desde 1995, en los verdaderos bienes de capital de la inteligencia colectiva. ¿Por qué en bienes de capital? Porque permiten producir intangibles, bienes inmateriales” (Moulier Boutang y Rebiscoul, 2009). Más allá del foro social, cuyos beneficios pueden parecer fútiles, nuestros datos son esenciales para el progreso de la medicina, para el funcionamiento del transporte, para la difusión de la información, para la investigación y la educación, para mejorar el comercio y la circulación de productos y servicios, pero también para modelar y organizar la venta y la distribución de productos inmateriales, como la música, la información, la cultura, etcétera.
¿Debemos repensar el estatuto de internet?
“¿Hay que estatizar Google o googlizar el Estado? ¿Google implanta un servicio común privado o un servicio público no estatal?”. Estas son las preguntas que se plantean Moulier Boutang y Rebiscoul (2009). En el siglo XIX, los bienes colectivos que crearon valor (y riqueza) fueron el descubrimiento y la explotación de la energía fósil, eléctrica y luego petrolera; en la segunda mitad del siglo XX, fueron la informática, internet y los big data, impulsados por la inteligencia artificial. ¿Por qué los grandes ecosistemas y las plataformas de servicios deberían escapar a la regulación política de los Estados? Un régimen jurídico cuasi ausente provoca infaliblemente accidentes (como el del escándalo de Facebook-Cambridge Analytica), que producen desequilibrios cuyos perjuicios se intentará mal que bien reparar. Pero el gusano no está aún en la manzana, ¡y no nos referimos solamente a Apple!
“El principio de independencia de un Estado solo podrá afirmarse en el ciberespacio si se repiensa internet. Entre la protección de los datos personales y la lucha contra las ciberamenazas, los Estados tienen dificultades para definir las estrategias de equilibrio”, analizan Imbert-Vier y Muller Feuga (3 de diciembre del 2018). Para la Unión Europea, internet es un espacio neutro y sin fronteras, cuando en realidad está administrado por la ICANN2 americana, y más aún: una de las primeras intenciones de la administración de Trump era abolir la neutralidad de la red en junio del 2018 (lo que implica como consecuencia permitir a grandes ecosistemas como las GAFAM tener prioridad sobre la difusión del contenido en internet). El ciberespacio cuenta con un sesgo esencialmente americano. Políticamente hablando, la protección de las informaciones sensibles se vuelve imposible para los Estados, así como mantener su soberanía frente a las intrusiones de las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) americanas, y en lo sucesivo de las BATHX (Baitu, Alibaba, Tencent, Huawei y Xiaomi) chinas. La venta de equipos de telecomunicaciones por parte de la compañía china Huawei es el primer caso de guerra comercial declarada entre chinos y americanos, por la venta de la infraestructura de equipamiento de las nuevas redes de telecomunicación 5G en Occidente, susceptibles de convertirse en puertas abiertas para el espionaje industrial. Los americanos quieren prohibir a sus compañías nacionales equipar sus redes con infraestructura de Huawei, lo que ya hicieron Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte, Estados Unidos pidió a Canadá que retuviera en la frontera de Vancouver a Meng Wanzhou, la directora financiera e hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, antiguo miembro del ejército chino. Posteriormente, los americanos solicitaron oficialmente a Canadá la extradición de la señora Meng. A guisa de represalia diplomática, China retiene como rehenes a dos diplomáticos canadienses. A mediados del 2019, el asunto está aún irresuelto.
Los datos personales, bienes “comunes”
Profundicemos en el tema con ayuda de la economista Joëlle Farchy, quien estima, en una columna de Le Monde (3 de diciembre del 2018), que los datos digitales, privados y de interés general simultáneamente, deben ser administrados bajo el régimen de los “bienes comunes”, definidos por la economista americana Elinor Ostrom. Como es sabido, la politóloga y economista Ostrom, premio nobel de Economía en el 2009, conocida principalmente por sus trabajos sobre la administración colectiva de los bienes comunes, definió varias clases de bienes colectivos. En su famoso libro El gobierno de los bienes comunes (Governing the Commons)3, la investigadora critica “los fundamentos del análisis político aplicado a numerosos recursos naturales”.
En 1954, Paul Samuelson distinguía los bienes privados de los bienes públicos. Los primeros están reservados a los que pagan por su adquisición (bienes exclusivos y rivales, puesto que únicamente quienes los han comprado pueden consumirlos); los segundos son aquellos que son simultáneamente no exclusivos y no rivales, pues pueden ser consumidos por muchos. En 1965, James Buchanan agrega un tercer tipo de bien: los bienes club o bienes de peaje, que solo pueden ser consumidos por los miembros de una asociación. La pareja Ostrom (Vincent y Elinor) propone agregar un cuarto tipo de bienes: los recursos de uso común (common-pool resources). Dado que la utilidad y el provecho son individuales, mientras que el costo está soportado por todos, su uso conduce ineluctablemente a una sobreexplotación de los recursos. Así, se pueden definir los bienes comunes de conocimiento, cuyo mejor ejemplo en el área digital es Wikipedia.
Actualmente, toda la reflexión sobre los bienes comunes versa sobre la cuestión ecológica, puesto que la responsabilidad de los daños ambientales debe caber a todos, Estados de todo tamaño e individuos. ¿A quién pertenecen el aire, el agua, las riquezas naturales, y a quién incumbe la protección de la naturaleza, la biodiversidad, la transformación del clima, etcétera? En el 2010, gracias al movimiento de los open data (datos abiertos), emerge una nueva noción, la de datos abiertos de interés general, que exige que se ponga a disposición de los ciudadanos ciertos datos en poder de operadores privados. Por ejemplo, en el proyecto de ciudad inteligente Quayside de Toronto (véase el anexo 1 de este capítulo), muchos grupos e individuos se rebelaron al ver a un sistema privado como Alphabet/Google (financiador del proyecto) apropiarse de todos los datos personales de los habitantes que viven y circulan en el barrio. Otro ejemplo: ¿las empresas como Microsoft, Google o Apple tienen el derecho de poseer y utilizar los datos personales de los alumnos que utilizan sus materiales y sus redes educativas4? Y lo mismo ocurre con los datos médicos de los pacientes examinados.
La economista Joëlle Farchy (3 de diciembre del 2018) propone que se dé a internet el estatuto de bien común. No obstante, en la economía de los data, estamos en plena paradoja:
En primer lugar, no existen actualmente derechos de propiedad sobre los datos, y eso es más bien una buena noticia. En efecto, un dato raramente tiene valor económico en sí; el valor se crea por la agregación y la contextualización de millones de datos. El hecho de introducir nuevas enclosures5 en cada dato contradeciría, por otra parte, la filosofía del compartir que se promovía [en el inicio de internet, en los años noventa, antes que las GAFAM privatizaran la red].
Además, muchos consideran que esa libertad de compartir es la clave de la creatividad que engendra la economía de servicios, característica de la digitalización, como el movimiento de la enclosure permitió pasar de una agricultura considerada poco productiva de la Edad Media a una agricultura más intensiva y de tipo capitalista de la Revolución Industrial.
Si no se hace nada para enmarcar esos cuasimonopolios, los accidentes van a producirse cada vez más frecuentemente, como los tropiezos de la vida democrática, las violaciones a los derechos de la persona, la discriminación por perfil étnico, los escándalos financieros, la disminución y la degradación del trabajo humano, el incremento de la pobreza y el debilitamiento de las clases medias en beneficio del 1 % de privilegiados, etcétera. En el informe publicado en diciembre del 2018 por la Comisión Permanente de Acceso a la Información, de la Protección de la Vida Privada y de la Ética del Gobierno de Canadá6, que se ocupó del escándalo Cambridge Analytica, los diputados se inquietan por la vulnerabilidad del proceso democrático y de la vida privada de los ciudadanos frente a esta recolección masiva de datos por parte de empresas comerciales, por la vigilancia y la manipulación, hoy moneda corriente en la red, y, por supuesto, por la difusión a gran escala de la desinformación. El informe formula 26 recomendaciones al gobierno canadiense. Los diputados de todos los partidos lo repiten en su informe:
