para quienes mantenían una lógica integrista, la separación entre Estado e Iglesia significó una afrenta directa al catolicismo, sus valores, y el orden social que había imperado por tres siglos. La Guerra de Reforma da cuenta del desfase entre laicidad y secularización en ese momento histórico; en otras palabras, la autonomía jurídica del Estado no se traduce en un cambio automático en los marcos de sentido a partir de los cuales se interpreta la realidad, o cuando menos no en todos los grupos sociales.
Desde entonces la autonomía estatal se mantiene incólume en su acepción legal.8 No obstante, los cambios políticos y sociales transcurridos en más de 160 años hacen cada vez más evidente la necesidad de repensar la laicidad en función de las condiciones actuales. En opinión de quien escribe estas líneas, las transformaciones más relevantes para el tema que aquí nos ocupa son tres:
• La pluralización confesional. A diferencia del siglo XIX, hoy no puede hablarse de un sistema de creencias único ni de una iglesia hegemónica. Es cierto que el catolicismo continúa siendo la adscripción religiosa más extendida, pues 77.7% de la población mexicana se identifica en esa categoría (INEGI, 2020). Sin embargo, desde la década de 1950 se ha observado un incremento acelerado de otras denominaciones, especialmente de raíz cristiana (INEGI, 2020). Esta tendencia parece ir al alza; aunque la Iglesia católica prevalece como un actor religioso relevante, no es ya el único que se manifiesta tanto en el campo social como en el político.
• La imposibilidad de establecer límites entre lo público y lo privado. El pensamiento liberal decimonónico partió de la premisa de que existe una división entre el espacio público, cuya regulación corresponde al Estado, y el privado, en el que los individuos adoptan decisiones libres y autónomas respecto de su propia vida (Breña, 2006). Sin embargo, la realidad social muestra que las fronteras entre ambas esferas son difíciles de definir. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la educación que se discutía en un apartado previo. Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos e hijas a partir de los valores que consideren pertinentes, puesto que el hogar pertenece a la esfera privada. Empero, ningún menor está aislado de la sociedad, sino que construyen relaciones con otras personas. De este modo, lo que se ha aprendido en la esfera privada termina por tener repercusiones también en la pública.
• La religión no es un fenómeno de carácter individual y privado. Puesto que las libertades se entienden a partir de un criterio de individualidad, es lógico que corresponde a los individuos decidir sus creencias y actuar de conformidad con ellas. Así, en un régimen laico tanto las convicciones religiosas como las prácticas que se les asocian corresponden exclusivamente a la esfera privada. No obstante, debe señalarse que la religión no se corresponde del todo con esa descripción.
Las religiones no son de ningún modo individuales; por el contrario, es precisamente la colectividad lo que les provee de significado y de un sentido de pertenencia (Durkheim, 2014). Por otro lado, parece ingenuo considerar que éstas se restringen al ámbito privado. De hecho, muchas de ellas tienen un proyecto social apoyado en la evangelización o en un compromiso por hacer el bien a partir de sus códigos de conducta. Por ese motivo, a ojos de quienes forman parte de un grupo religioso y mantienen una visión integrista en su participación en el espacio público no sólo es posible o deseable, sino absolutamente necesaria.
En este ensayo se argumenta que el régimen de laicidad en México se construyó a partir de un proyecto político que obedeció a los ideales del liberalismo, y que cumplió con el objetivo de lograr la autonomía estatal. Esa manera de entender la laicidad resultó funcional en el momento histórico en el que se originó, y continuó siéndolo durante varias décadas. Sin embargo, las transformaciones sociales aquí mencionadas son muestra de la necesidad de repensar qué se entiende por laicidad, qué implicaciones tiene para el Estado y para los grupos religiosos, y de qué modo habría de repercutir en la configuración del espacio público. A decir verdad, la autora de este trabajo no ha desarrollado una propuesta minuciosa que pudiera aportar a la sustitución de un régimen de laicidad por otro. Pero, ¿hay alguna apuesta de ese tipo en la administración gubernamental actual?
LAICIDAD, JUARISMO Y COOPERACIÓN CON LAS IGLESIAS. LA CONFUSA POSICIÓN DE LA 4T
El presidente López Obrador ha afirmado en repetidas ocasiones que guarda respeto por la figura de Benito Juárez, que se entiende a sí mismo como juarista y que defenderá el Estado laico (Barranco, 2019). A pesar de ello, ni sus declaraciones ni sus prácticas permiten entrever una definición clara de qué se entiende por laicidad o cómo se espera recuperar los ideales juaristas. En un intento por sistematizar las constantes contradicciones de las que se ha visto objeto el principio de laicidad en la 4T, esta sección se estructura a partir de los tres rubros esbozados en el acápite anterior.
La pluralización confesional
La diversificación religiosa en nuestro país no es un fenómeno nuevo; cifras oficiales muestran que la hegemonía del catolicismo comenzó a resquebrajarse desde la década de 1950, y a partir de entonces la pertenencia a otras iglesias ha experimentado un crecimiento sostenido (INEGI, 2020). Sin embargo, puede considerarse que la visibilización de tales grupos sí es relativamente reciente. Más allá de la edificación de templos, la asistencia a rituales, el uso de símbolos o el respeto a códigos de vestimenta que derivan de las convicciones espirituales, lo cierto es que algunas iglesias han tenido una mayor presencia mediática en los últimos años.
En un discurso pronunciado en octubre de 2019, el presidente de México se dirigió a un grupo de jóvenes para exhortarlos a ser tolerantes frente a la diversidad religiosa (Palacios, 2019). Aunque la tolerancia a ese tipo de pluralidad no se ha hecho una consigna explícita de su gobierno, ésta parece conducir sus prácticas tanto en lo discursivo como en lo político.
Sobre el primer rubro puede decirse que, a diferencia de quienes le precedieron,9 López Obrador ha tenido cuidado de no identificarse con una creencia en particular. Y si bien ha hecho saber que no existe contradicción entre su juarismo y su guadalupanismo10 (El Universal, 2017), discursivamente el presidente recurre con frecuencia a Dios y a Jesucristo, dos referentes compartidos por la mayoría de la población creyente. No hay manera de saber si las constantes menciones a dichas figuras constituyen una expresión real de sus convicciones o una estrategia comunicativa. Sea como fuere, las repetidas citas a la divinidad en actos públicos han causado polémica en algunos círculos políticos y académicos. Esto se debe a que la tajante separación entre Estado e Iglesia(s) en nuestro país se reflejó por varias décadas en una total ausencia de lo religioso en el discurso de la figura presidencial, especialmente en actos públicos.
Vicente Fox ya había roto con esa tradición política desde 2002 durante una visita del papa Juan Pablo II (Martínez, 2002). Sin embargo, el discurso del actual presidente resulta todavía más disruptivo en función de su naturalidad y de su recurrencia. Las interpretaciones al respecto están divididas. Hay quienes afirman que nombrar a Dios no va en detrimento de la laicidad porque no implica algún cambio institucional. Otras personas argumentan que se trata de un error inaceptable, pues no toda la población es creyente. Con independencia de la gravedad que se le asigne a esta práctica, es innegable que constituye una falta: en el artículo 40 Constitucional se establece que México es una república democrática, representativa, laica y federal (Salazar et al., 2017). Así pues, en su calidad de representante de Estado ningún presidente debería hacer referencias a símbolos o creencias dogmáticas, ya sean religiosas o seculares.
En opinión de quien escribe estas líneas, las referencias a la divinidad en el discurso presidencial son a todas luces inadecuadas. A pesar de ello, ése es quizás el punto menos preocupante en lo que al principio de laicidad se refiere. La diversidad religiosa se visibiliza también a través del contacto personal de López Obrador con varios grupos confesionales, y de su incorporación como parte del debate público mediante la Secretaría de Gobernación (Segob). Aquí no se pretende decir que las iglesias deben mantenerse
