LA DÉCADA DE LAS REVISTAS
Jaume Guillamet
ÍNDICE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INTRODUCCIÓN:
EL MITO DEL «PARLAMENTO DE PAPEL»
El mito del «parlamento de papel» adjetiva de forma general desde los años mismos de la Transición el rol desempeñado por la prensa española desde los últimos años del franquismo. Es una función atribuida a la prensa diaria casi desde la puesta en marcha de la Ley de Prensa e Imprenta, que, en marzo de 1966, acaba con la censura previa, si bien mantiene fuertes controles y limitaciones sobre la autorización y la existencia de los periódicos. Entre los mecanismos establecidos para ello, el más significativo es una especie de censura a posteriori en forma de la obligación de presentar diez ejemplares impresos ante las oficinas del Ministerio de Información y Turismo, que dispone de un breve periodo de tiempo para examinarlos –media hora para los diarios y semanarios, seis horas para las revistas de menor periodicidad– y autorizar su distribución.
Son las publicaciones semanales y mensuales las que sufren con mayor frecuencia el secuestro previo de la edición, con las pérdidas económicas consiguientes, y son objeto de expedientes administrativos, procesos judiciales y suspensiones temporales y definitivas. En menor medida sufren los rigores de la ley los diarios, que alcanzan un cierto «modus vivendi» con el Gobierno, con excepciones notables como el suprimido Madrid. De las peripecias de periodistas y periódicos para zafarse de estos controles, en el afán de ser tribuna de las voces y las realidades sociales que están ausentes de las Cortes de la dictadura, surge este concepto del parlamento de papel, formulado, entre otros, por el catedrático de Derecho Político Manuel Jiménez de Parga, futuro diputado por Unión de Centro Democrático, ministro con el segundo Gabinete de Adolfo Suárez, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional (Guillamet, 2018a: 319-323).
Si algún «parlamento de papel» abierto a la oposición antifranquista hubo en los últimos años de la dictadura, lo formaron una serie de pequeñas y medianas revistas, ajenas las más significativas de ellas a las empresas editoras de diarios. Así se proclamó, años más tarde, en el título de dos obras publicadas sucesivamente por la historiadora francesa Isabelle Renaudet (2003) y por los periodistas españoles Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez (2004), frente a una interpretación de parte forjada desde la prensa diaria de los primeros años setenta. Esa idea, elevada a la categoría de mito por políticos y periodistas a lo largo de los años, citada en la historiografía (Fuentes y Fernández Sebastián, 1997: 317-322; Seoane y Sáiz, 2006: 297-301; Muñoz Soro, 2007), también discutida (Reig Cruañes, 2014), y refrendada por el mismo Adolfo Suárez, que condujo el Gobierno en el paso de las Cortes Españolas de Franco a las Cortes Generales de la monarquía parlamentaria, es de limitada aplicación en el comportamiento político de la prensa diaria, según ha demostrado la investigación (Guillamet, 2018a).
De acuerdo con Renaudet, sería la prensa de oposición al franquismo durante el último decenio de la dictadura y la Transición democrática la que, con toda propiedad, puede ser considerada un parlamento de papel donde tiene cabida la expresión de las voces críticas con la dictadura y a favor de la democracia. Y esa prensa, de acuerdo con la selección de cabeceras incluidas en su obra, la componen las revistas semanales y mensuales que no dejaron de ser vigiladas, castigadas, sancionadas y suspendidas por los últimos gobiernos de Franco: Triunfo, El Ciervo, Cuadernos para el Diálogo, Andalán, Serra d’Or, Asturias Semanal y Presència, como las más destacadas. La obra de Fontes y Menéndez aporta un panorama más exhaustivo de la prensa semanal y su evolución, que incluye también las revistas ilustradas, de humor, religiosas y femeninas, así como las nuevas revistas de información crítica como Cambio 16 e Interviú.
A dicha vigilancia y persecución de las revistas críticas –y también de otras que no lo eran tanto– se aplicaron, con diferentes grados de intensidad, Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo promotor de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 a cuyo amparo se publicaban, y sus sucesores, Alfredo Sánchez Bella, Fernando de Liñán, Pío Cabanillas Gallas y León Herrera Esteban. No dejaron de hacerlo también, una vez muerto Franco, los sucesivos ministros del ramo Adolfo Martín Gamero y Andrés Reguera Guajardo, en los primeros gabinetes de la Monarquía presididos por Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez. Valga como ejemplo de una doble vara de medir, incluso en el momento del relevo en la Jefatura del Estado, que, hallándose suspendidos dos semanarios de amplia difusión –Mundo y Triunfo–, el indulto dictado con motivo de la jura del rey solo benefició al primero.
Una aplicación más benévola del artículo 2 de la Ley de Prensa, que siguió en vigencia hasta las vísperas electorales de 1977, no impidió que el Gobierno continuara sancionando a diarios y revistas por motivos políticos, así como por faltas a la moral, un apartado de la ley que tomó importancia ante el fenómeno del llamado «destape» del cuerpo femenino en la prensa y en el cine. Solo en el primer trimestre de 1976 hubo hasta trece secuestros de ediciones de seis revistas por este motivo, a las que se añadió la recién nacida Interviú en mayo. Además, El Papus y Papillon fueron objeto de sendas suspensiones de cuatro meses. Esta variedad de censura moral a posteriori se mantuvo intensamente en los nueve primeros meses del Gobierno Suárez, incluyendo el cierre definitivo de la última citada.
¿Cómo se comportaron las revistas políticas y las de información general durante la Transición desde el punto de vista político? ¿En qué medida prestaron su apoyo a los partidos emergentes, a cuyos miembros en la clandestinidad sirvieron de tribuna durante los años anteriores? Es una pregunta de investigación paralela a otra y distinta, aunque con una fuerte analogía, planteada para los principales diarios, que pasaron de servir a las llamadas familias políticas del franquismo –Movimiento, monárquicos, católicos, tecnócratas e independientes–, a apoyar a las opciones reformistas surgidas del mismo régimen, que formulamos en un proyecto anterior.
Desentrañar el mito del «parlamento de papel» –es decir, conocer el verdadero comportamiento político del periodismo durante la Transición– ha sido un objetivo principal de los dos proyectos de investigación sucesivos llevados a cabo por el equipo del Grup de Recerca en Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra sobre el papel de la prensa diaria y no diaria españolas durante la Transición, financiados por el Ministerio de Economía y Conocimiento en las convocatorias de 20121 y 2015.2 Tras el estudio individualizado de doce principales diarios3 y las reflexiones aportadas por diversos protagonistas en el volumen La transición de la prensa: El comportamiento político de diarios y periodistas (2018), publicado en esta misma colección, se obtuvo una aproximación significativa a en qué medida la prensa diaria ejerció esa función de «parlamento de papel». A su alcance, sus límites e incluso algunos excesos, de acuerdo con el título del epílogo. El estudio individualizado de diecisiete revistas y las reflexiones aportadas también por diversos protagonistas en este volumen nos permiten completar este análisis con notable precisión, aunque la obtención de un conocimiento más detallado y completo requerirá otros estudios.
La
