relacionamiento, sí involucra importantes retos desde el punto de vista de la regulación aduanera y fiscal.
Este escrito tiene cuatro secciones, además de esta introducción. La siguiente sección presenta las maneras como las tecnologías disruptivas afectan los fines de la regulación y las políticas públicas. La que sigue muestra cómo las tecnologías disruptivas inciden y proveen nuevas herramientas en el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Después se presenta cada una de las contribuciones incluidas en este tomo y se muestra cómo cada una de estas contribuciones se encuadra en el marco propuesto en las dos secciones anteriores. Finalmente, se concluye.
I. LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y LOS FINES DE LA REGULACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Este estudio entiende la intervención del Estado en el mercado y la sociedad, y por tanto la regulación y las políticas públicas que son las formas en las que esa intervención toma forma, desde un punto de vista que trasciende la visión económica tradicional. De acuerdo con esta, la intervención del Estado se limita a la solución de las fallas del mercado, es decir aquellas situaciones en las que el mercado, por diversas razones, no provee el resultado más eficiente. Esto incluye la provisión de bienes públicos, en el sentido estrictamente económico; la adopción de mecanismos para mitigar o compensar los efectos de externalidades negativas, así como para promover acciones generadoras de externalidades positivas; la adopción de correctivos a acciones limitantes de la libre competencia económica, así como la mitigación de situaciones que involucren asimetrías de información y riesgo moral (Mankiw, 2017). Sin embargo, la literatura especializada, así como la operación del sistema político, muestran que es deseable (y así sucede en la realidad) que el Estado intervenga para el logro de objetivos que no se limitan a la solución de las fallas de mercado. Por ejemplo, Stone (2011) sugiere que los fines de las políticas públicas, además de la eficiencia, también incluyen la equidad, la seguridad y la libertad, fines con los que concuerdan, al menos parcialmente, otros autores (Weimer & Vining, 2017). Las tecnologías sobre las que versan los trabajos incluidos en este tomo tienen un gran potencial en la mejora de la eficiencia, pero también tienen el potencial de afectar la igualdad y privacidad de los ciudadanos, como pasaré a explicar.
1. EFICIENCIA
La motivación más frecuente para la promoción y adopción de nuevas tecnologías está relacionada con las mejoras en la productividad (Acemoglu & Restrepo, 2018; Aghion et al., 2017), las reducciones de costos que las nuevas tecnologías implican, o la generación de valor económico (White House, 2016). Es decir, hay un énfasis en aspectos relacionados con la eficiencia.
En el caso colombiano es claro que las políticas públicas y las iniciativas gubernamentales relacionadas con la transformación tecnológica están inspiradas en la idea de generación de valor. En el lanzamiento del Centro para la Cuarta Revolución Industrial ubicado en Medellín (Antioquia, Colombia), el Presidente de la República se refirió al efecto que podría tener la transformación tecnológica en el producto interno bruto y en la atracción de “grandes fondos de capital privado en tecnología” (Presidencia de la República, 2019). Por su parte, los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), específicamente el número 3920 que consagra la política nacional de explotación de datos (Big Data) y el 3975 que contiene la política nacional para la transformación digital e Inteligencia Artificial, incluyen dentro de sus objetivos de manera explícita la generación de valor. En el caso del Conpes 3920, el objetivo general de la política es “Aumentar el aprovechamiento de datos en Colombia, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor social y económico” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 69). En el caso del Conpes 3975, el objetivo general de la política es “Aumentar la generación de valor social y económico a través de la transformación digital del sector público y del sector privado, mediante la disminución de barreras, el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de condiciones habilitantes, para que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la 4RI” (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p. 38).
Más allá de las intenciones gubernamentales, lo cierto es que la generación de valor, la productividad, la reducción de costos, y en general, las mejoras en eficiencia sí son el principal resultado de estas tecnologías. Por ejemplo, la automatización de la industria genera mejoras en los tiempos de producción y reducciones de costos de producción (Acemoglu & Restrepo, 2018; Forum, 2018; Manyika et al., 2017). Mecanismos descentralizados basados en el blockchain facilitan el comercio internacional y se reflejan positivamente en el sector financiero, al tiempo que reducen algunos de los costos de transacción presentes en estas negociaciones, aunque en algunas situaciones menos complejas el costo de su implementación podría ser superior a los beneficios generados. La impresión 3D eventualmente permitiría reducir sustancialmente los costos de la manufactura y la industria. El uso de algoritmos para el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos en organizaciones públicas y privadas brinda la posibilidad de mejorar procesos de focalización y conocimiento del cliente, permite afinar las estrategias de mercado, identificar oportunidades de mejora en los procesos, entre otros, todo lo cual debería reflejarse en la generación de valor y reducción de costos de dichas organizaciones (Angulo, 2017; Brady, 2019; Thierer et al., 2017; Valle-Cruz et al., 2020; Wirtz et al., 2019).
Teniendo en cuenta estos beneficios potenciales de las nuevas tecnologías, el rol de los Estados debe ser el de promover el uso de estas aplicaciones de múltiples maneras. Esto puede ocurrir mediante la apropiación de estas tecnologías y el uso de ellas en el ejercicio de la Administración pública y la implementación de políticas, programas y proyectos estatales, la facilitación del uso de sus datos por parte del sector privado y la sociedad civil, el fomento de la generación de capacidades en los estudiantes, trabajadores y las empresas para el aprovechamiento de estas tecnologías, y el trabajo en conjunto con el sector privado para fomentar su uso y adaptar la regulación para permitir la experimentación y posterior uso generalizado de los avances que resulten exitosos. Además de las acciones contempladas en los Conpes 3920 y 3975 que cubren varios de los aspectos recién mencionados, un ejemplo de este tipo de iniciativas es el caso de la Superintendencia Financiera de Colombia y su iniciativa InnovaSFC, que incluye espacios en los que las entidades financieras y sus usuarios tienen la posibilidad de experimentar con productos que hacen uso de estas tecnologías1, para posteriormente realizar las modificaciones regulatorias que sean necesarias.
2. IGUALDAD
Para efectos de este estudio entenderé la igualdad según como este concepto ha sido enunciado en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13[2]. Esta noción hace referencia a la igualdad formal y material frente a la ley y las autoridades, y también al goce de derechos, libertades y oportunidades “sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Este es un punto de partida relativamente sencillo, y si bien no desconozco la existencia de debates alrededor del contenido de este enunciado, o en general alrededor de la definición misma de igualdad y desigualdad (Stone, 2011), esta definición permite abordar los riesgos principales de las tecnologías disruptivas dentro de una noción amplia de igualdad.
Encuentro dos potenciales impactos, negativos ambos, de las tecnologías disruptivas en la igualdad. El primero, y tal vez el más sencillo de observar, tiene que ver con la variación en las posibilidades de acceso de las personas a estas tecnologías. En otras palabras, no todas las personas tendrán la misma oportunidad de acceder a tecnologías como la impresión 3D o el blockchain, pues seguramente si el uso de las mismas aumenta, en todo caso persistirán algunas barreras de entrada (financieras y de conocimiento,
