otro lado, la implementación de unas “nuevas costumbres” de gobierno ha creado un sistema de control centrado en la prevención estatal, privada e individual del crimen. Esta aparición de nuevas instituciones y mecanismos para controlar el crimen se manifiesta a través de formas extremas de control —y autocontrol— y exclusión que son soportadas en la construcción de sujetos problemáticos que se supone deben ser eliminados de ciertos espacios para garantizar la seguridad, en una axiología específica sobre las acciones permitidas y prohibidas en los espacios públicos, en una vigilancia férrea de los lugares compartidos —públicos y privados—, en una reorganización de la economía urbana, en la creciente importancia del consumo de la ciudad como espacio y en el fortalecimiento de mecanismos administrativos de sanción. En este ámbito, en torno al parque como manifestación principal del espacio público se organizan una serie de medidas de gobierno —y autogobierno— que, aunque parecen ser menos punitivas que el uso del aparato carcelario, tienen una extensión e impacto mucho mayor en la vida cotidiana de los ciudadanos, pues no solo limitan una cantidad importante de derechos, sino que moldean las percepciones de estos sobre lo adecuado e inadecuado, y crean patrones de comportamiento que se soportan, ya no necesariamente en la fuerza, sino en la propia libertad de decisión de los individuos.
Para dar algo de sentido a las ideas anteriores, en el capítulo II muestro la forma en que la estructura administrativa de gobierno del crimen fue reorganizada en Colombia. En esta parte del texto estudio las relaciones entre la administración de la ciudad de Bogotá, el gobierno nacional y diferentes poderes y fenómenos transnacionales, que permitieron la consolidación de una institucionalidad de gobierno del crimen al nivel de la ciudad y la reorganización de los poderes/saberes dispuestos para fundamentar los poderes encargados de controlar el crimen. Así mismo muestro cómo, de la interacción entre las administraciones nacional y municipal, se derivó la creación de un modelo mixto para gobernar el crimen que busca construir herramientas de cooperación que faciliten la satisfacción de los objetivos de las diferentes escalas de gobierno que operan en el mismo espacio geográfico.
En el capítulo III me ocupo de analizar esta misma relación, pero con énfasis en el sistema penal, por ser este el principal referente del poder punitivo nacional. En el mismo, expongo la influencia transnacional sobre el sistema penal colombiano, los mecanismos de cooperación, los eventos de enfrentamiento entre los poderes locales y nacionales en materia punitiva, y la forma en que la capital del país logró construir una estructura de gobierno del crimen paralela a —pero aún apoyada en— el Estado central. También analizo las consecuencias que este modelo punitivo de gestión de la criminalidad ha tenido para las libertades de los ciudadanos.
En el capítulo IV me encargo de estudiar la manera en que las transformaciones documentadas en los capítulos II y III se materializan en la vida cotidiana a través de una distribución particular de los recursos de control del delito y la incorporación de mecanismos de autogobierno del crimen, lo cual es permitido a través de la construcción de una ética y estética del gobierno del crimen en la ciudad que hacen comprensible para los ciudadanos una información que, a nivel gubernamental, es tecnificada y compleja.
Por último, el capítulo V está pensado como una conclusión poco tradicional del texto. La decisión de no plantear unas conclusiones “ortodoxas”, entendidas estas como un simple balance de los hallazgos de la investigación, se debe a dos motivos: en primer lugar, que cada capítulo cuenta con un aparte de conclusiones en las cuales se sintetizan los hallazgos consignados en cada uno de ellos y, en segundo lugar, que la perspectiva asumida en el capítulo primero obliga a que, más que desenlaces, se muestre un análisis amplio derivado de la conjunción de las herramientas teóricas y metodológicas aplicadas y los hallazgos encontrados. Por ello, este capítulo se encarga de mostrar, a la vez, una interpretación sobre el gobierno del crimen en la ciudad de Bogotá, los retos que implica estudiarlo en las ciudades contemporáneas —especialmente aquellas del sur global que comparten características con la capital colombiana—, y las consecuencias que los hallazgos de la investigación —y el modelo analítico aplicado— tienen a la hora de diseñar estudios sobre la criminalidad.
1 Cuando se revisan las cifras de ingreso a la Universidad de los Andes se encuentra que entre los años 2007 y 2017 fueron admitidos más de 30 % de estudiantes cuyo lugar de residencia se encontraba fuera de Bogotá, la cifra más es baja 31 % (semestre 2009-1) y la más alta 49,8 % (semestre 2017-2), con promedios de 34,4 % —entre 2012 y 2017— y 32 % —entre 2009 y 2012—. En el semestre 2014-2, en el cual tuvo lugar la inducción de la que hablo, ingresaron 1.461 estudiantes nuevos (en pregrado), de los cuales 32 % provenían de lugares distintos a Bogotá (cfr. Universidad de los Andes, Boletín estadístico 2017 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2017]; Boletín estadístico 2014 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2014]; Boletín estadístico 2007 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2007]).
2 Este supuesto es ilustrativo, pero no puede pensarse como una prueba definitiva, pues ni vivir en Bogotá implica el conocimiento de todos los sectores de la ciudad, teniendo en cuenta la envergadura de la capital del país, ni ser de otro lugar del país implica desconocerla. Con todo, desde el punto de vista de la administración universitaria, que no puede preguntar individualmente por los conocimientos del sector, tiene sentido hacer una inducción sobre la geografía circundante a la universidad cuando se recibe una cantidad tan grande de estudiantes que provienen de afuera de Bogotá.
3 Según las cifras del año inmediatamente anterior a la inducción, la localidad de Santa Fe era la tercera con mayor cantidad de hurto a personas (delito que más preocupaba a la administración universitaria), con una tasa de 1.617 hurtos por cada 100.000 habitantes, superado solamente por las localidades de La Candelaria (también ubicada en el centro de la ciudad y limítrofe con la localidad de Santa Fe) con 2.363 y Chapinero con 1.800 (Cámara de Comercio de Bogotá, Observatorio de seguridad en Bogotá No 46: junio de 2014 [Bogotá: Cámara de Comercio, 2015], 37).
4 La idea de “sentido común” tiene que ver con la propuesta analítica de Berger y Luckmann para el conocimiento de la vida cotidiana. Según ellos, los individuos construyen recetas sobre cómo actuar en la vida cotidiana, lo que hace surgir ese sentido común (Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad [Buenos Aires: Amorrortu, 2012], 34-63). En materia de gobierno del crimen, un buen ejemplo de la forma en que la idea de sentido común ha sido utilizada aparece en los textos de Wilson: “El ciudadano promedio difícilmente necesita ser persuadido de que el crimen será cometido más frecuentemente si, en las mismas circunstancias, este reporta más ganancias comparado con otras formas de pasar el tiempo. De acuerdo con esto, el ciudadano promedio piensa que es obvio que la razón por la cual el crimen aumenta es porque se está haciendo más fácil escaparse de sus consecuencias. Bajo el mismo razonamiento, el ciudadano promedio piensa que una buena forma de reducir el crimen es hacer más costosas las consecuencias del crimen para el infractor (con penas más rápidas, más ciertas y más severas), o hacer que las alternativas al crimen sean más valiosas (aumentando la disponibilidad y el salario por hacer trabajos legítimos), o ambas cosas”. (Traducción libre del texto “The average citizen hardly need to be persuaded of the view that crime will be more frequently committed if, other things being equal, crime becomes more profitable compared to other ways of spending one’s time. Accordingly, the average citizen thinks it obvious that one major reason why crime has gone up is that people have discovered it is easier to get away with it; by the same token, the average citizen thinks a good way to reduce crime is to make the consequences of crime to the would-be offender more costly (by making penalties swifter, more certain, or more severe), or to make value alternatives to crime more attractive (by increasing the availability and pay of legitimate jobs), or both”) (James Wilson, “Penalties and opportunities”, en A reader on punishment, ed. por Antony Duff y David Garland [New York: Oxford University Press, 1995], 177). Esta visión estaría fundada en las teorías del control, cuyo soporte empírico suele basarse en supuestos poco fundamentados (Marcus Felson y Ronald V. Clarke, “Opportunity makes the thief”, Police Research Series 98 [1998]). Por su parte, Wilson no ofrece una explicación de por qué los ciudadanos piensan
