a partir de enero del 2019. No va a esperar que la Unión Europea actúe para imponer lo que denomina “la tasa GAFAM”. Por su parte, la Unión Europea proponía “gravar a los Estados miembros con el 3 % del volumen de negocios (y no sobre las ganancias, como en el sistema clásico) generado por algunas actividades digitales”.
7. En su sitio de internet, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) francesa indica que es la primera vez que aplica nuevos límites de sanciones previstas por el Reglamento General de la Protección de Datos (RGPD). De esta forma, acaba de imponer a Google una multa de 50 millones de euros (publicado el 21 de enero del 2019). Obviamente, Google apela dicha sentencia.
8. El 19 de enero del 2019, las autoridades federales americanas se plantearon imponer una pesada multa a Facebook por no haber respetado sus compromisos en materia de protección de los datos personales de sus usuarios, según The Washington Post, que cita tres fuentes cercanas a las discusiones. La Comisión Federal del Comercio americana (FTC), principal autoridad en materia de competencia y protección del consumidor, investiga desde el año pasado esa red social. Es muy pronto para saber si el grupo podría concluir con un acuerdo extrajudicial con la FTC y aceptar el pago de una importante penalidad financiera, que debería ser muy superior a la multa de 22,5 millones de dólares impuesta a Google por la FTC en el 2012. Recordemos que las fotos de 6,8 millones de usuarios de Facebook fueron expuestas públicamente y una falla de seguridad reveló el contenido de 50 millones de cuentas.
9. Finalmente, Bruselas pretende resolver la regulación del conjunto de las plataformas de la web de este mundo digital (Google, App Store, Facebook, Airbnb, Uber y Booking), convertidas en las verdaderas puertas de entrada de la web (o del universo de los smartphones). El objetivo de ese texto de intención consiste en introducir obligaciones de transparencia para las plataformas e implementar vías de recursos eficaces para sus clientes, si ellos se sienten lesionados. El proyecto de regulación obliga a las plataformas a presentar sus condiciones de utilización de la manera más clara posible y les prohíbe cambiarlas sin prevenir a sus usuarios. Estos deben disponer al menos de 15 días para adaptarse en caso de modificación. Además, una plataforma jurídica que decidiera privar a un usuario de utilizarla es la que debe justificar esa decisión, lo que constituye una importante disposición referida a las aplicaciones (Ducourtieux, 23 de abril del 2018). En nuestros países existen leyes que protegen eficazmente a los consumidores contra el abuso de las empresas que emplean toda clase de estratagemas para engañar al ciudadano que no tiene abogados en su familia; pero en lo que respecta a las nuevas tecnologías, muchos países le dan largas a la modernización de sus sistemas de regulación.
No obstante, Europa está a la vanguardia. Según Gardner de Béville (2 de mayo del 2018), codirector de HR Consulting Group y abogado en Madrid, el RGPD, que entró en vigencia el 25 de mayo del 2018, creará un verdadero Big Bang en el universo de protección de los datos personales en el seno de la Unión Europea, tanto para los individuos como para las empresas. Las disposiciones del RGPD serán obligatorias y aplicables a los 511,8 millones de ciudadanos en la Unión Europea.
Sea para el individuo o el empleado, es larga la lista de sus derechos: derecho a la vida privada, derecho a la protección, derecho al olvido, derecho al acceso, derecho a la rectificación, derecho a la desaparición, derecho al error, derecho a la transparencia, derecho a conocer, derecho a que se le comunique, derecho al referenciamiento, derecho a la portabilidad de los datos, derecho de hacer rectificar, derecho de oposición, derecho a la conservación, derecho a la transferencia. Además, el preámbulo del RGPD precisa que la protección de datos personales es un “derecho fundamental”, y por ello la coloca sobre un pedestal todavía más alto, aun si el texto señala que no se trata de un “derecho absoluto”. (Gardner de Béville, 2 de mayo del 2018)
El empleador, por su parte, tiene derechos y obligaciones: el derecho a la no evaluación, la obligación de no discriminar, el deber de tratamiento justo y transparente, la obligación de adoptar reglas internas e implementar medidas que respeten la protección, la obligación de designar un representante responsable del tratamiento, la obligación de establecer un contrato u otro acto jurídico, la obligación de mantener registros, la obligación de realizar un análisis de impacto, el deber de notificar a la autoridad de control a la mayor brevedad y con un máximo de 72 horas.
Habrá que esperar aún algún tiempo para conocer las repercusiones de esta reglamentación sobre la práctica de las grandes empresas, pero es interesante saber que las penalidades son pesadas para las empresas de TI, las cuales, en caso de acatarlas, pueden ser del 4 % del volumen de negocios de la entidad condenada o de 20 millones de euros. Por ejemplo, para Apple una multa del 4 % del volumen de negocios representaría 8,6 billones de dólares. A fines de diciembre del 2018, Francia decidió pasar a la acción, sin esperar la decisión de la Unión Europea, gravando con el 3 % las ganancias de Amazon, de Apple, de Microsoft, de Facebook y de Google.
El departamento de asuntos jurídicos de las megaempresas digitales necesitará más abogados para moderar las ambiciones de sus cibermotivadores jurídicos y de sus psicocreativos hiperactivos, que encuentran la falla en los comportamientos humanos. Pero, en tono optimista, digamos que las cosas avanzan y que el escándalo duró bastante… y las autoridades políticas se van despertando lentamente.
En conclusión, según Pierre Trudel (8 de enero del 2018)4, “lo digital cambia las condiciones de vida y modifica los modos de proceder de las empresas de servicios. Torna obsoletos ciertos modos de funcionamiento y hace emerger otros. Las leyes deben acompañar las transformaciones inducidas por las evoluciones tecnológicas”. Veamos los avances realizados en la reglamentación digital en el 2018:
• Las autoridades europeas implementaron reglas modernizadas sobre el derecho de autor y el sector audiovisual. También Canadá emprendió la modernización de sus leyes sobre radiodifusión, telecomunicaciones, derecho de autor e impuestos a los productos culturales en línea. Francia y Alemania se dotaron de leyes sobre las falsas noticias (fake news) que circulan en las redes sociales.
• En Francia se introdujo un impuesto a fin de reinvertir una parte de los ingresos de las plataformas de producción de obras culturales originales. La provincia de Quebec aplica leyes generales sobre el régimen impositivo de los productos consumidos en plataformas como Netflix o Spotify. En una palabra, Quebec obliga a las compañías extranjeras a recaudar impuestos sobre el sector audiovisual y la música, como lo hace con las empresas de producción audiovisual en el propio país. Varios países reglamentan también las plataformas como Airbnb o Uber, exigiendo tasas locales. Canadá y la provincia de Quebec también estudian la posibilidad de imponer tasas a los productos de cibercomercio provenientes de Estados Unidos vía Amazon, de acuerdo con el régimen impositivo nacional. Canadá intenta también recuperar los ingresos procedentes de la publicidad, de los que se benefician Google o Facebook, que acaparan del 70 % al 80 % del mercado actual de la televisión, la radio y otros medios.
• En varios Estados, surgen reflexiones sobre un marco jurídico acorde con la creación de valor por datos masivos, la riqueza del nuevo capitalismo. Finalmente, la Unión Europea ha dado a conocer el reglamento general que asegura la protección de datos personales (como se ha expuesto líneas arriba).
• Por último, la declaración de Montreal sobre inteligencia artificial ha afirmado la obligación de subordinar el desarrollo de los nuevos dispositivos técnicos, llamados inteligentes, al control democrático (como el uso de los drones “asesinos”).
• Para terminar, una buena noticia: según Le Monde del 29 de enero del 2019, desde el 2020 se aplicarán nuevas reglas fiscales mundiales para gravar a los gigantes digitales, las famosas GAFAM, reinas de la optimización fiscal, cuyo modelo económico trastoca todos los códigos. Es el objetivo concreto que se fijó la OCDE, basado en un nuevo acuerdo de principio con 127 países, revelado el 29 de enero,
