resultados de manera expedita usando variaciones en las intervenciones que se implementen de forma aleatoria entre la población beneficiaria, como ocurre actualmente en el sector privado (Thomke, 2020).
A pesar de las ventajas que traen las nuevas tecnologías para la etapa de formulación y decisión del ciclo de las políticas públicas, no debe perderse de vista la posibilidad de que la selección de alternativas y decisión estén completamente dominadas por la disponibilidad de datos o las posibilidades de interacción en línea, dejando de lado otras fuentes de información valiosas y relevantes. Tampoco puede dejarse a un lado la pregunta sobre quiénes acceden y efectivamente participan en estos procesos de apoyo a la toma de decisiones facilitados por las nuevas tecnologías, y los gobiernos deben adoptar medidas preventivas para promover y facilitar la participación de grupos que no tengan acceso y no estén representados.
Estas tecnologías proveen al gobierno de nuevas herramientas e instrumentos para la implementación de sus acciones, así como para su monitoreo en tiempo real (Pencheva et al., 2020; Valle-Cruz et al., 2020; Vogl et al., s. f.). Un buen ejemplo de estas herramientas es el uso de mecanismos de reconocimiento facial para combatir el crimen en las ciudades, o en el sector defensa en general como lo muestran Orozco y sus coautores en el trabajo aquí incluido, así como el uso de modelos predictivos para prevenir la deserción de estudiantes, la ocurrencia de enfermedades o la evasión de impuestos (West & Allen, 2020).
El uso de estas herramientas en la implementación de políticas públicas debe tener presente los retos relacionados con la rendición de cuentas de los algoritmos que se usen en la implementación de iniciativas públicas o como herramientas de la Administración pública (Busuioc, 2020). También, deben abordarse discusiones sobre la representatividad de una “burocracia” crecientemente automatizada y las reacciones ciudadanas frente a la denominada “burocracia algorítmica”, así como el impacto que pueda tener en el proceso democrático (Miller & Keiser, 2020). Por supuesto, también se debe reflexionar sobre los aspectos éticos de la Inteligencia Artificial en sentido más general (Iphofen & Kritikos, 2019; Wirtz & Müller, 2019), que incluyen preguntas sobre los valores y decisiones que se priorizan en la implementación de tecnologías automatizadas.
Finalmente, las tecnologías disruptivas tendrán un impacto relevante en la evaluación de las políticas, programas y proyectos públicos. La alta y permanente disponibilidad de datos permite obtener información para la medición de indicadores de manera más completa y oportuna, e incluso realizar mediciones que antes eran impensables (P. ej. niveles de desarrollo e interconectividad usando imágenes satelitales) (Rogge et al., 2017; York & Bamberger, 2020). Además, sería posible incorporar aspectos de la evaluación en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, para hacer un monitoreo y evaluación basado en resultados en tiempo real durante todo el ciclo (Pencheva et al., 2020; Valle-Cruz et al., 2020). Como se mencionó, en el caso de intervenciones sencillas basadas en tecnologías de la información (P. ej. mensajes de texto, diseño de páginas Web y campañas informativas, entre otras) es posible medir su impacto casi en tiempo real usando técnicas experimentales (Thomke, 2020).
No obstante los beneficios e innovaciones que traen las nuevas tecnologías para la evaluación de la regulación y las políticas públicas, un aspecto a prevenir en la etapa de evaluación es la posibilidad de favorecer la realización de algunas evaluaciones y enfocarse en algunas preguntas, solamente en razón a la disponibilidad de datos o a la aplicación de un método (como el experimental), y sin tener en cuenta la relevancia, pertinencia y utilidad de las preguntas de evaluación. Así mismo, un enfoque basado primordialmente en los datos podría dar lugar a la realización de evaluaciones desprovistas de teorías que expliquen el cambio generado por los programas evaluados (Valle-Cruz et al., 2020).
La discusión anterior esboza las distintas maneras en que el ciclo de las políticas públicas se ve afectado por las tecnologías disruptivas. Aunque varias de esas maneras de afectación son positivas a la luz de la literatura, en particular porque tienden a generar ganancias en tiempo, reducción de costos y aumentar las posibilidades de escalabilidad de las intervenciones (Young et al., 2019), es importante recordar que, tal y como se discutió en la sección anterior, estas tecnologías generan inquietudes sobre la igualdad y la privacidad. Preguntas como quiénes tienen acceso a las tecnologías y participan proveyendo insumos para la toma de decisiones, quiénes son tenidos en cuenta en el cálculo de indicadores para el monitoreo y seguimiento de las políticas, qué tan representativa es una Administración pública automatizada, y cómo se mantiene la seguridad y privacidad de la información, son preguntas fundamentales al momento de aplicar estas nuevas herramientas en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas.
III. LOS TRABAJOS DE ESTE TOMO
Este volumen está dividido en tres secciones. La primera contiene trabajos que nos presentan un marco general de los retos que las tecnologías disruptivas imponen a la regulación y las políticas públicas. En la segunda se incluyen trabajos que contienen ejemplos y reflexiones sobre el uso de las tecnologías disruptivas por parte de la Administración pública y la sociedad civil en su interacción con el gobierno. Finalmente, en la tercera sección se incluyen los trabajos que abordan los retos de las tecnologías disruptivas para el Estado regulador (Alviar García & Lamprea, 2016).
A continuación, realizo una breve presentación de cada uno de los trabajos incluidos en este tomo, además de los comentarios que ya he realizado brevemente, indicando, en la medida de lo posible, cómo se enmarcan en los debates esbozados en las dos secciones anteriores, es decir, en los debates sobre los fines de la regulación y las políticas públicas, y sobre el uso de las tecnologías disruptivas en el ciclo de las políticas públicas.
1. MARCO GENERAL DE LOS RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA LA REGULACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Como mencioné, la primera parte del tomo contiene dos trabajos que nos muestran un panorama general sobre los retos que imponen las tecnologías disruptivas a la regulación y las políticas públicas. En el primero, Carolina Isaza y Aníbal Zárate realizan un estudio detallado de los retos que traen la Inteligencia Artificial y la disponibilidad y uso de grandes cantidades de datos para la Administración pública. Los autores argumentan que dichos retos son de dos tipos: como usuaria de estas tecnologías y como reguladora de estas tecnologías. En el primer grupo, resaltan los retos organizacionales para la adopción de las tecnologías al interior de la administración y la posibilidad de aumentar las desigualdades, así como el potencial y el desafío para que estas tecnologías promuevan valores democráticos. En el segundo grupo de retos, resaltan el desafío que representa para la administración la adopción de nuevas herramientas regulatorias que se adapten a estas tecnologías, e incluso el uso de las mismas para la actividad regulatoria. Los autores hacen énfasis en el rol que debe jugar la regulación para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la promoción del uso ético de las tecnologías.
Cualquier consideración sobre el uso o regulación de las tecnologías disruptivas por parte de la Administración pública deberá tener en cuenta que el acceso a tecnologías básicas como internet no es equitativo en Colombia. Si esto es así para herramientas básicas, es previsible que para herramientas más avanzadas (P. ej. blockchain, impresión 3D, internet de las cosas, etc.) el acceso y las posibilidades de aprovechamiento sean aún más dispares. Esta brecha digital es el tema del segundo trabajo incluido en esta parte del tomo, escrito por Luz Mónica Herrera Zapata y Laura Daniela González Rozo. Las autoras presentan un diagnóstico sobre la brecha digital, esto es, la brecha en el acceso a las tecnologías de la información, y las dimensiones, educativas, socioeconómicas y demográficas que explican esta brecha. Este diagnóstico ilustra uno de los desafíos que enfrenta el país para garantizar el acceso a esas tecnologías. Este estudio también argumenta sobre la importancia de promover la inclusión digital como un fin en sí mismo, pero además como un medio que facilitaría el logro de los objetivos de desarrollo
