamente orquestada por los poderosos intereses privados que la ley lesionaba los cuales organizaron una «campaña destinada a la sensibilización de la opinión pública» que ha sido descubierta en sus propios documentos y publicada después, y que dirigió Pedro Arriola.86
Importante fue también en su gestión ministerial la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que aspiraba a dotar a los consumidores de instrumentos para su defensa; el Real Decreto que definió y sentó las bases de la red de atención primaria; el Plan Nacional sobre Drogas; la aplicación de la Ley de Incompatibilidades, así como la comisión de estudio orientada a lograr una utilización más racional de los medicamentos.87
1986-2000
El último tramo de la vida de Lluch cubre los años que van de 1986 a su asesinato por ETA en 2000. Aunque continuó su actividad parlamentaria hasta 1989, ésta disminuyó del protagonismo anterior. Dedicó su vida a sus grandes pasiones que eran la universidad (investigación y gestión) y la colaboración con los medios. En 1986 ganó la cátedra de Doctrinas Económicas de Barcelona; entre 1989 y 1995 fue rector de la UIMP, y luego se reincorporó a la cátedra de Barcelona. Como rector de la UIMP, relanzó su proyección internacional y su presencia en España creando o impulsando otros centros. En su tarea de intelectual comprometido con la regeneración del país, participó de forma estable, desde septiembre de 1986, en El Periódico de Cataluña, Cinco Días, La Vanguardia y en otros muchos esporádicamente, o en tertulias radiofónicas como la de la SER. Hombre multifacético, entre 1987 y 1991 fue presidente de la Fundación Riotinto para la Historia de la Minería y la Metalurgia (luego pasó a formar parte del patronato), en la que impulsó la creación del Museo Minero que abrió en 1988, y desde 1989 fue miembro del patronato de la Fundación Duques de Soria, dedicada a difundir la cultura española colaborando con el hispanismo y las universidades.
Pero desde el punto de vista académico, lo más destacable de su actividad fueron sus investigaciones, tanto sobre pensamiento económico como sobre historia política y social. Como historiador, Lluch desde siempre buscaba explorar la génesis (los factores, fundamentos y procesos) de las experiencias históricas que han condicionado el siglo XX, sin desatender –y esto es importante para lo que vamos a comentar– las alternativas que se plantearon y no se desarrollaron, pero que explican tendencias, líneas segmentadas de historia que retornan.88
Así sucede exactamente con la cuestión de la organización territorial de España. Las investigaciones que desarrolló se vinculaban a dar respuesta a estas cuestiones. Exhumó y analizó los planteamientos neoforalistas de la Corona de Aragón que no se impusieron, que fueron vencidos por imponerse los centralistas. Sin embargo, los planteamientos derrotados laten y en determinados momentos del XVIII, del XIX, del XX (y del XXI) retornan. Se trataba de investigar con erudición contundente la vieja cuestión de la organización territorial de las Españas. Y a ello se dedicó los últimos años de su vida. En sus libros La Catalunya vençuda del segle XVIII (1996), Las Españas vencidas del siglo XVIII (1999), La alternativa catalana (1700-1714-1740) (2000) plantea una reflexión sobre la organización territorial de España basada en estudios históricos sólidos en los que exhuma material de archivo y manuscritos a veces totalmente olvidados.89 En su investigación, Lluch arranca en el siglo XVIII porque de haberse seguido con el neoforalismo que tenían los cuatro territorios de la Corona de Aragón en vez del unitarismo centralizador, tal vez se hubiese seguido un camino histórico distinto, a la inglesa o la holandesa, y menos traumático.90 La centralización borbónica eliminó antiguas libertades (mayores o menores), hipermilitarizó los territorios de la Monarquía tanto en España como en América, no potenció el pensamiento crítico aunque existiese, prohibió el uso administrativo y religioso de los idiomas que no fuesen el
