de cada gobierno buscando sortear aquellos artículos que eran incompletos o deficientes para poder sobrevivir.
Por ejemplo, durante el Gobierno Militar se varió la regla que establecía que había que presentar diez copias de los cortometrajes por solo seis. Luego, durante el segundo gobierno de Acción Popular conseguimos, en una larguísima gestión de dos años, que se cambiara el sistema de reparto del impuesto de tal manera que fuera más equitativo. Esto supuso una serie de tramitaciones, conversaciones con ministros, con la gerencia del Banco de la Nación, etcétera. Igualmente, en el primer gobierno de Fujimori (dejando de lado el gobierno del APRA, en el que no recuerdo que se haya producido cambio alguno), se recorta el impuesto al espectáculo público no deportivo. Es decir, el impuesto que se pagaba en el cine, que era del treinta por ciento se reduce al diez por ciento, lo cual afectaba directamente a los cineastas, ya que con esta medida veían disminuidos sus ingresos por presentación de cortometrajes a un tercio. Entonces, por gestión e iniciativa de los cineastas, durante el mismo gobierno de Fujimori se rectifica la medida y sube nuevamente el porcentaje del impuesto que va al cortometraje, paliándose así una vez más el peligro. Como se puede ver, todos los gobiernos han actuado legislativamente a favor del cine nacional porque los cineastas se organizan y luchan por la defensa de su actividad. Hay que destacar también que esta defensa se promueve orgánicamente con más facilidad a partir de 1978, cuando se constituye la Asociación de Cineastas del Perú (ACDP), que sigue siendo el principal organismo gremial privado.
¿Cuándo y por qué motivo se derogó la Ley de Cine? ¿Por qué razones su defensa fue pobre y poco sentida por los cineastas? ¿Podrá el cine nacional sobrevivir sin una ley que lo ampare y regule legítimamente?
En primer lugar, hasta agosto de 1994, el Decreto Ley 19327 (Ley de Cine), no ha sido derogado.1 Pero desde diciembre de 1992 se han quitado los dos únicos incentivos que resultan ser los sustanciales para el desarrollo del cine nacional: la cesión a los productores nacionales del impuesto que cobran los municipios al público que va al cine, y la exhibición de las películas peruanas en salas a las que no accederían ordinariamente.
Esta supresión de las disposiciones básicas por parte del gobierno de Fujimori casi ha paralizado el cine nacional. Así, aunque aún seguimos con el Decreto Ley 19327, sin esos dos incisos que mencioné, podríamos decir que el cine nacional casi ha terminado.
Espero que la situación se recupere, pues los cineastas están haciendo una defensa esforzada, yendo al Congreso, buscando ministros, redactando nuevos proyectos de ley. Por tanto, yo espero que el éxito que los cineastas lograron a lo largo de veinte años, no solo para mantener el régimen legal cinematográfico sino también para irlo mejorando, los acompañe en los próximos años. Creo que este gremio ha demostrado capacidad para defender su sector artístico, comercial y cultural. Espero que aun sin las disposiciones mencionadas pueda sostenerse, hasta que cambien los tiempos, se apruebe un nuevo régimen legal básico o se dé una base mínima para que los jóvenes de estas nuevas generaciones también puedan realizar su vocación cinematográfica.
¿Cuál es su balance de esta experiencia de algo más de veinte años de cine nacional? ¿No cree que se desaprovechó una buena oportunidad para iniciar una industria del cine más sólida y duradera? ¿Por qué tanto el cortometraje como el largometraje no capitalizaron lo suficiente para salir adelante con mejores condiciones?
Creo que se ha hecho bastante, ese sería el balance personal que yo haría. Que se pudo hacer más, también es cierto. Numéricamente tenemos los datos a la mano: mil doscientos cortometrajes, sesenta largometrajes, ochenta y tres áreas temáticas tocadas. A través de estos cortos todos los departamentos del Perú han sido recorridos y filmados. Más de doscientas empresas se conformaron legalmente, aunque es cierto que no todas entraron en actividad sostenida y permanente. Se brindó educación para la producción cinematográfica mediante la práctica. Más de trescientos peruanos han dirigido algún corto, etcétera.
Podríamos seguir dando cifras sobre los beneficios alcanzados, para certificar que toda la inversión ha sido productiva. La inversión mínima que hizo el Estado asignando parte de sus ingresos al cine nacional ha sido devuelta con creces. La inversión de quienes arriesgaron su patrimonio privado, a veces fue retribuida con resultados favorables, y a veces se perdió, como sucede en cualquier otro negocio.
Por último, ¿qué tipo de arreglos se avizoran a corto y mediano plazos?, ¿hay razón para tener alguna esperanza para los próximos años?
En estos momentos, agosto de 1994, luego de dos años de negociaciones en el Congreso de la República, fue aprobado un primer dictamen presentado por la comisión de cine del Congreso, que vela por el cine nacional. Sin embargo el presidente de la República no lo promulgó y lo devolvió. No sabemos si más adelante se aprobará otro proyecto más completo. Ojalá se recoja la experiencia de los veinte años anteriores y se configure un nuevo marco político y legislativo para el desarrollo de las iniciativas particulares. Es necesario que el cine nacional vuelva a hacerse visible en las pantallas de las salas cinematográficas del país. Creo que hay que mantener la esperanza y la actividad intelectual, laboral y política para que el Congreso Constituyente Democrático, o el próximo Congreso, apruebe una norma legal favorable para el cine peruano. No va a ser sencillo, pues ya he dicho que hay opositores.
Seguro se preguntarán ¿quiénes son?, ¿qué interés pueden tener las grandes distribuidoras cinematográficas internacionales para bloquear las películas peruanas que se produzcan y pasen en las salas de cine del país? Parece que no hubiera proporción. Sin embargo, en todos los países del mundo la industria cinematográfica de Estados Unidos ha tratado de impedir, y lo ha logrado en parte, que no se genere un movimiento de producción local, porque ellos temen que luego estos sean imitados por los países de al lado y finalmente terminen perdiendo o disminuyendo el poder que tienen en el mercado internacional. Desde que el cine empezó a desarrollarse como industria, los norteamericanos han cuidado mucho su primer lugar. Así que hay que mantener la esperanza de que se defienda lo invertido en estas últimas dos décadas, y que nuevamente un conjunto de peruanos se desarrolle y se encamine hacia el cine nacional, e igualmente, que nuestro público pueda espectarlo. Eso es lo que yo quisiera ver en los próximos años.
Dos activos cineastas del periodo 1972-1992: Nelson García, representante de la vieja guardia, y Gianfranco Annichini, de la generación intermedia. Ambas generaciones formaron y nutrieron a la tercera y última promoción de cortometrajistas del Decreto Ley 19327.
Cámara en mano, los cineastas salieron a las calles y nos invitaron a mirar hacia adentro. Augusto Tamayo y Danny Gavidia (a la izquierda) haciendo trabajo de campo.
Jorge Vignati, experimentado camarógrafo y documentalista cusqueño, acom-pañó a muchos realizadores nacionales en sus proyectos cinematográficos. Para algunos es el cineasta con mayor trayectoria en el campo del documental. Fue director de fotografía y camarógrafo de 80 documentales dentro del Decreto Ley 19327, además participó en realizaciones extranjeras como Fitzcarraldo, de Werner Herzog; The last movie, de Peter Fonda, y King Kong, producida por Dino de Laurentis, entre otras.
Fernando Gagliuffi fue uno de los pocos cineastas peruanos que, junto con el uruguayo Walter Tournier y los alemanes Kurt y Christine Rosenthal, cultivaron el cine de animación en el país.
