hacer aflorar sus beneficios en países de baja o nula fiscalidad. En 2013, la OCDE elaboró un plan para hacer frente a estas trampas denominado precisamente «Proyecto BEPS» que preveía una serie de acciones contra la elusión fiscal. En 2015, la organización estimó que su costo global para los estados en términos de ingresos tributarios no percibidos se situaba entre 100 000 y 240 000 millones de dólares.
A los beneficios de la elusión fiscal hay que añadir los que se derivan de la reducción de los impuestos a las empresas. En la primera edición del Corporate Tax Statistics publicado por la OCDE, se proporcionan informaciones sobre la evolución de los tributos que gravan a las compañías privadas y que cubren el periodo 2010-2018 comprendiendo 94 países. En términos generales, la carga tributaria de las empresas disminuyó un 7,2 % en esos ocho años: desde el 28,6 al 21,4 %. Dos países implementaron grandes rebajas en 2018 con respecto a 2017: el gobierno federal estadounidense presidido por Trump rebajó un 14 % el impuesto de sociedades, con lo que la presión fiscal sobre las empresas disminuyó un 13,07 % y Francia derogó una sobretasa excepcional sobre los beneficios corporativos que había sido establecida en 201732.
La disminución de la carga fiscal que se ejerce sobre las empresas es uno de los factores que ha provocado el desmesurado incremento de la desigualdad en el mundo de la globalización que ha sido tan minuciosamente analizado en los libros de Piketty.
3.5. Especulación: el casino global
El enorme volumen de los productos derivados o la desmesurada magnitud del mercado de divisas dan plausibilidad a la tesis de que buena parte de la actividad del sector financiero tiene una finalidad meramente especulativa. Para precisar qué se entiende por «especulación» nos remitimos a una definición clásica formulada por Michael Kaldor en 1939:
Es la compra (o la venta) de mercancías para su reventa (o su recompra) en una fecha posterior, allí donde el móvil de dicha acción es la anticipación de un cambio de los precios vigentes y no un beneficio resultante de su empleo, o una transformación, o una transferencia de un mercado a otro33.
Esta caracterización permite diferenciar con bastante nitidez la compra de bienes con fines productivos o comerciales de la especulación. La visión del sistema financiero de la globalización como un gran casino global es la imagen que se suele utilizar para representar la lógica que preside sus actividades y permite afirmar que no ha cumplido con la que debería ser su función básica en una economía capitalista: canalizar el ahorro de la población hacia la inversión en actividades productivas.
3.6. La financiarización de los estados y de los servicios públicos
El campo político ha experimentado una profunda transformación como consecuencia de la globalización, cuyos componentes han sido analizados por Juan Ramón Capella en su libro Fruta prohibida. Capella caracteriza el nuevo poder político como un «campo» en el sentido de que no está monopolizado por una institución que pueda ser presentada como una unidad, como en el caso del estado. En realidad, está constituido por un conjunto de actores de diverso tipo y su funcionamiento viene determinado por las correlaciones de fuerza existentes en cada momento. En el campo global se sitúan las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales y los estados hegemónicos como EE UU o instituciones regionales como la UE. Un rasgo esencial de la transformación del poder político es la «apertura» que experimentan los estados respecto de las exigencias de los poderes globales, especialmente de las multinacionales.
Aquí señalaremos algunas formas como los estados se «abren» ante los poderes globales, especialmente subordinándose al poder y a la lógica del sector financiero34.
La manifestación más palmaria de esta supeditación consiste en que los estados asumen la función de «garantes» de la integridad del sistema financiero35. Este papel se puso claramente de manifiesto en la crisis financiera de 2008 y en la desestabilización de la eurozona. Sin embargo, el «rescate» de las entidades financieras no empezó en 2008. Ya en los años ochenta EE UU sacó a flote numerosas cajas de ahorro que se encontraban al borde de la quiebra. Los estados ejercen esta función de garantes tanto a nivel nacional como internacional. El Fondo Monetario Internacional ha intervenido en repetidas ocasiones para evitar la quiebra de los bancos como consecuencia de las crisis de la deuda de los estados, iniciando esa práctica en 1982 debido a la falta de solvencia de México para saldar sus obligaciones con las entidades financieras transnacionales. El mecanismo utilizado por el FMI ha consistido en la concesión de préstamos dirigidos a que los estados deudores puedan pagar a sus acreedores, que generalmente son bancos privados. Como el Fondo Monetario Internacional se nutre de fondos públicos aportados por sus países miembros, ese tipo de actuaciones tiene, entre otras consecuencias, un trasvase de fondos públicos a manos privadas. Todas las crisis financieras han puesto de manifiesto que el interés de los bancos está por encima de cualquier otro, incluido el bienestar de las poblaciones, las cuales han sido repetidamente sometidas a severos planes de ajuste para satisfacer las exigencias del sector de las finanzas.
La independencia de los bancos centrales es una de las garantías más importantes de esta subordinación. Esto se puso de manifiesto en 1979, año en que tuvo lugar un cambio radical en la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. El objetivo de la política monetaria pasó a ser exclusivamente el control de la inflación, dejando de lado el pleno empleo. Eso se tradujo en un incremento de las tasas reales de interés que incrementó el peso de las deudas tanto públicas como privadas. Durante los años setenta, las tasas de interés real habían disminuido enormemente debido a la inflación, perjudicando los intereses del sector financiero. Tasas de interés cercanas a cero o, incluso, negativas, permitían a los estados incrementar su endeudamiento. En el momento en que se produjo el giro copernicano en la política monetaria norteamericana, países como México se vieron ahogados por una deuda cuyos intereses se incrementaron bruscamente. Los beneficios obtenidos del cobro de intereses por las entidades financieras aumentaron sustancialmente en la década de los ochenta. Si las tasas reales de interés en EE UU llegaron a ser negativas a mediados de los años setenta, durante la década siguiente alcanzaron un pico del 9 % o más36.
Como señala Saskia Sassen37, el banco central de un país tiene una relación muy estrecha con los de los otros estados. Esos vínculos son más intensos que los que tiene con las instituciones del estado al que pertenece. Un buen ejemplo de ello es el Comité de Basilea, que reúne a representantes de los bancos centrales de los países más ricos del planeta. Este ente no es una organización internacional, sino una especie de foro en el que se reúnen las autoridades de supervisión bancaria de los estados con más peso en el sector financiero. El comité hace «recomendaciones» que no son jurídicamente obligatorias, pero que son «interiorizadas» por los estados a través de la vía de sus bancos centrales que actúan independientemente. De esa manera, los bancos centrales se convierten en reguladores de las finanzas globales prescindiendo de las exigencias de representatividad y transparencia propias de las organizaciones internacionales.
En el caso del Banco Central Europeo (BCE), el estatuto regulador consagra su independencia, así como el objetivo de contener la inflación como finalidad única de su actuación. El BCE no puede prestar dinero a los estados. Bajo la presidencia de Draghi la institución pudo sortear esta prohibición comprando bonos soberanos en los mercados secundarios para aliviar la deuda de los países más afectados por la crisis de la eurozona. Pero, recientemente, el Tribunal Constitucional alemán ha considerado inválida esta política abriendo
