para otorgar los beneficios?
Al principio no existía ninguna reglamentación, ni siquiera criterios. Recién en 1973 se dicta el estatuto de la Coproci y se discuten los primeros lineamientos. La mejora de la reglamentación vino cuando logramos incorporar a personas provenientes del campo de la cultura. Estos cineastas o asesores de cultura tuvieron un peso fundamental. Mi impresión es que desde que estas personas se integraron a la comisión hubo mucho más cuidado en la producción de los cortos y también en otorgar o negar los incentivos de la ley.
En resumen, fue un periodo muy largo y complicado, de frecuentes peleas con los distribuidores y exhibidores. Hubo muchas personas de esos gremios que veían la oficina de Dirección de Cine como un nido de comunistas que intentaban destruir el cine y quitarles sus empresas, desgraciadamente no veían más allá.
Sin embargo, no puede negar que dentro de la Coproci hubo un espíritu político de tipo estatista, ¿o eso fue solamente una cuestión coyuntural?
Fue coyuntural; efectivamente, algunas de las personas que integrábamos el núcleo de la Coproci teníamos una ideología más de izquierda que de derecha. No era desde el gobierno que venía esta visión, al contrario, sus miembros eran sumamente reaccionarios. La Coproci estaba en poder de la Marina, me acuerdo del comandante Burga y del coronel Calderón, personajes de triste recordación para la cuestión cultural, que no entendían el proceso cinematográfico, y eran muy temerosos del contenido del cine. Decían que era muy peligroso para el gobierno que se diera carta abierta a la producción de cortometrajes o largometrajes de tendencia izquierdista; entonces, como se pueden imaginar, la pelea fue muy grande.
Organicé el Primer Seminario de Cine que se hizo en el país. La idea era juntar a la gente de cine para tener el respaldo de aquellos que efectivamente estaban interesados en el asunto. Así fue cómo logramos organizar e integrar en la comisión a un grupo de asesores que tuvieron un papel fundamental.
Fueron pocos los casos en que una película que era aprobada por los asesores fuera desaprobada por los militares o representantes del gobierno. Ellos asumieron un rol pasivo. Sin embargo, recuerdo algunos enfrentamientos muy fuertes, por ejemplo el que tuvo como causa una película sobre narcotráfico llamada Brigada blanca (1979) del realizador Jeff Musso, que era de un nivel deplorable. Recuerdo que la presión del gobierno era tanta que un día nos mandaron a un coronel con el fin de que se apruebe esta película, pero felizmente los asesores de la Coproci no la aprobaron. Las asesorías civiles desempeñaron un rol muy importante durante el tiempo que ejercí la dirección. Sus criterios no se basaban en la persona, en este caso el señor Musso, director de la película, sino en la mala calidad cinematográfica. La pelea fue muy fuerte. Yo agradezco a todas esas personas que fueron asesoras de cine en aquellos días, porque sabían que su labor era muy difícil. Me costaba mucho convencer a alguien para que asumiera el puesto de asesor, porque era un enfrentamiento muy crudo y peligroso, entre comillas, en el sentido de que se les podían cerrar las puertas para muchas cosas con los militares.
Hecha la ley, hecha la trampa
Sin embargo, en los años setenta las críticas sobre corrupción en la Coproci fueron muy frecuentes. ¿Está de acuerdo con estas acusaciones o simplemente fueron jugarretas y difamaciones de algunos cineastas a los cuales no se les aprobaron ciertas películas?
Efectivamente, hubo de las dos cosas. Por ejemplo, durante mi gestión hubo una denuncia de corrupción contra uno de los miembros de la Coproci, quien luego fue separado de la OCI. Para hacer una denuncia de ese tipo se debe tener documentos y pruebas fehacientes, y parece que se obtuvieron esos documentos que se mostraron al jefe del Sistema Nacional de Información (Sinadi). Recuerdo que me encontré con este señor, que prefiero guardar en el anonimato, y me dijo: “Usted me ha arruinado la vida, mi prestigio, no haga la denuncia, piense en mi mujer, en mis hijos”, bueno, lo que se estila.
¿Qué había pasado?
Exactamente no puedo recordar, pero fue un caso de coima para aprobar un largometraje o un cortometraje. Por ejemplo, una de las pruebas era que existía duplicación de certificados.
Pero al margen de todo esto, la Coproci siempre fue vista como nefasta en todos sus periodos, no se vio el progreso que hubo, yo responsabilizo de esto a la gente de cine. Pienso que temía que si se enfrentaba a la Coproci fueran declaradas personas no gratas y boicoteadas desde adentro. Hablando del gremio en general, este no supo defenderse de los posibles abusos de la Coproci.
Creo que fue en el Primer Encuentro de Cineastas cuando empezó a cambiar la situación. Para los militares fue una experiencia muy interesante, asistieron cerca de cien personas, entre ellas Desiderio Blanco. Estas personalidades desempeñaron un papel muy importante para la organización y el debate en las comisiones. En general, se trabajó muy seriamente y se logró una buena cantidad de dinero del Gobierno para el financiamiento de este encuentro.
¿Qué aspectos le faltó contemplar al Decreto Ley 19327 y qué conflictos tuvo que afrontar para su aplicación?
La coyuntura política en que se dio esta ley fue negativa, pues ningún empresario iba a arriesgarse a invertir en la creación de una industria cinematográfica nacional cuando todo se estaba estatizando. Como es de suponer, ninguno de nuestros empresarios asumió la ley, más bien la vieron como una nefasta imposición.
Sin embargo, también hubo aspectos muy positivos en la ley que nunca se aprovecharon a fondo. Por ejemplo, en cuanto a la coproducción y la reinversión. Recuerdo haber hablado con los propietarios del cine Metro y con muchos extranjeros que me expresaron su interés por invertir en el Perú, pero que el problema era la inestabilidad e inseguridad políticas. Yo creo que la ley de cine fue positiva, pero la situación por la que atravesaba el país impidió el desarrollo de la industria cinematográfica y obligó a los cineastas peruanos a hacer sus cortos con muy poca amplitud de criterio. No hubo una visión comercial para el corto ni para el largometraje, no hubo una temática internacional, no se produjeron películas que pudiesen interesar afuera. Los temas que tocaban los cineastas nacionales, tanto en los largos como en los cortos, eran muy locales, que solo podían interesar a los peruanos, por lo que era muy difícil venderlos hasta en Latinoamérica, ya no digo en Europa.
Dentro del gremio de los productores nacionales, ¿a quiénes cree que favoreció más la Ley de Cine?
A los productores de cortometrajes. Hubo empresas que ganaron mucho dinero para los niveles que se podía ganar en cortos. Recuerdo en especial dos de ellas, que presentaban un corto por semana. Estas empresas hacían películas en dos horas. Pero dada la pésima calidad de sus productos y la evidente intención de lucro se les tuvo que cancelar la licencia. Una fue la de Rodolfo Bedoya y la otra la de Ernesto Sprinckmoller.
Si no hubiese existido la Coproci y no se hubiese aplicado la política de reestructuración de esta entidad estatal, esa gente continuaría acaparando y ganando una buena cantidad de dólares. Empresas de ese tipo hacían cuatro o cinco películas semanales, cortos de las estupideces más grandes. Recuerdo que en un corto sobre Huancayo se decía que la calle Real era la calle más larga del mundo y que su iglesia era la catedral más imponente de Latinoamérica. Como se puede ver, esas apreciaciones eran estúpidas y así eran aprobadas muchas de estas películas. En conclusión, desde mi punto de vista la Ley de Cine fue positiva, pero la coyuntura política que la acompañó fue nefasta.
¿Quién mató el cine nacional?
¿Qué pasó después de que dejó
