La portada del número de diciembre traía la foto de un cabo rompiéndose, en alusión a la frase de Franco sobre su legado «atado y bien atado», con un gran titular: «España quiere democracia». Asumiendo el papel de portavoz semitolerado de la oposición que se le atribuía, la revista publicaba una de sus habituales encuestas a varios representantes de las organizaciones todavía clandestinas. El acuerdo sobre los objetivos democráticos y sobre la prioridad de conceder una amnistía no ocultaba las diferentes actitudes ante la posibilidad de un cambio «desde arriba» o «desde abajo». Sin embargo, las llamadas del PSOE y del PCE al pragmatismo y a no desechar de antemano ninguna opción situaban el debate, en realidad, entre la credibilidad democratizadora concedida a un eventual proyecto reformista guiado por el rey y el escepticismo por parte de la izquierda marxista de que este pudiera ir más allá de una «democracia limitada». Hasta la izquierda radical, con Francisca Sauquillo en representación de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), consideraba que la cuestión no estaba en democracia «desde arriba» o «desde abajo», sino en «un compromiso organizado y sin exclusiones sobre unas bases claras». Como siempre, era la solución del problema regional-nacional la que planteaba mayores divergencias.4
En ese mismo número de diciembre un editorial titulado «El pueblo pide voz y voto» analizaba el primer discurso del Rey, que si bien «no amplió el margen de expectativa, tampoco lo disminuyó». El reformismo de Arias era ya insuficiente «para las aspiraciones de la sociedad española» y la muy parcial amnistía, que dejaba fuera desde los exiliados hasta los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), constituía «la primera oportunidad desaprovechada».5 Sí se veían indicios de cambio en otras instancias, como la Iglesia, que había hablado por boca del cardenal Tarancón en su sentida homilía.6 Amnistía −«el fin de nada, sino el comienzo de todo»− era de nuevo la palabra más utilizada en la mesa redonda sobre «Reforma o ruptura» del número correspondiente a enero de 1976, donde toda la oposición se mostraba de acuerdo en no participar en el proyecto de Arias para una «democracia parcelada».7
Durante los primeros meses de 1976, Cuadernos reflejó, quizá mejor que ninguna otra publicación de la época, los tanteos y las reflexiones sobre las vías de salida del impasse provocado por un equilibrio de fuerzas entre el régimen y la oposición. Si Juan Carlos no había heredado el poder carismático de Franco ni podía conformarse con ejercerlo por medio de la represión, debía buscar una legitimidad democrática.8 A mediados de junio, con motivo de su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos y sus declaraciones a la revista Newsweek, un editorial titulado «Otro gobierno para las promesas del Rey» reclamaba la dimisión de todo el Gabinete, pues «ni Arias ni Fraga están a la altura de las circunstancias».9 Cuadernos había apostado por Areilza y, cuando se llevó a cabo el deseado cambio de gobierno menos de dos semanas después, la inesperada designación de Suárez mereció una portada en negro, con una pequeña foto en el centro del nuevo presidente con la camisa azul de Falange y un expresivo titular: «El apagón». El coautor del rotundo editorial, Rafael Arias-Salgado, se convertiría poco después en jefe del Gabinete político de Suárez y en diputado, ministro y secretario general de UCD.10
Casi diez años después de la importante «Meditación sobre España» de 1967, Ruiz-Giménez escribía en la primavera de 1976 una «segunda meditación». Afirmaba en ella que «el verdadero dilema no es el de reforma-ruptura», sino «entre una micro-reforma, elaborada oligárquicamente y bajo veladuras, y una macro-reforma de alcance constituyente, realizada por cauces democráticos». Para el fundador de la revista y ahora presidente de Edicusa, debía formarse un «gobierno provisional de pacificación» y neutral que garantizase «el orden público, el diálogo político y la objetividad del proceso electoral constituyente».11 Una meta en la que coincidía con los representantes comunistas, como Ramón Tamames, y con socialistas como su discípulo Peces-Barba, aunque el PSOE de Felipe González ya empezaba a barajar la posibilidad de entrar en el juego siguiendo las reglas de la reforma Suárez.
De hecho, Cuadernos para el Diálogo valoró positivamente el anteproyecto de la Ley para la Reforma Política como «formalmente democratizador», a pesar de que abría «un proceso constituyente que, en el mejor de los casos, consumirá todo el año 1977, un largo lapso de tiempo de incertidumbre política, inseguridad e inestabilidad».12 También juzgó de manera favorable su aprobación en Cortes, «un paso para la salida no violenta del sistema franquista hacia uno democrático», reconociendo que el éxito del Gobierno Suárez «ha sido en ese campo indudable y sería mezquino y poco objetivo no reconocérselo». Aun así, faltaba todavía «dar credibilidad democrática al proyecto» y negociar con la oposición unas «reglas de juego» para el reconocimiento de todos los partidos políticos, la modificación de la normativa vigente sobre asociación y reunión, el acceso en condiciones de igualdad a los grandes medios de comunicación social, la amnistía total y una ley electoral de tipo proporcional para el futuro parlamento.13
Fue el incumplimiento por parte del Gobierno de esas condiciones de legitimidad democrática e igualdad de oportunidades lo que motivó su posición abstencionista, como del resto de la oposición de izquierda, ante el referéndum del 15 de diciembre de 1976.14 Además, incluyó en sus páginas publicidad sobre el referéndum de la mayoría de los partidos políticos de la oposición, incluidos los todavía ilegales, y de cinco asociaciones feministas. Dicho número a punto estuvo de ser secuestrado por las autoridades, que prohibieron la reproducción de los anuncios y anagramas de cuatro organizaciones: PCE, ORT, Partido del Trabajo de España (PTE) y Movimiento Comunista (MC). La revista, que abría el número con publicidad del Gobierno a favor del voto, decidió en solidaridad tachar visiblemente los anuncios del resto de fuerzas políticas de la oposición. No por ello dejó de admitir el «carácter relativamente inédito» del proceso democratizador español, «en que parte de la clase política perteneciente al viejo sistema autoritario ha intentado –y lo ha conseguido parcialmente– tomar la iniciativa política para protagonizar dicho cambio». Eso sí, siempre impulsada por la presión popular.15
El éxito gubernamental en el referéndum de 1976 lanzaba un reto a la oposición, pues «de ella puede depender, en parte, que la futura Constitución sea plenamente democrática».16 Cuadernos interpretó con acierto y moderación el proceso de transición a la democracia en su fase más difícil, sin ese dogmatismo que a veces se le ha atribuido, y en cierta medida contribuyó a su éxito con la más clamorosa y discutida decisión periodística del semanario: la publicación del borrador secreto de la Constitución a finales de 1977. El escándalo político fue mayúsculo: Manuel Fraga y Jordi Solé Tura acusaron a la revista de ser el órgano de expresión del PSOE, aunque Alfonso Guerra habló de «irresponsabilidad» y Gregorio Peces-Barba, «sorprendido e indignado», dimitió de su puesto en el consejo de administración y la junta de fundadores.17 Para la ciudadanía, por el contrario, la divulgación del borrador dio mayor transparencia a un proceso constituyente mantenido hasta entonces al margen del debate público, lo que permitía a los actores sociales valorar el texto según sus expectativas y participar,
